La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que, cuando decaiga el estado de alarma, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) podrá obligar a las comunidades autónomas a restringir la movilidad, a través de las llamadas acciones coordinadas y las órdenes ministeriales, si "hay una situación particular de incidencia", al tiempo que ha avisado de que ahora hay una "situación complicada" en Navarra, País Vasco y Madrid.
"Si el Consejo Interterritorial decide que hay alguna comunidad en una situación de particular incidencia, y ahora mismo tenemos Navarra, País Vasco y Madrid con una situación complicada, hay una acción jurídica, que se llama una acción coordinada [..] que el Tribunal Supremo ha dicho hay que cumplirla obligatoriamente en todo el territorio", ha defendido en una entrevista en Canal Sur.
A este respecto, ha asegurado que esto es así porque la Sala Tercera del Tribunal Supremo avaló recientemente, "con mucho atino jurídico", que las decisiones del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento en todo el territorio. Calvo se refería al auto del TS que en marzo rechazó un recursos de Vox que pedía medidas cautelares contra el cierre perimetral de Madrid en Semana Santa decretado por ese órgano, en el que están el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos de Salud.
"¿Alguien no ha reparado que este es un instrumento muy interesante, obligatorio, contundente y al mismos tiempo flexible para ir viendo a cada día, cada semana, cómo vamos evolucionando?", se ha preguntado Calvo, sobre el Consejo Interterritorial.
Por otra parte, en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita oficial en Valladolid, la vicepresidenta también ha defendido que gracias a la acción coordinada del Consejo Interterritorial, a la legislación sanitaria vigente y al aval de los tribunales, las comunidades podrán seguir tomando casi todas las medidas disponibles ahora para controlar la pandemia. Lo que no podrán hacer, ha reconocido, es confinar a los ciudadanos en sus casas, como ocurre con el toque de queda, ya eso sí necesita regularse a través del estado de alarma. Por lo tanto, ha reafirmado que esta limitación de la movilidad nocturna de los ciudadanos sí acabará el 9 de mayo.
El argumento de la 'número dos' del Gobierno sobre la capacidad que tendrá del Consejo Interterritorial cuando acabe el estado de alarma pone sobre la mesa la posibilidad de que este órgano pueda decidir mantener restringida la movilidad en algún territorio, --sin especificar el ámbito-- si así lo aprueban la mayoría de las comunidades, y sin que sea el propio gobierno autonómico quien lo proponga.
A finales de septiembre, sin que estuviera vigente el estado de alarma, el Gobierno ya trató de obligar al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso a confinar perimetralmente la capital y otros nueve grandes principales municipios por su alta incidencia, valiéndose de una orden ministerial de Sanidad.
Esa orden se basaba en una decisión adoptada por el Consejo Interterritorial por mayoría, en concreto, con el apoyo de 13 autonomías, aunque sin unanimidad, por el voto en contra de Madrid y otras comunidades. No obstante, el Gobierno de la Comunidad recurrió esa orden a los tribunales y logró que se tumbaran esas medidas por defecto de forma, lo que llevó al Ejecutivo central a decretar el 9 de octubre el estado de alarma solo en esta región, para obligarla a cerrar los municipios con mayor incidencia.
Preguntada en concreto en Valladolid sobre si el Consejo Interterritorial podrá decretar el cierre perimetral autonómico de las Comunidades, la vicepresidenta ha pedido no "adelantar debates". Eso sí, tampoco ha descartado esta opción. Lo que sí ha reafirmado es que todas las decisiones que adopte el CISNS "hay que cumplirlas", y que será este órgano el que vaya analizando las medidas necesarias en función de cómo vaya "evolucionando" la pandemia.
"Instrumento muy útil"
"Después de que el Tribunal Supremo dijera que son de obligado cumplimiento, creemos que ese es un instrumento muy útil para tomar decisiones importantes y de obligado cumplimiento en todo el territorio", ha enfatizado. A este respecto, ha señalado que todavía no se ha podido comprobar la capacidad que tienen estas acciones coordinadas, porque desde esa decisión del Supremo ahora han estado bajo el paraguas del estado de alarma. "Nunca hemos visto las acciones coordinadas operando en la realidad y qué capacidad tienen, pero ya lo ha dicho el Supremo", ha defendido.
"Ha dicho que cuando se deciden, hay que cumplirlas todos, por lo tanto, si el Consejo Interterritorial a cada día y cada semana, según vayamos evolucionando, van viendo circunstancias, se van a tomar decisiones que luego es obligatorio cumplirlas", ha insistido. Asimismo, ha remarcado que "esto es muy importante que haya ocurrido" porque ha demostrado que el Consejo Interterritorial "es un instrumento muy interesante" que ahora está disponible "para ir afrontando cómo va evolucionando la situación".
También ha insistido en que, "salvo" los confinamientos domiciliarios --lo que incluye el llamado toque de queda-- y, por consiguiente, la limitación de la libertad deambulatoria, "casi todo lo demás es posible". Por ejemplo, ha citado las limitaciones al número de participantes en reuniones o el perimetraje de municipios. "Salvo el confinamiento en nuestras casas, casi todo lo demás es posible con la legislación sanitaria vigente, con las acciones coordinadas y las órdenes ministeriales comunicadas, y con la capacidad de coordinación que hemos desarrollado en el Consejo Interterritorial", ha apostillado. "Nos van a dar una posibilidad importante", ha enfatizado.
En este sentido, ha defendido que no es necesario reformar la legislación porque debe seguir siendo necesario que exista un control judicial de las medidas que tomen las comunidades que puedan afectar a los derechos fundamentales. Y ha negado el embrollo judicial del que han alertado algunas comunidades y formaciones políticas cuando decaiga el estado de alarma, al afirmar que, hasta ahora, "en el 99% de los casos los tribunales han dado la razón a las decisiones de los ejecutivos autonómicos, salvo en algún asunto puntual".
"Los tribunales españoles son quienes tienen la llave de cierre de garantías de nuestros derechos. Atravesando una pandemia no se pueden delimitar las garantías de los derechos de un país, es peligroso hacerlo en estos momentos", ha advertido.
"Escenario distinto"
En todo caso, Calvo ha defendido que gracias a la vacunación, que cada vez prevén que sean más intensa, el escenario ahora es "distinto" al que había hace un año o medio año. "No nos sirven los parámetros de antes", ha apostillado. Además, ha criticado que los que ahora piden mantener el estado de alarma o un plan alternativo son, a su juicio, los que se negaban a extender esta herramienta hasta el 9 de mayo. "Tiene que haber una intención mucho más política sobre lo que el Gobierno plantea", ha criticado.
"Lo que hay que hacer ahora, como dijo el presidente Pedro Sánchez, es ir muy rápido a vacunar y proteger. El 9 de mayo no es que esté muy lejos pero tiene un tiempo por delante. Los debates por adelantado no sirve para nada", ha insistido, antes de pedir "lealtad" a todos para seguir luchando contra la pandemia.
