Mientras la polvareda política continúa en torno al supuesto fraude en los cursos para parados de la Junta de Andalucía, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sigue avanzando en la investigación de la 'Operación Edu'. Los responsables de las pesquisas han hecho llegar al fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, el mismo del 'caso Malaya', nuevos informes que elevan de manera considerable la cantidad del dinero público presuntamente desviado en esta estafa sacada a la luz por Vozpópuli el pasado 11 de abril. De los 1,5 millones de euros detectados en un primer momento, los agentes han pasado ahora a cerca de 8 millones. Y ello cuando las pesquisas se centran aún de manera exclusiva en la provincia de Málaga y en las 17 empresas que impartieron los primeros cursos fraudulentos detectados.
La Policía ha detectado la existencia de empresas 'cazasubvenciones' creadas de modo simultáneo en varias provincias andaluzas para optar a adjudicaciones y luego desaparecer
Así lo han confirmado a Vozpópuli fuentes jurídicas, que insisten en que las pesquisas, que duran ya un año, se encuentran aún en su fase inicial y sin judicializar. No obstante, la Fiscalía tiene sobre su mesa desde hace semanas varios detallados informes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF en los que se destapan los mecanismos utilizados presuntamente para defraudar el dinero de los cursos de formación por 17 de las 20 empresas que recibieron subvenciones en la resolución del 15 de diciembre de 2010 de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ha sido la primera adjudicación analizado en profundidad. En estos análisis policiales también se detalla las complejas relaciones societarias de algunas de estas mercantiles e, incluso, la existencia de compañias ya bautizadas como 'cazasubvenciones', ya que presuntamente eran creadas de modo simultáneo en varias provincias a través de la misma notaría con el único objetivo de conseguir múltiples adjudicaciones para impartir estas enseñanzas a desempleados y, una vez logradas, desaparecer.
Con estos primeros datos, los agentes han dedicado las últimas semanas a comprobar si estas mismas empresas optaron a ayudas similares del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) durante el periodo al que se pretende ampliar la investigación, el que va de 2009 a 2012 (en este último ya no hubo convocatoria, pero sí que se pagaron los del año anterior). Los ejercicios anteriores no se han analizado al considerar los investigadores que los posibles delitos cometidos estarían ya prescritos. El objetivo: comprobar si también en estos años estas sociedades cometieron supuestamente irregularidades similares. Las primneras pesquisas en esta dirección parecen confirmar las sospechas. Gran parte de las compañías lograron otras adjudicaciones, algunas de ellas varias en el mismo año, y en todas ellas aparentemente se repitieron los patrones delictivos de diciembre de 2010: listados con alumnos ficticios, incumplimiento de colocación del 60% de los asistentes, enseñanzas que no se ajustaban a lo estipulado por la ley...
Cursos de idiomas en una trastienda
Fuentes conocedoras del contenido de los informes de la UDEF destacan el caso de un mujer que solicitó dichas ayudas como autónoma y que en este periodo recibió cientos de miles de euros por impartir variopintos cursos que iban desde la enseñanza de inglés o alemán, a uno para la instalación de sistemas de comunicación. Todo ello lo hacía en la trastienda del establecimiento de telefonía que regentaba en la ciudad de Málaga y con su marido como profesor, según manifestaron a los agentes varios de los más de 250 alumnos interrogados en las últimas semanas en el transcurso de la investigación. En otros casos, por ejemplo, se utilizaba a los alumnos para sacar adelante el trabajo de la empresa que supuestamente daba el curso sin impartirles ninguna enseñanza. Cuando lo terminaban, a la mayoría de ellos se les obligaba a renunciar por escrito al contrato de seis meses al que supuestamente tenian derecho y por el que la empresa había recibido la subvención. Si se negaban a ello, eran forzados ofreciéndoles un trabajo de pocas horas semanales en provincias lejanas que no les compensara económicamente el traslado geográfico.
Una autónoma recibió cientos de miles de euros por dar junto a su marido cursos de idiomas y de instalación de sistemas de comunicación en la trastienda de un establecimiento de telefonía
Según han reconocido fuentes de la propia Junta de Andalucía, las 17 empresas investigadas -que representan nada menos que el 85% de las adjudicatarias- son A.F. Salamar Hostelería SL, Academia Nena-Sol, Actuaciones Formativas, la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Comarca del Valle Guadalhorce, la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, Carpintería Vázquez Claver L, Centro de Formación Gasset SL, Centro de Formación Profesional Feijo SL, Formación e Inserción Málaga, Formación Hostelera del Sur, Grupo Alce Formación SL, Jobesa SC, Master Ronda SC, Proyecto Puerta Blanca SL y Yomaluig SL, además de dos autónomos, María Luz V.S. y Miguel Ángel R.R. Entre todos, se repartieron en la primera adjudicación investigada, la de diciembre de 2010, 1,52 millones de los 1,72 millones que la Junta repartió entonces. Sólo tres empresas han quedado libres de sospechas.
La investigación ha salpicado a la Junta de Andalucía de lleno ya que la Policía ha constatado que el Servicio Andaluz de Empleo, de quien dependieron dichos cursos hasta que en abril de 2013 pasaron a la Consejería de Educación, no realizó las inspecciones pertinentes para evitar el fraude. De hecho, la propia Cámara de Cuentas autonómica reveló en un reciente informe sobre el dinero destinado a estas enseñanzas, que los mecanismos de control sólo se realizaron en un 10% de los cursos impartidos en la provincia de Sevilla y en un 30% de los de Málaga. Los agentes de la UDEF muestran en los informes entregados a la Fiscalía su convencimiento de que el fraude no se limita únicamente a esta última provincia y que puede extenderse a toda la región e, incluso, a otros lugares de España. El grupo de la UDEF que investiga los cursos para parados de la Junta es el mismo que lleva el peso del 'caso Aneri', un fraude millonario similar destapado en Madrid.
