Las actividades del excomisario José Manuel Villarejo acechan ya a las distintas cúpulas de la Policía Nacional desde 1993 hasta 2016. Ese periodo abarca los sucesivos Ministerios del Interior bajo los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La Fiscalía está dispuesta a auditar casi un cuarto de siglo en el Cuerpo a través del interrogatorio a los jefes aún con vida que tuvo el polémico mando.
Los investigadores quieren que expliquen ante el juez lo que sabían de las actividades de su subordinado y hasta dónde llegó su consentimiento para que compaginara su función como policía y sus negocios privados bajo investigación. Con este movimiento, el Ministerio Público busca detonar el principal argumento de defensa de Villarejo: no hizo nada ilegal porque sus superiores sabían y toleraban sus trabajos.
La versión del policía encarcelado desde 2017 es que él se acogió a una excedencia que duró diez años. En ese tiempo levantó un conglomerado de empresas que le proporcionaban grandes ingresos. Siempre según su versión, fue la Policía la que en 1993 le convenció para regresar al Cuerpo en calidad de agente encubierto, sin funciones específicas ni cargo concreto dentro de la estructura. La condición que pactaron es que le dejasen mantener sus empresas. A cambio, la institución podría usarlas en operaciones sensibles contra el crimen organizado, la corrupción o el yihadismo.
Un favor de ida y vuelta
Poco después del arresto de Villarejo, su anterior abogado, Ernesto Díaz-Bastién, convenció a los tres máximos responsables de la Policía desde 1993 que permanecen vivos para que enviasen sendos escritos a la Audiencia Nacional refrendando la versión de su exsubordinado. Eso fue antes de que el análisis de la cantidad ingente de información incautada al clan Villarejo aflorase la mayoría de corruptelas del caso.
Se trata de los directores adjuntos operativos de la Policía, Agustín Linares (1987-1994), Pedro Díaz-Pintado (1996-2004) y Eugenio Pino (2011-2016). En esa terna faltan los fallecidos Miguel Ángel Alonso de la Fuente (1994-1996) y Miguel Ángel Fernández Chico (2004-2011). Ellos eran los máximos responsables uniformados del Cuerpo. La última frontera entre los operativos y los políticos que les designaban por criterios de confianza. Ahora los tres que le hicieron el favor a Villarejo enviando aquellas cartas se han situado en una posición comprometida ante la Justicia.
La Fiscalía tiene una visión distinta sobre las actividades de Villarejo, mucho menos comprometidas con la seguridad del Estado de lo que él defiende. Le acusan de haber llegado a crear un clan policial mafioso que infectó la Policía. Según las pesquisas, se valía de sus contactos en el Cuerpo para acceder a datos confidenciales que luego incluía en sus investigaciones como detective privado para clientes adinerados que le reportaban importantes beneficios económicos. Desde la familia propietaria de La Finca hasta un despacho de abogados pasando por el BBVA le encargaron trabajos remunerados.
Sin autorización de compatibilidad
El Ministerio Público cuenta a su favor con un informe elaborado por un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública del 2 de junio de 2017. Tal y como se recuerda en el escrito que pide la declaración de los mandos, Villarejo no solicitó autorización de compatibilidad alguna para actividades privadas cuando regresó a la Policía.
La mayoría de los trabajos bajo el foco de los investigadores son de la época en la que estaba en activo. Villarejo se jubiló en 2016. Según consta en los audios de sus reuniones que él mismo grababa, presentaba su condición de comisario y sus contactos en el Cuerpo y otras instituciones públicas como valor añadido ante sus clientes. Sus exjefes deberán aclarar ahora si sabían estas cuestiones en caso de que sean citados finalmente por el juez Manuel García Castellón.
Entre las actividades de las que se acusa a Villarejo se incluyen las gestiones para proteger a un empresario naviero reclamado por Guatemala por corrupción. Por estos trabajos, el comisario pactó una compensación de diez millones de euros. Si los exresponsables policiales confirmasen que toleraron estos trabajos, tendrán problemas. Si no lo hacen, Villarejo se quedará sin uno de sus principales argumentos de defensa.
Dos testigos y un investigado
Para Agustín Linares y Pedro Díaz-Pintado la Fiscalía pide que se les cite en calidad de testigos, es decir, tendrán que contestar con la verdad a todas las preguntas que se les formulen. Para Eugenio Pino, en cambio, piden que se le cite como investigado dado que ya está imputado en la pieza separada Kitchen, donde se indaga el uso de fondos reservados para pagar al chófer del extesorero del PP, Luis Bárcenas, a cambio de robarle información comprometedora para el Gobierno de Mariano Rajoy.
Vozpópuli tuvo acceso a documentos mecanografiados por el propio Villarejo en la década de los noventa en los que explica los términos en los que regresó a la Policía y la cercanía que tenía con Linares, algo así como su primer padrino en los despachos de poder: “Desde hace bastantes años y por tener un gran nivel de confianza con el subdirector general de Operaciones, Agustín Linares, incrementé estas relaciones con el Ministerio del Interior con actividades solicitadas que en muy escasas ocasiones fueron retribuidas”.
El propio Linares aparece en situación comprometida en alguno de los audios incautados al excomisario. En uno de ellos a los que ha tenido acceso este periódico se escucha a Villarejo pedirle datos confidenciales al comisario Enrique García Castaño, otro de los principales investigados en el caso. Quería datos de decenas de miles de ciudadanos rumanos. Decía que eran para Linares por un negocio de construcción de casas en Rumanía en el que se había embarcado un amigo de su exjefe.
Los encargos de Linares y Díaz-Pintado
Preguntado al respecto, Linares reconoce que es él de quien hablan en estas conversaciones, pero niega haber tratado nunca con Villarejo este asunto. Eso a pesar de que en las grabaciones se comentan aspectos de la vida privada de Linares que él mismo ha reconocido como ciertos. Uno de ellos es que iba a Rumanía porque allí trabajaba su mujer. También reconoce que tuvo relación con un empresario español que se embarcó en un proyecto de construcción.
Díaz-Pintado es otro de los afectados por la fonoteca de Villarejo. Recurrió al polémico mando un año después de dejar el Cuerpo tras los atentados del 11-M. Según el polémico mando ahora en prisión, su exjefe le pagó entre 100.000 y 150.000 euros por hacer una de sus investigaciones privadas al margen del control judicial y en paralelo a su actividad como funcionario en activo.
Consultado por este periódico y tras mostrar reparos para hablar de este asunto por teléfono, Díaz-Pintado reconoció que le encargó a la sociedad de Villarejo, Cenyt, una investigación por unos correos anónimos amenazantes que estaba recibiendo la empresa privada para la que empezó a trabajar tras dejar la Policía.
De la relación entre Villarejo y Eugenio Pino hay evidencias más recientes. Fue su último protector en el Cuerpo al que acogió en la Dirección Adjunta Operativa y le encargó los trabajos más comprometidos como la operación Cataluña. Todo ello bajo el paraguas del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En esa época, año 2015, la Policía Nacional inició una información reservada sobre los negocios del todavía comisario después de que el diario El País desvelara que contaba con una docena de negocios con un capital de 16 millones de euros.
La investigación en falso de Fernández Díaz
Fernández Díaz salió rápidamente en su defensa y puso en valor los servicios prestados del comisario. Las pesquisas sobre el entramado empresarial de Villarejo corrieron a cargo de Pino, que a su vez asignó a uno de sus hombres de confianza, José Ángel Fuentes Gago. La información reservada se cerró en cuestión de días zanjando que no apreciaba ningún motivo de incompatibilidad.
Precisamente a estas conclusiones empiezan a aferrarse otros investigados en el caso Villarejo. Alegaban que si la propia Policía no apreció motivos para investigar no se les puede acusar de haber cometido ilegalidades al contratarle. La Fiscalía pretender que las declaraciones de Linares, Díaz-Pintado y Pino, tapone esa estrategia.
