La agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que se personaron ayer en las sedes de Acciona en Madrid y Zaragoza tenían instrucciones muy claras del juez de lo que debían buscar: albaranes, facturas y, sobre todo, cinco libros de subcontratación. El llamado 'caso Plaza', que investiga el presunto saqueo de decenas de millones de euros de dinero público en la construcción del Polígono Logístico de la capital aragonesa en tiempos del gobierno socialista de Marcelino Iglesias, recibió ayer un importante impulso con el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, con el que requería formalmente a la empresa de los Entrecanales abundante documentación contable de aquellas obras.
El magistrado reclamaba a la empresa de los Entrecanales "la totalidad de las facturas físicas y albaranes" del periodo 2008-2011 de las obras bajo sospecha
El magistrado llevaba siete meses reclamando a las dos sociedades que componían la Unidad Temporal de Empresas (UTE) que se realizó los trabajos bajo sospecha, Acciona Infraestructuras SA y la constructora local Mariano López Navarro SL, información clave para determinar la cuantía de un supuesto fraude cifrado hasta ahora en 13 millones de euros pero que puede ascender a más de 100 millones. Según fuentes jurídicas, hasta ahora sólo se había recibido en el juzgado un parte de la misma porque, según alegaron las compañías en su momento, el resto se había "perdido" tras disolverse la UTE. Ayer, tras la visita por sorpresa de los agentes a oficinas de ambas compañías, la contabilidad extraviada apareció repartida entre la sede en la capital aragonesa de Acciona y un polígono de las afueras de Madrid de la misma compañía.
Según detalla el auto de requerimiento que presentaron los agentes ante los responsables de Acciona y de la otra empresa, los integrantes de la UDEF tenían instrucciones concretas de recoger "la totalidad de las facturas físicas y albaranes" relacionados con "proveedores y empresas subcontratistas" de las obras del Polígono Plaza referidas al periodo 2008-2011, "ambos inclusive". Pero además, habían recibido órdenes de reclamar "la totalidad de los libros de subcontratación" y, más en concreto, cinco que hasta ahora ninguna de las dos mercantiles había sido capaz de aportar al Juzgado, según confirman a este diario fuentes cercanas a la investigación. En concreto eran los que el Servicio Provincial de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón había sellado el 21 de agosto de 2008, el 29 de octubre y el 28 de diciembre de 2009, y el 8 de julio y el 5 de octubre de 2010
Facturas falsas o infladas
Según las fuentes consultadas, el libro de subcontratación es "clave" para determinar las presuntas irregularidades detectadas, ya que muchas de éstas presuntamente se enmascararon con facturas falsas o infladas referidas a la contratación de terceras empresas para trabajos que iban desde el saneamiento de terrenos al ajardinamiento de rotondas. Por ello, este documento mercantil ya fue reclamado por el juez en septiembre, sólo unas semanas después de que el 14 de agosto ordenara las primeras detenciones. Desde entonces, ambas empresas habían remitido documentación, pero no completa.
La mayor parte de la documentación se guardaba en un polígono a las afueras de Madrid desde que la UTE fue disuelta. Allí fue intervenida por la Policía
Por ello, ayer a primera hora de la mañana el juez, harto de esperar, según fuentes cercanas a la investigación, envió tres comisiones judiciales en las que estaban integrados agentes de la UDEF a las sedes de Acciona en Madrid y Zaragoza, y a la de la constructora aragonesa en la capital maña para presentar un requerimiento de entrega "en el acto" de la documentación que faltaba. En caso de que los agentes aprecieran "signos o actitudes de falta de colaboración" en los responsables de Acciona, debían comunicarlo "inmediatamente" al juzgado para que este emitiera una orden de entrada y registro en esas dependencias, según confirmaron a este diario fuentes jurídicas. No hizo falta. Horas después de iniciado, los agentes abandonaban las dependencias con abundante documentación.
En concreto, de la sede de la empresa de los Entrecanales en la capital aragonesa la Policía intervino cuatro cajas repletas de documentación, entre ella los libros de subcontratación extraviados. En las oficina en la misma ciudad de la constructora Mariano López Navarro SL se fueron, sine mbargo, con las manos vacías, ya que al ser el socio minoritario de la UTE no guardaban documentos contables. Sin embargo, fue en Madrid dónde más información consiguió recabar, aunque no en la sede central que la compañía de los Entrecanales tiene en la localidad madrileña de Alcobendas, que es donde se personaron los agentes en primera instancia. Empleados de la compañía se trasladaron con los miembros de la UDEF a un polígono industrial del extrarradio de la capital en el que Acciona tiene una nave en la que almacena la documentación de aquellas UTE en las que ha participado y ya se han disuelto tras el fin de los trabajos. Allí, los agentes intervinieron también numerosos papeles, entre ellos el grueso de las facturas y albaranes de los trabajos realizados en 2008.
Fuentes de Acciona recalcaron ayer a este diario que la compañía ha tenido en todo momento "ánimo de colaboración" y que ayer se puso a disposición de los policías toda la documentación que reclamaron. No obstante, insistieron que la empresa de los Entrecanales "no es parte de este proceso. Lo que se investiga en la actuación de la UTE en la que, efectivamente, había dos directivos nuestros al frente", en referencia a José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, dos de los principales implicados. De hecho, ambos ejecutivos están imputados y cuentan con el apoyo de la compañía, que cubre los gastos de su defensa jurídica (los defiende el exfiscal de la Audiencia Nacional Luis Jordana de Pozas) y que avaló los 8 millones de euros en fianzas que en su momento les impuso el magistrado. Ambos, además, siguen trabajando para la compañía, uno de ellos en Brasil. "No vamos a adelantar un castigo pese a las acusaciones. Esperaremos a ver qué concluye la Justicia y entonces actuaremos en consecuencia", añaden.
El hermano del juez Andreu
La investigación sobre las supuestas irregularidades en la construcción del Polígono Logístico de Zaragoza-Plaza se inició en mayo de 2013 después de que Jesús Andreu, actual gerente de la empresa semipública que lo gestiona y que está participada por el Gobierno de Aragón, acudiese a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar al presunto desvío de millones de euros de dinero público. Este directivo, que es hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, respaldaba su denuncia con abundante información que le había facilitado un empleado de la propia Acciona que había sido testigo directo de muchos de los supuestos fraudes cometidas en las obras. En agosto, el juez José Ignacio Martínez detenía a tres de los principales implicados: el anterior gerente de la Plataforma, Ricardo García Becerril; su director técnico, Miguel Ángel Pérez; y el ingeniero de la consultora Intecsa que debía velar por el desarrollo de las obras, el holandés Nico Groeneveld. Más tarde eran imputados los dos directivos de Acciona. A uno de los cuales, Jordán, la Fiscalía señala como uno de los principales cabecillas de la trama.
La causa ha ido sumando imputados en los últimos meses hasta llegar a los 19, entre ellos el presidente del Real Zaragoza
Desde entonces, el sumario ha ido sumando imputados hasta llegar a los 19, entre ellos el constructor Agapito Iglesias, presidente del equipo de fútbol Real Zaragoza. Pero también la estimación sobre el importe final defraudado. Si hasta ahora la Policía ha conseguido recabar facturas que prueban el desvío de 13 millones, las primeras estimaciones apuntaban a 50 millones de euros, una cifra que puede quedarse muy corta. De hecho, el gerente actual de Plaza entregó a comienzos de marzo un informe de una consultora en el que elevaba a 104 millones el desfase entre lo que debería haber costado las obras de construcción del polígono y lo que finalmente se terminó abonando.
Además, el caso sigue extendiéndose y ya son cuatro juzgados zaragozanos los que instruyen sumarios sob re diversos aspectos de aquellos trabajos cuyas investigaciones amenazan con salpicar a altos cargos del gobierno socialista de aquellos años que presidía Marcelino Iglesias. Las pesquisas también han permitido saber el destino que finalmente pudo haber tenido buena parte del dinero presuntamente desviado y que terminó engordando las cuentas bancarias de algunos de los imputados o financiando viajes, coches de lujo y costosas reformas de sus casas
