La Fiscalía anticorrupción ha pedido al juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, que rechace investigar la querella que interpuso Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; su exasesora Dina Bousselham; la abogada Marta Flor Núñez; y el fiscal Ignacio Stampa, según confirman a Vozpópuli diferentes fuentes del procedimiento.
El fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que la querella de la formación que lidera Santiago Abascal alude a hechos que no tienen conexión con el denominado caso Dina, en el que se investiga si el clan policial de Villarejo robó el teléfono a la asistente de Iglesias para filtrar a los medios de comunicación los mensajes privados del líder de Podemos.
La interpretación de Luzón coincide con el criterio de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuyos magistrados han devuelto este miércoles a Iglesias la condición de perjudicado por las actividades presuntamente ilegales del excomisario Villarejo.
Sin conexión
En concreto, los magistrados destacan que los hechos acontecidos al margen de la actuación del excomisario, "al haberse presuntamente cometido fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas a esta las eventuales infracciones penales correspondientes, carecerían de la conexidad, requerida para el enjuiciamiento conjunto, por lo que deberían ser investigadas en otro juzgado distinto". La Sala concluye que no es en el caso Villarejo "donde procede investigar esos otros hechos".
En el escrito dirigido al juez Manuel García Castellón, el fiscal jefe de anticorrupción también pone de manifiesto que la querella de la formación de Abascal no debe ser admitida en la Audiencia Nacional porque Pablo Iglesias, como diputado en el Congreso y vicepresidente segundo del Gobierno, está aforado ante el Tribunal Supremo.
Seis delitos
Vox atribuye a los querellados seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que la letrada Marta Flor Núñez comenta informaciones que presuntamente había obtenido de un representante del ministerio público.
En concreto, la querella se presentó por los delitos de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.
