El peregrinar judicial de las dos ingenieras despedidas por el Ministerio de Agricultura tras denunciar los 'pufos' en la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA (Acuamed) aún no ha terminado. El departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina va a recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid la sentencia que le condena a readmitir e indemnizar con 90.000 euros a una de ellas, Gracia Ballesteros, después de que la Justicia estimase nulo su despido y considerase que se le causó un "daño moral de especial gravedad". La decisión de Agricultura se produce el mismo día que ha trascendido que el anterior titular de la cartera, Miguel Arias Cañete, respaldó supuestamente al principal implicado en la trama, el director general Arcadio Mateo, en una de las operaciones investigadas por el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Todo ello, además, en plena polémica por la vuelta a trabajo en la sociedad estatal de tres de los presuntos cabecillas de la trama que fueron enviados a prisión y que abandonaron recientemente ésta tras depositar elevadas fianzas, lo que ha llevado al juez Velasco a pedir explicaciones al Ministerio por temor a que se puedan destruir pruebas. Fuentes oficiales del Ministerio declinaron explicar los motivos de dicha decisión pese a los reiterados requerimientos realizados por Vozpópuli durante todo el día a través de llamadas de teléfono y correo electrónico.
El Ministerio ha decidido recurrir el fallo pese a la contundencia de éste, que consideraba probado que la trabajadora fue despedida como represalia
El recurso se produce, además, pese a la contundencia del fallo, que consideró probado que esta trabajadora fue despedida en julio del año pasado "a consecuencia de su negativa a la realización de actuaciones irregulares en la empresa" que, según destaca el magistrado, están siendo corroboradas por la investigación de su colega Eloy Velasco. De hecho, el titular del Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, Antonio Cervera, destacaba en el mismo el peso que había tenido en su decisión la investigación de la Guardia Civil que terminó llevando el pasado mes de enero a prisión a cuatro altos cargos de la compañía acusados de varios delitos, entre ellos el de organización criminal, por el supuesto amaño de media docena de contratos millonarios. El fallo del magistrado de lo Social recalcaba que el auto que dictó su colega de la Audiencia Nacional para encarcelarlos ya aludía a la existencia de "presiones para imponer en Acuamed procederes irregulares, con actuaciones perjudiciales (destituciones y remociones de sus cargos) para el personal probo que no se prestaba a esos manejos" en clara referencia a Gracia Ballesteros y otros dos compañeros.
El juez también resaltaba que el escrito de su colega daba también plena validez a las palabras de uno de los testigos que compareció en la vista celebrada el pasado 1 de abril por el despido, el también represaliado Francisco Valiente, el alto cargo de Acuamed que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción las graves irregularidades y que también por ello fue despedido. Según recogía el fallo, de su testimonio se desprendía que su compañera y él "se negaron a realizar una modificación que no procedía en la obra [de limpieza del pantano tarraconense] de Flix, a fin de proceder a un pago a un tercero [la empresa FCC] que no era correcto". A partir de ese momento, añadía la sentencia, la situación de ambos en la empresa "se tornó más difícil, al punto de que fueron veladamente amenazados de despido". En este sentido, el juez consideraba veraz que, como aseguró Francisco Valiente, el director general de la sociedad estatal, Arcadio Mateo del Puerto, principal cabecilla de la trama, les espetase a ambos: "Van a caer dos pájaros por uno".
"Por negarse a realizar actuaciones irregulares"
Por todo ello, el juez concluía que Gracia Ballesteros y su compañero Francisco Valiente "se negaron a realizar actuaciones irregulares tras el verano de 2013" por lo que el segundo "fue cesado unos meses después" para poco más tarde ser ella "removida de sus responsabilidades y colocada durante un largo periodo en tareas sin especial relevancia, siendo despedida a la postre tras denunciar ante la Fiscalía y haber interpuesto una demanda contra la empresa que aún no estaba resuelta". Como responsables directos de estas represalias, el juez citaba expresamente a Arcadio Mateo, el director general encarcelado, y a su número 2 en la trama, Gabriela Mañueco Pfeiffer, en libertad bajo fianza desde el pasado 29 de abril. De hecho, señala a esta última como la persona que mantuvo deliberadamente a la ingeniera "sin ocupación relevante, lo que se puede calificar como una actuación lesiva para la misma e inaceptable en derecho".
Por todo ello, el juez consideraba que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura no sólo debía readmitir a la demandante y pagarle los salarios desde su despedido a finales de julio del año pasado hasta hoy, sino también indemnizarla con 90.000 euros al entender que su salida de la empresa se sustentó en un informe de cuestionable "valor probatorio" ya que una de las personas que lo firmaba era Francisco Javier López Pastor, uno de los implicados en la trama a los que el juez Velasco envió a prisión. De hecho, consideraba que el contenido de dicho documento, una auditoria interna, no sólo había podido comprometer el "prestigio profesional" de la despedida, sino también causarle "un sufrimiento psicológico". Un hecho que estimaba de "especial gravedad" ya que se ha producido en "una empresa pública, en la que el deber de actuación conforme a Derecho ha de regir con especial intensidad". Un detalle, este último, que consideraba que "no se puede pasar por alto".
