El Ayuntamiento de Madrid, que preside Ana Botella, está devolviendo a la Policía Municipal decenas de denuncias interpuestas por sus agentes por beber alcohol en la calle “porque no existen elementos de prueba concluyentes para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador”. El propio Inspector jefe de la Policía Municipal, Francisco Caletrio, ha enviado una instrucción que se lee en el pase de lista para que los agentes que sancionen aporten pruebas que permitan que esa multa se cobre y no sea anulada por los tribunales.
Los agentes imponen cada año multas a los ciudadanos que hacen botellón o a los empresarios que sirven alcohol en la calle. La sanción va desde los 500 a los 60.101 euros. Pero los tribunales están echando atrás gran parte de las mismas porque no queda acreditado que lo que se consume en la calle sea alcohol. No hay un aparato homologado, hasta la fecha, que confirme la naturaleza del líquido. En el año 2013, de un total de 15,2 millones de euros en multas sólo se lograron cobrar 3,4 millones de euros. El año 2012 se impusieron 44.700 sanciones y en 2013 un total de 40.000. Hasta el 1 de diciembre de este ejercicio había unas 38.000.
El Departamento de Servicios Administrativos de Madrid Salud del Ayuntamiento se ha dirigido a la Policía Municipal para devolverles boletines de sanción en los que creen que no hay pruebas suficientes y se perderán en caso de una reclamación. El jefe de la Policía recuerda que en el caso de los establecimientos es necesario, además de demostrar que lo que se consume es alcohol, “la intención subjetiva del denunciado de realizar la venta para su consumo exterior”.
La Ley Antibotellón olvidó el requisito de confirmar que lo que se consume es realmente alcohol y también de que es muy difícil analizar 40.000 muestras al mes
“Como signos externos que pueden comprobar la intencionalidad de vena de alcohol para su consumo en el exterior –indica la instrucción- se puede mencionar a modo de ejemplo: que un empleado entre y salga a retirar vasos, que atienda peticiones de clientes en la vía pública, que les cobre en el exterior, o que disponga de mesitas, taburetes, barriles u otros elementos no autorizados en licencia donde se sirvan bebidas”. Pide a los funcionarios que se identifique a los consumidores y reflejen cómo apreciaron la naturaleza alcohólica de la bebida indicando la marca y su contenido alcohólico.
Las razones del fracaso
Lo que ocurre con la Ley Antibotellón es que nació sin el necesario soporte técnico y en lo relativo a la ciudad de Madrid guarda relación con factores importantes: estadísticas y horas extraordinarias. La Ley aprobada en la Asamblea de Madrid nació coja. Además de olvidar el requisito de la prueba, es decir de confirmar que lo que se consume es realmente alcohol, se olvidó de que es muy difícil analizar 40.000 muestras al mes.
Vecinos y empresarios de locales de ocio presionaron y la Ley que sancionaba económicamente, pero que permitía cambiar esa pena por un servicio social que nadie cumplía, se modificó. Sólo incluyó la sanción económica.
El Ayuntamiento exigía aumentar el número de sanciones para presentar buenas estadísticas y se comenzó a reclutar funcionarios a base del pago de horas
Comenzaron a llegar el resultado de los primeros recursos judiciales y el Ayuntamiento los fue perdiendo. Los jueces decían que sin prueba de análisis no puede haber denuncia. No consideraban suficiente la presunción de veracidad del funcionario que, lógicamente, sólo puede certificar que se bebía, pero no qué bebía. Se dictaron instrucciones para evitar que los agentes pusieran en las actas "al parecer" y que incluso se significase el tipo de bebida por su color u olor. Pero el Ayuntamiento ha seguido perdiendo recursos judiciales.
Por otra parte, desde la Corporación se exigía a los agentes aumentar el número de sanciones para presentar buenas estadísticas. Como no se tenía suficiente número de policías se comenzó a reclutar funcionarios a base del pago de horas, miles de horas. Algunos especialistas en la materia llegaron a asegurar que sin horas extras no habría denuncias y calculan que el 95% de las multas proceden de días en los que los funcionarios hacen “servicios extraordinarios”.
“La Administración municipal lo sabe –añaden- y es consentidora del incumplimiento de la norma que establece que un mismo funcionario no puede realizar más de 80 horas al año… Pero sin ellas, no hay denuncias, sin denuncias no hay estadística y sin estadística, los jefes no cobran sus productividades, y el tapabocas a los vecinos y locales deja de existir... un sistema podrido”.
Cada vez que vecinos y empresarios protestan por la existencia de un botellón o consumo en la calle, las autoridades tiran de estadística y muestras las 40.000 multas millonarias que se han puesto en el último ejercicio.
