El exabogado de Podemos José Manuel Calvente ratificó el pasado jueves en la Audiencia Nacional su tesis de que el partido urdió un “montaje” judicial para beneficiarse políticamente de su condición de víctima de las cloacas policiales en el caso Dina. Durante más de tres horas, relató al juez su versión y denunció que la formación morada instrumentalizó en su beneficio a la exasistente del ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias: “Dina [Bousselham] hace lo que le dicen que tiene que hacer”.
“Dina no es cliente y Podemos le hace el trabajo. Se le considera una militante y como es una militante, Podemos decide lo que tiene que hacer esa chica. Si Podemos decide que esa chica amplía la denuncia, esa chica amplía la denuncia. No existe la libertad como cliente. Ella ha hecho lo que le han dicho que tiene que hacer”, le dijo al juez en su interrogatorio al que ha tenido acceso íntegro Vozpópuli.
El papel de Bousselham ha sido errático durante todo el proceso hasta el punto de declarar en veinte ocasiones ante el juez que el líder de Podemos le devolvió la tarjeta de su móvil robado en estado inservible para pocos días después mandar un escrito al Juzgado desdiciéndose con una versión nueva que exculpaba al vicepresidente del Gobierno de cualquier sospecha. "¡¿Qué me está contando?!", le llegó a espetar el magistrado en uno de sus interrogatorios.
Ikea de Alcorcón
Pero el ex letrado de Podemos se estaba remontando al verano de 2016 cuando el periódico Ok Diario empezó a publicar el contenido del móvil que le habían robado Bousselham a finales de 2015 en un Ikea de Alcorcón (Madrid). El partido apostó entonces por relacionar el robo del teléfono con esas informaciones en prensa que perjudicaban al partido. Podemos venía de sufrir otras campañas difamatorias como el informe Pisa o el presunto pago del régimen chavista. Noticia que partía de informes policiales que luego no tenían ningún recorrido en los tribunales.
Según relató Calvente, al principio los abogados del partido barajaron todo tipo de hipótesis, desde una cuestión de despecho hasta la participación del CNI. Pero al final los hechos siempre les conducían a una filtración interna. Se basaban en que lo que publicaba Ok Diario eran pantallazos de móvil. También que les parecía raro que, si el robo se produjo en noviembre de 2015, no se hubiese difundido el contenido del móvil de cara a las elecciones generales de diciembre de 2015.
Entonces ahí surgió un problema dentro del partido, siempre según la versión de Calvente. Si ampliaban la denuncia presentada por Dina tras el robo del móvil reconociendo que se había producido una filtración, había que incriminar como presuntos filtradores tanto a la propia Dina Bousselham como a todos los dirigentes del partido que estaban presentes en los chats de Telegram que se iban publicando. Todos podrían ser sospechosos en un momento de tensiones internas dentro del partido entre los fieles a Iglesias y los fieles a Iñigo Errejón.
Un "montaje"
Finalmente el partido apostó por lo que Clavente tacha de "montaje" para beneficiar al partido y en el que implica a Iglesias y a la dirección de Podemos: ampliar en los tribunales ordinarios la denuncia relacionando el robo con la publicación de su contenido en la prensa. Como adelantó Vozpópuli, esta estrategia recibió el rechazo de los tribunales ordinarios. Eso a pesar de que Dina Bousselham, asistida por los abogados del partido, presentó varios recursos. Para entonces, Pablo Iglesias ya tenía en su poder una copia de la tarjeta del teléfono de su exasistenta porque se la había dado hacía meses el responsable del Grupo Zeta, propietario de la revista Interviú. Pero eso se obvió en todos los recursos.
La situación cambia cuando en diciembre de 2018 la Policía se pone en contacto con Bousselham para informarle de que en el marco de la operación Tándem han encontrado en casa del excomisario Villarejo varios archivos procedentes de su teléfono móvil. El anuncio iba acompañado de un ofrecimiento de acciones judiciales a la exasistenta de Pablo Iglesias. Esto provocó de nuevo un debate en el partido, según Calvente, que cita reuniones y conversaciones con la exresponsable del Equipo Legal de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo.
Dijo que en un primer momento Iglesias se "acojonó" por miedo a que una personación implicase airear el contenido del teléfono. “Si Villarejo tiene cosas y van a salir, a saber el daño que puede hacer”, recordó que le dijeron. La segunda opción fue explotar mediáticamente el acoso de las cloacas policiales a Podemos. La tercera opción fue personarse en el caso para así retrasar en el Tribunal Supremo una más que probable derrota en el contencioso que enfrenta a Iglesias contra Ok Diario por publicar el cobro de dinero en Islas Granadinas que nunca se pudo probar.
"Han ocultado datos importantes"
Finalmente Podemos apostó por personar como perjudicada a Dina Bousselham y a Pablo Iglesias en contra de la opinión de Calvente, quien siempre defendió que “no hay caso”. Acudieron a declarar en marzo de 2019 a la Audiencia Nacional, pocas semanas antes de las elecciones generales del 28 de abril. "Cuando me entero del contenido de la declaración, veo que han mentido, no han dicho toda la verdad, han ocultado que las capturas las hizo Dina. Han ocultado datos importantes. Llamo y digo: ¿pero que está pasando aquí? Esto es una patraña. Y me confiesan: 'bueno, no seas tonto, ya sabes cómo funciona esto'", dijo el letrado en sus más de tres horas de testimonio.
Para entonces él ya había sido apartado de las gestiones judiciales de este caso, según explicó. Situó el problema en la discusión que mantuvo con su compañera, Marta Flor Núñez, quien decía haber tenido una reunión con los fiscales del caso y quería mandarles la ampliación de la denuncia que en su día presentó Podemos en los juzgados ordinarios. Calvente mostró su disconformidad y desde entonces llevaron el asunto “en secreto” la propia Marta Flor Núñez, otro abogado y los fiscales del caso. Esa relación está ahora bajo la investigación de la propia Fiscalía y fue motivo de varias de las preguntas formuladas por el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera.
Sin embargo, el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, tomó la palabra durante la declaración para asegurar que “de la actuación de la Fiscalía no se desprende ninguna complacencia ni connivencia con el partido político Podemos. Ahí están los escritos oponiéndonos a sus diligencias". Al referirse a la actuación de los dos fiscales del caso Tándem, Luzón concluyó: “Yo como fiscal jefe a lo que me remito es a la actuación procesal de los fiscales en este procedimiento. Una actuación, a juicio de la Fiscalía, impecable y en las antípodas de cualquier conspiración”.
Balón de oxígeno para Iglesias
La declaración de José Manuel Calvente se conoce el mismo día que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dejado heridas de muerte las sospechas en torno a Pablo Iglesias en el marco de esta pieza separada número 10 del caso Villarejo. Tres jueces han emitido un auto en el que dan la razón al recurso presentado por el vicepresidente y ordenan volver a considerarle perjudicado por las actividades del excomisario Villarejo.
Los magistrados destacan en su auto que “no hay pruebas” de la implicación de Pablo Iglesias en los hechos y por tanto se trata de “meras hipótesis”. No hallan indicios que evidencien que dañase la tarjeta con el fin de inutilizarla o que le ocultase a Dina Bousselham que la había recuperado meses antes de que saliese en la prensa. El juez apuntaba a que podría haber cometido un delito de daños informáticos y otro de revelación de secretos. Para investigarle, tendría que haber elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo debido a su condición de aforado.
El auto judicial ordena al juez a que deje de investigar por esa vía y se centre en las actividades de Villarejo, si bien cuando la Sala de lo Penal estudió el recurso de Iglesias todavía no se conocía la declaración de Calvente, que se convierte ahora en el único resquicio para seguir las pesquisas contra Iglesias, en todo caso por una presunta denuncia falsa. No obstante, el juez del caso, Manuel García Castellón no podrá seguir haciéndolo en la Audiencia Nacional, tal y como le exige la Sala. Tendrá que abandonar esas pesquisas o remitirlas al Tribunal Supremo con lo que tiene.
