La denuncia por espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama Teixeira, al frente de macrocausas como la del Banco Popular o el caso Emperador contra Gao Ping, asume la denuncia presentada este mismo lunes por la Abogacía General del Estado en la Audiencia Nacional.
Precisamente el escrito recayó en este juzgado por estar este lunes en funciones de guardia. Su titular, no obstante, la envió al Juzgado Central de Instrucción Decano para que procediera a su reparto ya que las normas de este órgano estipulan que si los hechos que se denuncian no han ocurrido en el transcurso del periodo de la guardia de dicho juzgado o, al menos, de las 24 horas del viernes anterior, hay que derivarla a Decanato.
¿Competencia de la Audiencia Nacional?
El paso se formalizó este lunes y, un día después, se ha conocido que vuelve otra vez al Juzgado Central de Instrucción número 4, el cual tendrá que decidir ahora si los hechos que se relatan en el escrito de la Abogacía tienen carácter de delito y si la competencia para investigarlos es de la Audiencia Nacional. Para ello el magistrado dará pedirá informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre su posible admisión o no a trámite.
Este mismo lunes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, informó en una rueda de prensa convocada de urgencia a primera hora de la mañana que los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa habían sido infectados con el software israelí Pegasus. Según relato, el Ejecutivo tenía pleno conocimiento de que se había producido un "ataque externo" con el fin de espiarles entre mayo y junio del pasado año.
Informes del CNI
Al respecto explicó que habían tenido conocimiento de los hechos gracias a dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional del pasado 30 de abril y que lo habían puesto en conocimiento de la Justicia junto con la denuncia interpuesta por los servicios jurídicos del Estado. El escrito en cuestión entró este mismo lunes en la Audiencia Nacional, tal y como consta en un acuerdo firmado por el magistrado Calama Teixeira.
El mismo planteaba que este lunes se había presentado denuncia ante su juzgado, en funciones de guardia, en la que se manifestaba que mediante el análisis de los dispositivos móviles de Sánchez y Robles realizados por el CERT se había tenido conocimiento de que los mismo "fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus".
Fuentes de la Moncloa explicaron tras hacer pública la presentación de la denuncia que el volumen de información extraído del móvil del presidente en mayo del año pasado fue de 2,6 gigas en la primera intervención, y de 130 megas en la segunda. Al teléfono de la titular de Defensa, por su parte, se le extrajeron nueve megas ya en junio.
"Hemos comprobado de manera fehaciente que se han producido intervenciones en los terminales tanto del presidente como de la ministra de Defensa", expuso Bolaños, el cual calificó las intervenciones de "ilícitas y externas". "Informamos de unos hechos que están contrastados, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad", expuso en referencia a este espionaje que se ha hecho público coincidiendo con el 'Catalan Gate'.
