El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el representante del Ministerio Público ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada. El fiscal dará a conocer esta mañana estas conclusiones en presencia de los 17 acusados que se sientan en el banquillo y que este viernes estarán de nuevo presentes en la sala.
Manos Limpias mantiene su petición de ocho años de cárcel para la Infanta Cristina
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los ex altos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas; el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet. Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
Por otra parte, el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que Urdangarin habría cometido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50 por ciento.
Según el fiscal Horrach, Urdangarin y Torres urdieron "una maraña de facturación ficticia"
Las empresas del entramado
El fiscal subraya cómo para defraudar a las instituciones públicas tanto Urdangarin como Torres fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado. Fondos que acababan así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
Se trata de Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, mercantiles de las que eran propietarios y administradores y que, junto al propio Instituto Nóos, han centrado el foco de atención de las investigaciones.
