La Audiencia Nacional investiga la presunta campaña de desprestigio del Banco Popular. Aquella que presuntamente se orquestó en 2017 y que, según detalla el escrito de ordenación de querellas presentado por el ministerio público, incluía "noticias que contenían datos o información falsa para hacer caer el valor de la cotización de sus acciones y obtener así importantes beneficios". Fuentes cercanas a la investigación han asegurado a Vozpópuli que la Fiscalía anticorrupción intenta ahora desvelar si el expresidente de la entidad Emilio Saracho encabezó la campaña que habría acelerado la quiebra del banco.
Saracho ha sido citado a las 09.00 horas por el juez José Luis Calama Teixeira, a cargo de la instrucción del caso Popular. Es la primera vez que el banquero declara en sede judicial, pero según prometió en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados su "verdad" va a "ser la misma".
"Todo lo que hicimos fue lidiar con esa crisis galopante de la mejor manera que pudimos", llegó a decir Saracho en la Cámara baja en julio de 2018. En aquella ocasión responsabilizó a su antecesor en el cargo, Ángel Ron, de la situación e hizo hincapié en que el solo podía "dar cuentas" de sus 108 días. Ahora, tendrá que aportar pruebas de sus acusaciones si quiere convencer al juez instructor y al fiscal de que no ha cometido hecho que pudieran ser constitutivos de un delito de manipulación del mercado.
Desde la acusación particular ejercida por Asufin se muestran optimistas ante los interrogatorios a los exdirectivos de la entidad. "Sus respectivos abogados tendrán que poner encima de la mesa documentación. Y luego, en los interrogatorios, no es lo mismo que te interrogue un diputado que -en el caso de Saracho- el abogado de Ron", señala a Vozpópuli Patricia Suárez.
Fuentes jurídicas recuerdan, sin embargo, que los banqueros tienen permitido mentir en sede judicial al estar citados en calidad de imputados. En este sentido, consideran que las declaraciones de los peritos ofrecerán más certezas sobre lo que sucedió en los últimos meses del Popular.
La ampliación de capital
Las mismas fuentes aseguran que aunque Saracho no estuvo al frente del Popular cuando se gestionó la ampliación de capital de 2.500 millones de 2016, podría haber tenido conocimiento de las cuentas cuando asumió el cargo. De ahí que no se descarte la posibilidad de que también se le pregunte por esta operación.
El ministerio público, en su escrito de ordenación de querellas, considera probado que el Popular proporcionó a sus potenciales inversores "folletos de inversión e información de sus estados contables y financieros que no reflejaban la verdadera situación económica de la entidad". Y cree que de haber reflejado la "imagen fiel" del banco, no se habría efectuado la inversión en los términos y condiciones que se dieron.
Por estos hechos, el juez Calama acordó la imputación del Banco Popular, sus consejeros, PwC y el socio auditor Pedro Barrio Luis. La Fiscalía les acusa por los presuntos delitos de falsedad contable y de estafa de inversores.
Saracho es el primero de los exdirectivos del Popular que declara en sede judicial por esta causa. En la lista destacan su antecesor Ángel Ron, el ex consejero delegado Francisco Gómez; y el exvicepresidente Roberto Higuera.
