Los dos periodistas investigados por revelación de secretos en el Caso Dina han remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional en el que insisten en su inocencia y piden el archivo de la causa. Para ello se apoyan precisamente en uno de los argumentos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y su ex asistente Dina Bousselham, según los cuales, la formación morada era objeto de múltiples investigaciones de la Policía Nacional en el momento de los hechos investigados.
Esa denuncia sirve ahora al exdirector y al exredactor jefe de la extinta revista Interviú para defender su versión de que ellos le entregaron al comisario José Manuel Villarejo la información del móvil de Dina Bousselham en su condición de mando de la Policía Nacional. Alegan que fue a petición del mando y que dieron por hecho que existía un interés policial atendiendo a las informaciones que esos días -primera mitad de 2016- inundaban en la prensa sobre pesquisas que tenían como objetivo a Podemos.
En marzo de 2016 varios medios de comunicación publicaron el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre una presunta financiación ilegal de Podemos. El documento no tenía ni sello ni firma y no generó interés alguno ni en la Fiscalía ni en los tribunales. En mayo de ese año también fue la publicación de un presunto pago de 270.000 euros del régimen chavista a una cuenta de Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Islas Granadinas. El banco negó los hechos, que nunca se pudieron demostrar.
Iglesias demandó al medio que lo publicó y ya se han enfrentado en los tribunales con resultado favorable al periódico, de momento. En este pleito declaró como testigo el entonces director adjunto de la Policía, Eugenio Pino, para confirmar que aquel dato formaba parte de una investigación oficial de su departamento. La fuente fue un exfuncionario venezolano que acabó recibiendo la nacionalidad española. Las demandas de Iglesias en defensa de su honor todavía están pendientes de resolución en el Tribunal Supremo.
"Existía y era notoria"
La propia Dina Bousselham defendió en un escrito que existía “un encargo” del ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y su número dos, Eugenio Pino, “a fin de investigar a Iglesias”: “Entre las fechas en las que se roba el móvil (noviembre 2015) y la publicación en los medios de comunicación (julio 2016), inclusive con anterioridad, ya existía y era notoria una investigación de carácter policial, mejor dicho parapolicial sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos y al tiempo, una supuesta investigación sobre la persona de Pablo Iglesias (…).”.
A diferencia de los periodistas, tanto Bousselham como el ahora vicepresidente del Gobierno son partidarios de que se sigan investigando los hechos en la Audiencia Nacional. Iglesias solicita que se cite a declarar como testigos a Pino, y a un inspector de su confianza llamado José Ángel Fuentes Gago.
Los periodistas sostienen que “si entre noviembre de 2015 y julio de 2016 ‘existía y era notoria’ una investigación policial sobre Podemos y sobre Pablo Iglesias, lo que resulta procedente es acordar el inmediato sobreseimiento de las actuaciones”. “La existencia de dicha investigación corrobora que la entrega del pendrive al comisario Villarejo se hizo, previo requerimiento de este, en el ámbito y con la estricta finalidad de investigación policial”, añaden.
Los hechos se enmarcan en la pieza separada número 10 del caso Villarejo. Se investiga el robo del móvil en noviembre de 2015 de la que fuera asesora de Iglesias, Dina Bousselham, y el posterior uso de los datos que contenía la tarjeta SD del mismo, parte de los cuales fueron publicados por medios en julio de 2016.
El mes pasado, el juez Manuel García Castellón, elevó ante el Tribunal Supremo una exposición razonada en la que atribuía a Iglesias varios delitos derivados de su actuación en los hechos. Al mismo tiempo dio por concluida la investigación en su Juzgado con el procesamiento de los periodistas y Villarejo.
