Nuevo giro en la causa abierta contra varios trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La declaración ante la jueza de una empleada del centro de investigación ha puesto el foco sobre el vínculo existente entre altos cargos del CNIO con algunas de las empresas adjudicatarias. Según ha podido saber Vozpópuli, los tres investigados por la adjudicación repetitiva de licitaciones a las mismas empresas también han declarado ante la titular del Juzgado Número 22 de Madrid.
La magistrada ha podido escuchar el testimonio de la empleada que denunció las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos siempre por debajo del límite para salir a concurso público, así como el de los administradores de algunas de las empresas situadas en el punto de mira. La denunciante, sobre cuya declaración Vox ha basado su querella por presunta prevaricación, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales en la contratación pública y malversación, ha ratificado su versión y ha señalado la relación personal que dos de los investigados mantenían con dos empleadas de una de las empresas contratadas por el centro.
La Presidenta del Comité de Empresa del CNIO ha confirmado la relación personal existente entre José Ramón Martínez Méndez, exdirector de personal y del departamento financiero, y la apodera de Gedosol. Según la querella presentada por el partido de Abascal, esta empresa incrementó de manera sustancial las licitaciones adjudicadas por el centro de investigación en cuestión de dos años, en la actualidad representa más del 30% de su contratación.
El administrador de la empresa ha confirmado lo ya expuesto en la querella respecto a la facturación de las compras. Según la denunciante, este trámite que debía correr a cargo de Gedosol era asumido por el CNIO que "a coste propio" gestionaba las compras de dicha empresa. Para justificar que era la asesoría externa quien se encargaba de la gestión, el CNIO envíaba las facturas para fuesen escaneadas posteriormente por Gedosol.
Emisión de facturas por parte del CNIO
Asimismo, la querella subraya que entre las personas encargadas de dicha transacción, por la que la empresa "reducía aparentemente gastos", se encontraba S.R.B, mujer de uno de los investigados. José Antonio Galindo, que actualmente continúa desarrollando funciones técnicas en el departamento de contabilidad, enviaba las facturas y estas eran validadas por su esposa como empleada de la asesoría externa.
Entre los contratos investigados por el juzgado de instrucción se encuentra, además, la licitación concedida a Alaos ITL SL, empresa que llevaba la contrata de Almacén y Esterilización. El partido de Abascal pone el foco en su escrito sobre la propiedad del almacén donde esta empresa realizaba sus actividades. Según la querella, esta empresa alquilaba el espacio a una entidad cuyo domicilio social donde se situaban, inicialmente, todas las empresas a nombre del Gerente del CNIO, José Luis Arroyo Muñoz, investigado en esta causa.
Según ha confirmado la administradora en sede judicial, el CNIO realizó una dotación de maquinaria a la empresa, puesta a disposición de la empresa que contrata para que pueda lavar y esterilizar los artículos de laboratorio del centro. Según matiza la administradora, la propiedad de la maquinaria sigue siendo del CNIO, mientras que las reparaciones y el mantenimiento corren a cargo del usuario de esa maquinaria, en este caso Alaos.
Con respecto al almacen, la testigo declara que los materiales situados en el local, propiedad del centro de investigación, y la empresa contratada se ocupa de la gestión, la distribución y el almacenaje de estos materiales.
Estas declaraciones, junto a la de los otros dos administradores de las empresas adjudicatarias, suponen un punto de inflexión en la causa recientemente reabierta por la Audiencia Provincial de Madrid, en cuyo auto ordenaba al juzgado madrileño practicar las diligencias acordadas durante la instrucción. En este caso tomar declaración a los tres investigados.
No se hicieron obras que justifiquen la adjudicación de dichos contratros
Entre las incógnitas a resolver en este caso será delimitar cuántos contratos se dieron por debajo del límite para salir a concurso público y la relació de dichas firmas con los investigados. En tercer lugar, la jueza instructora ha podido escuchar el testimonio uno de los responsables de ACU CERRAJEROS, una cerrajería con la que el CNIO ha firmado más contratos recurrentes.
El administrador ha puesto el foco las supuestas obras de remodelación adjudicadas por el CNIO. Al igual que denunciante, el administrador ha reconocido ante la jueza que "no hubo una gran remodelación en el CNIO en 2017 -2018", que justificara la ingente contratación en esas fechas. Vox denunció ante el juzgado madrileño que en este periodo de tiempo el CNIO triplicó el gasto registrados por otros centros bajo el título de gastos en suministros y servicios.
Una vez que la Presidenta del Comité de Empresa dio la voz de alarma sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de licitaciones, varias empresas rescindieron sus contratos con el CNIO. Dichos movimientos se redujeron significativamente, según detalla la querella, tras la información que la Directora Científica, la Dra. María Blasco había recibido por parte de dos trabajadoras.
Tras esto, en enero de 2019 se toma la decisión, aprobada por la Comisión Delegada, de que se informe y se presente al Comité de Empresa, las licitaciones antes de pasar por Comisión Delegada. En la querella, Vox denuncia que esto "produce casualmente un ahorro en licitaciones de un total de 5.144.365 euros y en licitaciones de mantenimiento de 3.700.000, con respecto al año 2018", lo que consideran "ilustrativo a tales efectos el gráfico de licitaciones del año 2009 al 2019".
