Doctrina Botín sí, doctrina Botín no. Legitimación de la acusación popular para llevar en solitario una acción penal o falta de legitimación para hacerlo si se trata de un delito contra la Hacienda Pública. Estos postulados han sido los principales caballos de batalla que han defendido los partidarios y detractores de Cristina de Borbón y Grecia durante la primera jornada del juicio del caso Nóos. Sentados en el banquillo de los acusados, una infanta de España –quien apenas gesticuló durante las más de doce horas que se prolongó el juicio - y su marido, el yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, junto con dieciséis imputados más.
De un lado, la defensa de la hermana del Rey Felipe VI, ejercida por el letrado Jesús María Silva; la Fiscalía Anticorrupción, representada por el fiscal Pedro Horrach; y, la Abogacía del Estado, representado por Dolores Ripoll que no aprecian indicios de delitos en la actuación de la infanta Cristina en el caso Nóos. Del otro, el sindicato Manos Limpias representado por la letrada Virginia López Negrete que solicita ocho años de cárcel para la esposa de Iñaki Urdangarín por ser cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
"La única respuesta judicial posible" para la infanta es el archivo del procedimiento, recalcó en el juicio el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach
Una de las defensas más vehementes en favor de la infanta la protagonizó el fiscal Horrach quien apeló a la jurisprudencia del Tribunal Supremo –la denominada doctrina Botín- para decir que ésta es clara a la hora de determinar que el sindicato Manos Limpias no puede sentar en solitario a la infanta Cristina en el banquillo. "La Fiscalía, que representa al Estado, ni Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen", explicó Horrach. "La única respuesta judicial posible" para la infanta es el archivo del procedimiento, insistió minutos después el fiscal.
Discriminación a la infanta
En otro momento de su intervención, el acusador público lanzó la siguiente reflexión ante la Sala: "Me pregunto y les pregunto si en base al mismo precepto legal y en idénticas circunstancias ningún ciudadano se ha sentado en el banquillo de los acusados y en el presente caso sí", en referencia a Cristina de Borbón. Para Anticorrupción, juzgar a la infanta supone somerterla a una "discriminación no justificada".
En la misma línea se expresó la abogada del Estado, Dolores Ripoll, quien cuestionó que la motivación del sindicato Manos Limpias sea la defensa del interés público. La letrada del Estado señaló, además, que "existe un cuerpo de doctrina cierto y plenamente consolidado" que establece que en delitos donde hay perjudicados concretos como el delito fiscal y, por tanto, cabe la presentación de acusación particular, no es posible que una acusación popular sostenga los cargos en solitario.
Por su parte, el abogado de la infanta, Jesús María Silva, se agarró a la denominada doctrina Botín, y argumentó que no se trata de que se aplicase este fallo judicial tan sólo al ex presidente del banco Santander, Emilio Botín, sino que existe una jurisprudencia "superconsolidada" por parte del Tribunal Supremo en este mismo sentido.
Manos Limpias sostiene que la Abogacía del Estado no tiene el monopolio para acusar en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública
El letrado de la infanta Cristina se refirió a la "pesadilla" que supone para algunos reconocidos penalistas el hecho de que se pueda llevar a juicio a un procesado con la única acusación que la ejercida por acción popular -como ocurre en el caso de la ex duquesa de Palma con Manos Limpias- y en contra del criterio del Ministerio Fiscal y del perjudicado directo, en este caso Hacienda. Jesús María Silva ha explicado que esta jurisprudencia del Alto Tribunal ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional y seguida por distintas Audiencias Provinciales ya que el dictamen del Supremo es "vinculante".
Un delito "pluriofensivo"
En contraposición, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete defendió que la Agencia Tributaria no tiene "el monopolio" a la hora de ejercer la acusación en los delitos contra la Hacienda Pública ya que se trata de un "delito pluriofensivo porque los impuestos los pagamos todos los españoles". "Lo que la Infanta pudo defraudar en 2007 y 2008 nos afecta a todos", subrayó la letrada ante el tribunal del caso Nóos.
Asimismo, desde el sindicato Manos Limpias se recalcó que pese a la férrea defensa que la abogada Dolores Ripoll ha realizado este lunes de la inocencia de la hija del Rey Juan Carlos I "la Abogacía del Estado nunca ha solicitado el sobreseimiento de la causa para la infanta".
Gran parte de las cuestiones previas planteadas este lunes ante el tribunal fueron resueltas 'in voce' por la Sala compuesta por las magistradas Samantha Romero Adán (presidenta y ponente), Eleonor Moyá Rosselló y Rocío Martín pasadas las 21:30 horas de la noche. La fundamental, la aplicación de la doctrina Botín, será resuelta en los próximos días. El tribunal tiene un mes de plazo para hacerlo. La presidenta adelantó que lo hará antes del 9 de febrero, fecha en la que se retomará el juicio.
