Tráfico de influencias, adjudicaciones 'a dedo' y una falta casi absoluta de control. El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en la 'Operación Edu' sobre el supuesto fraude en los cursos de formación para parados detalla hasta siete supuestas irregularidades cometidas por diferentes órganos de la Junta de Andalucía. Además, menciona con nombre y apellidos a cinco cargos de la misma. Se trata, en concreto, de dos exconsejeros de Empleo del Gobierno Andaluz, Antonio Fernández García y Manuel Recio Menéndez, del director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña Villalobos, y de la jefa del Servicio de Formación para el empleo, Isabel Almendro Flores, así como de un técnico del seguimiento de los cursos, Javier T.M.. El fiscal del caso ya anunció la semana pasada que ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que se ha hecho cargo de la investigación, que llame a declarar, entre otros, a varios altos cargos de la Junta.
Un alumno y un tutor aseguraron a la Policía que el propietario de la Asociación Axarquía presumía de tener "relación con el consejero de empleo"
El informe, fechado el pasado 6 de mayo y al que ha tenido acceso Vozpópuli, se centra exclusivamente en una de las concesiones bajo sospecha: la que repartió 1,7 millones de euros en diciembre de 2010 para la formación de desempleados en la provincia de Málaga. De las 20 empresas investigadas, el Grupo I de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF ha encontrado supuestas irregularidades en 17 de ellas, que en el informe detalla una a una. Sin embargo, en el apartado de conclusiones del documento, los agentes hacen una especial mención a "las posibles responsabilidades exigibles a la Administración Pública" y, más en concreto, a determinados responsables de "los órganos competentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía".
Así, la UDEF apunta a la posible existencia de "algún tipo de tráfico de influencias con algún alto cargo de la Junta de Andalucía por parte de alguno de los empresarios beneficiarios". Los autores del informe se refieren en concreto a Pablo Andrés Viedma, propietario de la Asociación Axarquía de Formación y Empleo, una de las 17 empresas bajo sospecha. Según el testimonio recogido por uno de los alumnos de sus cursos, este empresario, de reconocida militancia socialista, "manifestaba que tenía una gran amistad con el responsable de adjudicar los cursos de formación de la Junta de Andalucía". Un testimonio que fue corroborado por uno de los tutores del curso, quien afirmó que fue el propio Viedma quien supuestamente le dijo a él "y a sus compañeros que tenía relación con el consejero de Empleo de la Junta y a raíz de esta amistad le concedieron una gran cantidad de cursos".
500.000 euros en cuatro años
Tras estas declaraciones, la UDEF estudió las adjudicaciones que le habían concedido a la Asociación Axarquía de Formación y Empleo y a otras sociedades del entono familiar del empresario hasta concluir que fue "especialmente agraciada por las subvenciones entre los años 2009-2012", periodo en el que recibió más de medio millón de euros por impartir este tipo de cursos. El informe detalla que en ese periodo investigado, hubo dos consejeros de empleo: Antonio Fernández entre 2009 y 2010 y su sucesor, Manuel Recio, que se mantuvo hasta 2012. Se da la circunstancia de que el primero está imputado en el 'caso de los ERE' que dirige la juez de Sevilla Mercedes Alaya e, incluso, ingresó en prisión por ello, de la que salió tras pagar una elevada fianza. Recio fue 'preimputado' en la misma causa el pasado abril.
La UDEF destaca que algunas de las empresas se crearon unos días antes de la adjudicación y siete dejaron de existir poco después de recibirla
El informe de la Policía también apunta a otros dos altos cargos de la junta, en este caso, "los máximos responsables de la aprobación, concesión, gestión, supervisión y fiscalización de las cuantías concedidas" en la adjudicación investigada. En concreto, se trata del que fuera director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, Juan Carlos Lomeña, y la jefa del Servicio de Formación para el Empleo, Isabel Almendro. Sus nombres son los que figuran en todos los "convenios de concesión de subvención con compromiso de contratación" bajo sospecha. En este sentido, la UDEF destaca que la investigación "ha evidenciado cierta laxitud en el control de las solicitudes [...] por parte de las personas responsables de dichos expedientes" y detalla hasta cuatro ejemplos de ello.
Así, especifica que una de las empresas adjudicataria era deudora ante la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que impedía que pudiera acceder a la subvención. Sin embargo, la consiguió. En otro caso, la mercantil ni siquiera se encontraba dada de alta en la Seguridad Social cuando se produjo la concesión y tampoco poseía los números de cuenta de cotización para el ejercicio de la actividad profesional. Otra, ni siquiera tenía actividad dentro de la provincia de Málaga, como era preceptivo. Y otras se constituyeron sólo unos días o meses antes de la concesión de la subvención pese a que la convocatoria exigía como requisito "experiencia en procesos formativos".
Los agentes también destacan que una vez que acababan los cursos las empresas se disolvían y desaparecían. Así, de las 17 investigadas que recibieron el dinero en 2010, siete dejaron de existir en el año 2011, "nada más finalizar el supuesto periodo ejecutivo de los procesos formativos", cuatro en 2012, una en 1013 "y dos incluso con anterioridad". Todo ello, recalca la Policía, "sin que el organismo competente haya, hasta la fecha, adoptado medida administrativa alguna".
Adjudicaciones 'a dedo' por 6 millones
El informe señala también que muchas de las convocatorias para el acceso a las ayudas se realizaron "usando una vía que según la ley debería ser excepcional, la concurrencia no competitiva, es decir, se han adjudicado 'a dedo" lo que llevó a que muchos de los requisitos legales exigidos previamente fueran obviados. "Como ejemplo se ha realizado un pequeño sondedo en el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) [y] se han encontrado, sólo en Málaga, sólo en el año 2010 y sólo por la modalidad de 'con compromiso de contración', por lo menos cuatro resoluciones diferentes en las que se han concedido cerca de 6 millones de euros".
El informe resalta que la Junta abusaba de las adjudicaciones 'a dedo': hasta 6 millones de euros sólo en 2010 en Málaga
Tampoco sale bien parado del informe de la UDEF la quinta persona ligada a la Junta que es mencionada con nombre y apellidos. Se trata de uno de los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo que se encargaba del seguimiento de los cursos de formación, Javier T.M., del que la Policía destaca que "pudiera mantener relaciones de amistad o confianza con alguno de los administradores de las empresas beneficiarias y que esto pudiera haber influido en la tramitación de los expedientes". El documento señala que fue el responsable de inspeccionar al menos tres adjudicaciones, entre las que destaca la de la empresa AF Salamar, la única de las empresas con la resolución terminada "pese a las irregularidades detectadas".
Las acusaciones contra este funcionario también se sustentan en las declaraciones de tutores y alumnos. Así, uno de los primeros asegura que le conoció en el despacho del responsable de AF Salamar y que así consiguió un puesto de trabajo. Además, se señala que Javier T. hizo "caso omiso" de las quejas que varios asistentes a estos cursos le presentaron y que cuando la protesta le llegó de uno de los tutores, el funcionario del SAE le despachó afirmando que "eso era cosa de los alumnos". El informe destaca que "las labores de control, seguimiento e inspección", de las que supuestamente se encargaba este funcionario, "han sido inexistentes".
En este sentido, destaca que "salvo una sóla excepción, en ninguno de los 17 expedientes analizados se ha podido encontrar ninguna acta de inspección, informes de seguimiento o de evaluación de los cursos". Y añade que "en ningún caso se ha presentado un informe sobre la idoneidad de las instalaciones, aulas o material con el que se realizan los cursos" a pesar de que en muchos casos "era deficitario, insuficiente o, incluso, inexistente". Así, señala que uno de los cursos se impartió "en un almacén que parecía 'un ciber".
