Parapetarse en Bruselas para tomar o no determinadas decisiones es una práctica que han ejercido con maestría los gobiernos europeos de distinto signo a lo largo de los años. La clave estriba en el número de veces que recurren a esta táctica con la que los funcionarios de la capital belga están acostumbrados a lidiar.
En el año que lleva en ejercicio, la Comisión Europea, guardiana de los tratados, ha salido a corregir y desmentir anuncios del Gobierno hasta en tres ocasiones, convirtiéndose en el contrapeso de la coalición. Primero fue por la reforma del Poder Judicial, más tarde por el IVA de las mascarillas y en último lugar por la modificación del delito de sedición.
Reforma del Poder Judicial
El ejecutivo comunitario saltó como un resorte cuando conoció la propuesta que registraron PSOE y Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ante el bloqueo ejercido por el Partido Popular para renovar este órgano, que lleva en funciones dos años, las formaciones del Gobierno propusieron cambiar la ley para que la elección de 12 de los 20 vocales fueran escogidos por mayoría absoluta de las Cámaras en lugar de dos tercios.
Este cambio de mayorías alarmó a la Comisión Europea, que salió rápidamente a mostrar su “preocupación”. Advirtió de que este gesto iba “en la mala dirección” y recordó que cualquier cambio que se lleve a cabo en este órgano, debe contar con el visto bueno de todos los actores relevantes, entre ellos la Comisión de Venecia o la oposición.
En el informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea que publicó en el mes de octubre, la Comisión Europea urgió a renovar el CGPJ pero al conocer las intenciones de Sánchez, dejó claro que la renovación no debía llevarse a cabo de esa manera porque, advirtió, existía riesgo de que la justicia española acabe siendo percibida como "vulnerable a la politización".
Muestra de la inquietud que desató es que, de manera excepcional, Bruselas se pronunció sobre un proyecto que todavía no estaba aprobado. Con este mensaje y con una llamada al ministerio de Asuntos Exteriores, presionó al Gobierno para que retirase esta polémica propuesta a la que, si bien no quiso comparar con las reformas que llevó a cabo Polonia, sí dejó claro que iba "en la mala dirección".
Tampoco le gustó la propuesta de reforma que presentaron el pasado miércoles con la que pretendían limitar las capacidades del Consejo cuando sus miembros estén en funciones. Insistió en que “se deben cumplir los estándares europeos” y avisaron de que seguirán muy de cerca la situación.
El IVA de las mascarillas
Ha sido el asunto más mediático por afectar directamente a la salud y al bolsillo del ciudadano. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno repitió que no podía rebajar el IVA de las mascarillas porque Bruselas no lo permitía.
La directiva europea impide reducir el tipo a este producto. Pero desde la pandemia, la Comisión Europea emitió hasta tres misivas en las que daba vía libre a los países para proceder a esta rebaja: en abril, mayo y noviembre. Aseguró que no sancionaría a quienes tomasen esta medida excepcional enmarcada en una crisis de emergencia sanitaria.
Los gobiernos de Francia, Italia o Portugal se apresuraron a rebajar el IVA y no fue hasta noviembre, cuando salieron a la luz dichos avisos y no pudo sostener el argumento, cuando el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero anunció la rebaja del 21% al 4%.
Delito de sedición
Los reveses que sufrió la justicia española con las euroórdenes cursadas al Reino Unido, Alemania y Bélgica contra los líderes independentistas huidos desataron debates de todo tipo, entre ellos, hasta qué punto el Código Penal español está en consonancia con los del resto de Europa.
En este contexto, y en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró a finales de noviembre que “Europa nos ha abierto los ojos” y explicó que, tras la sentencia del procés, recibieron señales que indicaban que algunos artículos “chirriaban”.
Obvió el ministro que en otros países del entorno existen delitos como el de “alta traición”, está penado con 10 años de prisión en el caso de Alemania y con hasta 30 en la vecina Francia para quienes atenten contra la integridad territorial.
Dándose por aludida, el gabinete de Justicia salió a desmentir que desde Bruselas se haya pedido cambio alguno y recordó que las reformas que se lleven a cabo en el Código Penal son competencia exclusiva de los Estados miembros.
Las correcciones de la Comisión Europea forman parte de su actividad diaria. Está acostumbrada a tratar con 27 gobiernos y con la compleja realidad que rodea a cada uno de ellos, especialmente en periodos electorales. Pero no por habitual relaja esta supervisión. Al revés. Con ella, pretende acabar con el mantra que se ha extendido entre las capitales de acusar a las instituciones europeas de los males que aquejan a la sociedad.
