El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, reiteró este jueves ante el Congreso su decisión de perseguir los bulos y las informaciones falsas en la red durante el estado de alarma. Las palabras del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en las que aseguró estar trabajando para limitar el clima contrario a la gestión de crisis del Gobierno y frenar un denominado 'estrés social', levantaron una tormenta política en medio del estado excepcional decretado por el coronavirus.
La estrategia le ha valido al Gobierno las críticas de la oposición, que acusa al Ejecutivo de estar atentando contra la libertad de expresión y de información, en un momento en el que el secretario de Estado de Comunicación sigue filtrando las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa de los técnicos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) plantea a los ciudadanos la pregunta de si debe mantenerse la "libertad total" de información sobre la pandemia o limitarla a "fuentes oficiales"; o la ministra de Educación Isabel Celáa dice que no se pueden aceptar "mensajes negativos falsos que van en contra de la integridad de las instituciones públicas".
Pero partidos como EH Bildu o Esquerra también se muestran contrariados por el rastreo de su actividad en las redes que refleja un informe interno de la Guardia Civil revelado por eldiario.es. ¿Hasta dónde afectan estas prácticas a la libertad de expresión? ¿Que cobertura legal tiene el Instituto Armado para desarrollar esta tarea? ¿Quién decide qué es un bulo? ¿Y dónde está la frontera entre la crítica legítima y la desinformación?
"En nuestro sistema no hay conceptos constitucionales de verdad o falsedad. La libertad de información presupone veracidad, es decir, buena fe y debida diligencia en la elaboración de la información. Un bulo no es libertad de información pero sí puede ser libertad de expresión. Los antivacunas, por ejemplo, ejercen la libertad de expresión", expone el catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera.
"Es importante recalcar que cuando hablamos de fake news, nos movemos en el campo de la libertad de información, no en el de expresión. Esto quiere decir, que nuestras opiniones no son susceptibles de ser catalogadas como falsas", añade Isabel Serrano Maíllo, profesora de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. "Las opiniones no son susceptibles de comprobación, con lo que su único límite es que sean de interés público y no sean injuriosas", añade.
¿Entonces pueden constituir un delito? "La libertad de expresión tiene límites y desde luego no ampara el insulto, la calumnia y tampoco el delito de odio, que protege a los grupos vulnerables. Pero el Gobierno o un partido político no son un grupo vulnerable y no cabe actuar por delito de odio en estos casos. Sí si hay injuria o calumnia", aclara Presno Linera.
Precisamente, Unidas Podemos ha registrado una querella ante la Fiscalía por injurias contra el Ejecutivo; un delito recogido en el artículo 504 del Código Penal y que la propia formación morada reclamó suprimir a través de una proposición de ley presentada el pasado 6 de marzo. "Lógicamente, las instituciones en un sistema democrático tienen que estar expuestas a la crítica de la ciudadanía", aseguraba el texto.
"La información inveraz no estaría cubierta por la libertad de expresión, pero eso no quiere decir que sea delito. Y si no es delito, no puede ser perseguida o investigada por la Policía", añade Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). "Cualquier utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer este tipo de investigación respecto a hechos que no son delito y que además son hechos que resultan incómodos para el poder es una actuación antidemocrática y abusiva por parte del Gobierno", añade.
¿Rastreo general de las redes?
En la misma línea apunta Presno Linera. "Creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben preocuparse de expresiones y afirmaciones que pudieran ser constitutivas de delitos, pero no me parece que deban ejercer funciones de policía general en las redes sociales", señala. "En el estado de alarma no hay más limitaciones a la libertad de expresión que las existentes en estados de normalidad", recuerda.
Otra cosa es la investigación de delitos como estafas cibernéticas aprovechando la pandemia, ofertas de falsos remedios para curar la Covid-19 o la manipulación de documentos oficiales. La Fiscalía General del Estado emitió hace unos días un informe en el que exponía una lista de posibles delitos en que se puede incurrir al fabricar o difundir noticias falsas. Desde las ya mencionadas injurias o calumnias, hasta delitos de estafa, contra la salud pública, de odio, intrusismo, revelación de secretos, contra la integridad moral, desórdenes públicos, contra los derechos de los consumidores y otros contra los mercados.
"Desde mi punto de vista, se podría incurrir en casi todos estos delitos de una u otra forma, salvo en el caso de la revelación de secretos. Si lo que cuentas es un bulo, una mentira, no estás revelando ningún secreto. Para violar un secreto, es necesario que lo que estés contando sea verdad", apunta Serrano Maíllo.
Dependiendo de si el delito es público o privado, la investigación se debe realizar a instancia de parte -es decir, tras la denuncia de un afectado- o se puede perseguir de oficio -en caso de un delito público, como uno contra la salud pública. "Si algo encaja con alguno de estos tipos penales, ahí sí cabe la investigación. Pero lo que no cabe es hacer una investigación general de todo lo que pueda entrar dentro de bulos o fake-news para ver si se puede ‘pescar’ algo. Es como si la Policía se pusiera a investigar a los ciudadanos por si acaso han cometido algún delito. Eso no es lo propio de la Policía de un Estado democrático. Puede investigarse a partir de que haya un indicio serio de que se ha cometido un delito", insiste Tamarit .
¿Reformar la ley?
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aseguró que su departamento se planteaba modificar "los instrumentos legales" en la lucha frente a los bulos para que aquellos que los difundan al menos "no se vayan de rositas". Los expertos consultados, en cambio, ven innecesario un cambio legislativo con el que coqueteó en su día el propio Partido Popular.
"Ahora mismo no se puede tocar la legislación frente a las fake-news. Eso exigiría una ley orgánica y un debate parlamentario sosegado", avisa Presno Linera. "Todos los delitos a los que se refiere la Fiscalía están tipificados en el Código Penal y el resto de posibles infracciones, civiles, por ejemplo, en sus normas correspondientes. Creo que nuestra legislación cubre ampliamente los casos a las que pueden afectar las fake-news", concluye la profesora Serrano Maíllo.
Aunque "en la práctica, en ocasiones anteriores, se han aprobado normas limitativas de estos derechos (como el Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, en el que se permite cerrar páginas web sin autorización judicial) esquivando este procedimiento", recuerda la profesora Serrano Maíllo.
Mientras tanto, el Gobierno oculta contratos de emergencia para comprar material sanitario, y las solicitudes al Portal de Transparencia que puede hacer cualquier ciudadano permanecen paralizadas.
