El juicio al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal comienza este miércoles en la Audiencia Provincial casi diez años después del inicio de la instrucción. El titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, ha sido el que definitivamente ha concluido la instrucción después de varios recursos y de que el caso pasara por manos de nueve jueces diferentes.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de la Unión de Consumidores (UCE) piden para Fabra 13 años de prisión por un delito continuado de tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y cuatro delitos de fraude fiscal por los que se solicita una multa de 1,98 millones de euros, además de una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.
En la causa, conocida como ‘caso Fabra’ o ‘caso Naranjax’, también están imputados la exesposa de Fabra, Amparo Fernández, el empresario que denunció a Fabra, Vicente Vilar, su exmujer Montserrat Vives y el exsenador del PP Miguel Prim.
Anticorrupción y la acusación particular acusan a Fabra de haber aprovechado su cargo público para mediar ante instituciones públicas para la obtención de licencias para los productos fitosanitarios que fabricaba la empresa Naranjax, propiedad de Vicente Vilar.
A cambio, según la acusación, Fabra habría cobrado de Vilar cantidades de dinero, habría ocultado a Hacienda ingresos de 1,9 millones de euros y su exesposa de 1,47 millones de euros.
Durante los años de instrucción, Carlos Fabra continuó al frente de la Diputación y del PP provincial de Castellón hasta que en julio de 2012 dejó su cargo en el Partido Popular, que había desempeñado durante 22 años. Un año antes había dejado la presidencia de la Diputación y manifestó hacerlo "tremendamente feliz" y sin "ninguna reserva mental" para irse, porque se fue cuando quiso, afirmó, y "con el respaldo" de sus compañeros "y de la gente".
Carlos Fabra siempre ha defendido su inocencia y ha criticado duramente las numerosas voces que han pedido su dimisión durante todos estos años.
Se mantuvo en su último cargo público como presidente de Aerocas, la sociedad promotora del aeropuerto de Castellón, participada por la Generalitat y por la Diputación de Castellón, hasta que se ordenó la apertura de juicio oral en marzo de este año. Actualmente es secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón.
El exlíder del PP será finalmente juzgado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, presidida por el magistrado Esteban Solaz, en una vista oral que se prolongará durante doce sesiones repartidas en el mes de octubre.
Hoy, mañana y el viernes está previsto que declaren los cinco acusados y durante las siguientes sesiones declararán en calidad de testigos y de peritos 70 personas. Más de 140 profesionales de 30 medios de comunicación, entre técnicos, periodistas, fotógrafos y cámaras, seguirán las sesiones del juicio.
