Roberto Macías, extrabajador de UGT-Andalucía, destapó el caso de las presuntas facturas falsas con el que el sindicato podría haberse financiado durante años de manera irregular a través subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a la formación de parados y trabajadores. Mientras la antigua cúpula del sindicato aún está a la espera de juicio, Macías se ha convertido en el primer condenado del caso; dos años de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La sentencia dictada por la jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla le impone esta pena por "filtrar" a varios medios de comunicación “información reservada y sensible” sobre la presunta trama ilegal en 2013. Macías -que evitará su ingreso en prisión por falta de antecedentes- trabajaba desde 2008 como administrativo del denominado departamento de Compras del sindicato. Según los hechos probados, guardó durante horario de trabajo en una memoria USB miles de archivos extraídos del servidor del sindicato, que posteriormente almacenó en el ordenador personal de su domicilio y que fueron apareciendo en la prensa tras ser despedido.
"Sabía que era una información sensible de la organización, pero tuve miedo de acudir a los cauces normales, porque es público que no hay una independencia judicial y que, en este caso, hablamos de una íntima relación del PSOE con UGT. Tenía miedo de sufrir represalias y de que esa información se pudiese destruir o manipular. Por eso me vi obligado a elegir a los medios para entregarla", expone en conversación con Vozpópuli.
"No era la vía correcta"
La sentencia contra la que prepara un recurso señala que "en ningún momento se ha servido de los canales de denuncia que se prevén" por parte de las instituciones. "Sabía que no era la vía correcta, pero preferí el sacrificio, porque entiendo que debe primar más el interés general que una acusación formulada contra una persona por revelar estos secretos. Es fuerte que se utilicen los tecnicismos legales para amparar conductas indecentes", esgrime Macías.
Asegura haber recibido el fallo como "una gran decepción", pues tenía la "esperanza" de que se aplicase la reciente directiva europea UE 1937/2019-A que establece canales protegidos de denuncias y prohíbe cualquier represalia contra quienes decidan sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.
Sin embargo, el texto comunitario aún no ha sido traspuesto al ordenamiento jurídico español. La jueza reconoce que esta norma "prevé unos concretos canales de denuncia dentro de propia entidad o ante las autoridades competentes", es decir que "busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por canales internos o externos".
Si no lo hubiese denunciado, dice, las presuntas prácticas irregulares habrían continuado "a perpetuidad sin ningún problema"
Macías dice no estar arrepentido de haber denunciado aunque asegura que le parece "una situación esperpéntica, un absurdo y una aberración judicial que condenen al alertador del caso antes que a la cúpula". Si no lo hubiese hecho, dice, las presuntas prácticas irregulares habrían continuado "a perpetuidad sin ningún problema". "Cuando yo lo dejé en 2012, el sistema funcionaba perfectamente y, lo que es más grave, que se fue perfeccionando con el tiempo con una sensación de impunidad dentro del sindicato", remata.
Macías pide una ley anticorrupción que garantice y proteja lo que ve como una "figura esencial en un estado democrático". "La primera voz de alerta que puede realizar una persona es fundamental para prevenir y luchar contra el fraude", concluye. Por eso, reclama que los poderes públicos "se vuelquen en la protección del alertador" y solicita al Gobierno que incluya como una prioridad en su agenda la transposición de la directiva.
Así lo han pedido también veinte denunciantes de corrupción y diez asociaciones. "Lo que se tiene que perseguir es el fraude y la corrupción y nunca reprimir la denuncia. Si reprimimos la denuncia, lo que estamos provocando es el efecto contrario; que las personas tengan miedo a denunciar. Estamos lanzando una señal de amedrentamiento social", concluye.
