La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea (CE) investiga si las ayudas que recibió el Consorcio Valencia 2007, participado por el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, para la celebración de la Copa del América de Vela han sido una ayuda ilegal.
El ente que gestionó la competición y que actualmente gestiona la Marina de Valencia recibió del Instituto de Crédito Oficial (ICO) un préstamo con el aval público para pagar las infraestructuras para acoger la trigésima segunda edición de esta competición náutica y que, según ha adelantado este lunes el diario digital Valencia Plaza, es ahora motivo de la investigación abierta a España.
Fuentes del Consorcio han informado a EFE de que están preparando una respuesta, "coordinada desde la Administración General del Estado, concretamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación" ante la solicitud de información de Competencia de la CE "por unas presuntas ayudas al Consorcio Valencia 2007".
La investigación
El diario digital ha avanzado este lunes que la investigación se inició a principios de 2017 y que la Comisión Europea cuestiona que el Consorcio haya seguido recibiendo fondos públicos tras el final de la competición y ha solicitado información sobre sus actividades comerciales, la situación financiera, el estado del préstamo o el detalle de las obras que se financiaron, entre otra documentación.
Además, ha detallado que la CE destaca la existencia de "competidores y denunciantes potenciales" de la Marina y considera que la actividad comercial del Consorcio está "supeditada a la normativa comunitaria sobre ayudas estatales" y que los años siguientes a finalizar la competición, la entidad "sigue registrando pérdidas y recibiendo ayuda ilegal a través de aportaciones de capital en curso".
Según han explicado desde el Consorcio, las supuestas ayudas públicas a través del préstamo del ICO "se hicieron en condiciones de mercado para generar las infraestructuras necesarias para acoger un gran acontecimiento, la 32 Copa América, declarado de interés general".
Y la explotación económica posterior de las infraestructuras, han argumentado, "se hace en régimen de competencia y en ningún caso se puede considerar que hayan ayudas de Estado".
Las mismas fuentes han indicado que los precios de alquiler de amarres y de espacios para acontecimientos y empresas "se calculan con rigurosos informes financieros y en ningún caso son inferiores a los de otros espacios similares".
"La Marina de Valencia tiene un plan estratégico y financiero definido donde se apuesta claramente por la sostenibilidad económica de la entidad", han concluido.
