El argumento del PP de que nada tuvo que ver con la trama Gürtel ha vuelto a sufir un fuerte varapalo. La Fiscalía Anticorrupción presentó este viernes su escrito de conclusiones sobre la 'primera época' de actividades del mayor caso de la corrupción española con altas peticiones de pena para 41 imputados: cerca de 800 años de cárcel. De ellos, algo menos de la mitad, cerca de 330 años, corresponden a una quincena de encausados que ocuparon en algún momentos cargos dentro del partido. Penas que van desde los 89 años y seis meses que el Ministerio Público pide para Pablo Crespo, que fuera secretario de organización del PP gallego y que terminó siendo la mano derecha del cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, a los 3 años que pide para Álvaro Lapuerta, el octogenario extesorero del PP. Entre ambos, Luis Bárcenas, exalcaldes como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlvera, o el que fuera considerado 'delfín' de Esperanza Aguirre, el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. El propio partido es señalado por Anticorrupción como beneficiario a título lucrativo de 328.440 euros, la misma figura por la que la exministra y actual diputada Ana Mato tendrá que responder por 28.468 euros.
Tres extesoreros del PP se sentarán en el banquillo de los acusados. Anticorrupción pide 42 años de cárcel para Bárcenas, 8 años para Ángel Sanchis y 3 años para Álvaro Lapuerta
El más conocido de los imputados, y el único que permanece en prisión, es Luis Bárcenas. El extesorero del PP está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. Por todos ellos, Anticorrupción le pide 42 años y seis meses de prisión. Para su mujer, Rosalía Iglesias, la petición también es elevada: 24 años y un mes. Además de Bárcenas, otros dos responsables de las finanzas de Génova 13 tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados. Uno es Álvaro Lapuerta, quien fuera precisamente 'jefe' del extesorero encarcelado. El segundo, Ángel Sanchis, al frente de las cuentas cuando el partido aún se llamaba Alianza Popular y la persona que introdujo a Bárcenas en la formación. Para el primero, la Fiscalía pide 3 años por apropiación indebida. Para Sanchis, 8 años por blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. La acusación contra ambos se sustenta en la supuesta ayuda que ambos prestaron a Bárcenas para cometer algunos de sus delitos. A Lapuerta se le acusa de haberle permitido hacerse con parte del dinero de la caja 'B'que ambos supuestamente gestionaban en Génova 13. Al segundo, le toca responder por ayudar presuntamente al extesorero a poner a salvo 3 millones de euros de la fortuna que éste ocultaba en sus cuentas suizas.
Más elevadas son las penas que la Fiscalía plantea para los dos exalcaldes del PP imputados en esta 'primera época' de la Gürtel. Así, Guillemo Ortega, antiguo primer edil de Majadahonda, se enfrenta a 50 años y 10 meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad, fraude a las Administraciones, malversación y prevaricación. Su compañero Jesús Sepúlveda, que fuera regidor de Pozuelo de Alarcón y marido de Ana Mato, tendrá que responder de las acusaciones de cohecho, falsedad, fraude a las administraciones, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, por los que le piden 15 años y cuatro meses. Son las actividades de ambos en sus consistorios las que, de hecho, han llevado al propio PP al banquillo de los acusados como partícipe a título lucrativo al considerar que ambos pagaron parte de sus campañas electorales con el dinero de las 'mordidas', lo que hizo que la formación resultara beneficiada en 328.440 euros. Algo similar ocurre con la exministra de Sanidad, quien deberá responder por los 28.468 euros en viajes y otros obsequios que disfrutó y que, en realidad, fueron pagados por la trama de Francisco Correa.
Devolver 430.000 euros
Por su parte, el exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, señalado durante años como el futuro 'sucesor' de Aguirre, se enfrentará a una acusación fiscal de 46 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, malversación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Además, el escrito de Anticorrupción le exige que devuelva a la Comunidad de Madrid 430.228,64 euros por los sobrecostes que ocasionó a las arcas regionales con sus supuestas irregularidades desde los cargos que ocupó. Para su asesor, Pedro Rodríguez Pendas, Anticorrupción solicita 4 años y medio. Otro alto cargo del Ejecutivo regional madrileño, Carlos Clemente, que fuera viceconsejero de Inmigración y Cooperación, se enfrenta a 10 años y medio de cárcel. El exdiputado Jesús Merino se sentará en el banquillo de los acusados con la petición de 3 años y 9 meses de cárcel. Está acusado de ayudar a Bárcenas a conseguir 'mordidas' en Castilla y León.
Sobre Pablo Crespo, exsecretario de organización del partido en Galicia y mano derecha de Correa, recae la mayor petición de pena entre los cargos 'populares': 89 años de cárcel
También se enfrenta a peticiones de pena cinco antiguos concejales del PP en diferentes localidades. Para Ricardo Galeote, exedil en Estepona (Málaga) y hermano del exeurodiputado Gerardo Galeote, la Fiscalía Anticorrución solicita 14 años y 7 meses de cárcel. El exconcejal de Hacienda de Pozuelo, Roberto Fernández, se enfrenta a una petición de 3 años y 3 meses. Su compañero de consistorio, José Antonio Sáenz Jiménez, a 2 años y 3 meses. Mientras que Juan José Moreno y José Luis Peñas, ambos antiguos integrantes del grupo 'popular' en el ayuntamiento de Majadahonda, a 27 años y medio el primero, y 6 años y medio al segundo. Este último fue la pieza "esencial" para destapar la trama, según reconoce Anticorrupción en su escrito, ya que fue la denuncia que presentó ante la Policía en el verano de 2008 detallando cómo funcionaba la red de Correa y las grabaciones que hizo de sus conversaciones con los principales implicados en la trama las que permitieron finalmente desmantelar una trama. A él le han aplicado el atenuante "muy cualificado" de confesión.
