Las correrías de Enrique José Finch Ramos, el directivo del Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) en Córdoba encarcelado por la juez Mercedes Alaya por haber cobrado presuntamente más de un millón de euros en mordidas de la trama desmantelada en la 'Operación Enredadera', no le eran de todo desconocidas para los responsables de la empresa pública. Al menos desde abril de 2011, éstos ya sospechaban que el que entonces era uno de los máximos responsables de la compañía estatal en Andalucía estaba supuestamente implicado en actividades irregulares. Y todo ello gracias a una denuncia que, pese a que fue archivada en un primer momento, llevó a Adif a cesar a su empleado de dos puestos de confianza que ocupó sucesivamente, según han confirmado a Vozpópuli fuentes oficiales de la compañía estatal.
En 2011, el directivo de Adif detenido ahora pasó de ser gerente a jefe y, más adelante, un simple técnico ante las sospechas de irregularidades en su gestión
Primero fue relevado de su puesto como gerente y, poco más tarde, como jefe de Adif en la provincia andaluza. Cuando fue arrestado la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, era simplemente un técnico. Sin embargo, esta detención se ha producido por su relación sospechosa con Fitonovo, la empresa considerada por la juez Alaya y la Guardia Civil el epicentro de la red de corrupción desmantelada en la 'Operación Enredadera', pero no con la denuncia de hace tres años que, según diversas fuentes, no tiene nada que ver con la trama. "Hace tiempo que este señor estaba en el ojo del huracán de la cúpula de Adif", detallaba a este diario un directivo de Madrid que prefiere mantener el anonimato.
Aquella primera denuncia de hace ya más de tres años fue seguida con atención por los responsables de la compañía pública, aunque finalmente no abrieron expediente al trabajador ya que la misma quedó archivada provisionalmente. "Se decidió entonces cesarle en los puestos de confianza que ocupaba. No se pudo tomar otra medida", se justifican portavoces oficiales de Adif. Éstos añaden que el cierre de aquella primera investigación se encuentra actualmente recurrida ante la Justicia, aunque no pudieron concretar si por la propia empresa pública. Lo que sí pretende ahora la compañia estatal es personarse como perjudicada en el sumario que instruye la juez Alaya y, a la vez, tomar las primeras medidas sancionadoras contra sus trabajadores imputados. "A algunos se les abrirá expediente, mientras que a los más implicados se les impondrá una sanción disciplinaria y se les suspenderá de empleo y sueldo mientras concluye la investigación judicial", detallan desde Adif.
El auto de la juez Alaya
Por ahora, las pesquisas ya han servido para confirmar las sospechas sobre el gerente de Córdoba. Según un auto dictado por la magistrada para enviar a prisión a uno de los detenidos, Fitonovo habría sobornado al menos a once técnicos de Adif para hacerse con contratos. 'Mordidas' en las que habría invertido hasta 1,6 millones de euros. El gran beneficiado por estos cobros fue, precisamente, Enrique José Finch. Según la magistrada, este supuestamente se embolsó 1.004.624 euros entre los años 2003 a 2012. Este cargo de la compañía fue arrestado junto a un "mando intermedio" de la misma en la provincia, Luis M.R., que supuestamente también cobró 'mordidas' aunque muy inferiores. En concreto, 22.904 euros en el año 2007 y en el periodo que va desde 2009 a 2012.
El pago de más de un millón de euros a Enrique José Finch aparece recogido en un "programa de contabilidad" intervenido a directivos de Fitonovo
Los pagos habrían sido presuntamente ordenados y anotados por el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, al que la juez Alaya también envió a prisión provisional. Estos pagos estarían acreditados en un “programa de contabilidad” localizado por la Guardia Civil en un disco duro hallado durante el registro de las oficinas de Fiverde, filial de Fitonovo. De hecho, fuentes cercanas a la investigación destacan que “los pagos a estos empleados están acreditados por las correspondientes facturas”. El objetivo último de los mismos no era otro que Fitonovo se asegurase diversos contratos de ADIF, algunos millonarios, para “la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad” en trabajos de desbroce de cunetas y taludes. De hecho, la Guardia Civil constató cómo Fitonovo registro una “importante facturación” con ADIF a partir del año 2008.
Los otros de Adif
En sus mordidas, la empresa investigada por la Guardia Civil habría discriminado el importe de los sobornos según el cargo que ocupara el sobornado en Adif. Así, a los gerentes les pagaba cantidades superiores a los 100.000 euros, mientras que a los técnicos los importes variaban desde los 30.000 a sólo 2.000 euros. Eso sí, siempre a cargo de la caja 'B' de Fitonovo. Así, otro alto directivo de Adif que presuntamente recibió grandes cantidades de dinero fue el responsable de la empresa pública en Sevilla, Antonio Rodríguez Jurado. Según la investigación de la UCO, este directivo de la compañía cobró 418.191 euros entre los años 2000 y 2011. También en la capital andaluza, la comisión ilegal que recibió el técnico de infraestructuras y Vías, José G.M., fue sensiblemente inferior: 3.700 euros repartidos entre los años 2005, 2009 y 2010.
En un auto, la juez Alaya detalla que la 'trama Ensaladera' pagó comisiones por 1,6 millones de euros a una decena de empleados de Adif
Cantidades muy similares entregaron supuestamente a Juan Carlos M.C., empleado de la empresa en Jaén. En esta misma provincia, otro trabajador, José R.C., recibió 15.250 euros de comisión "por facilitar los trabajos y el beneficio de Fitonovo SL entre 2003 y 2004". Fuera de Andalucía, el principal foco de actuación de la 'red Enredadera' fue Zaragoza. Así, el responsable de la compañía pública en la capital aragonesa, José Antonio G.P., se embolsó supuestamente un 'pellizco' de 100.400 euros. Un dinero que recibió entre 2003 y 2009. Un técnico a sus órdenes, Miguel Angel M.T., cobró por el mismo concepto 9.000 euros en dádivas. En Valencia, el presuntamente sobornado fue el delegado de mantenimiento de la red convencional de la 'Línea Este', Pedro M.P., quien en 2007 recibió un pago por un total de 20.000 euros. El último trabajador de Adif señalado es Francisco C.F., destinado en Bárcelona, quien recibió 2.500 euros en 2009.
