El reciente auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que transforma en procedimiento abreviado la primera pieza del sumario del 'caso Púnica' como paso previo a la vista oral plantea dudas precisamente sobre qué órgano judicial debe celebrar ésta, según destacan diversas fuentes jurídicas consultadas. El motivo: en dicha causa, en la que se debe juzgar el 'chivatazo' que puso en peligro toda la operación sólo unas semanas antes de que se produjeran las detenciones de octubre de 2014, el magistrado acusa a dos guardias civiles, José Manuel Rodríguez Talamino y José Luis Caro Vinagre, de un único delito, el de revelación de secreto, mientras que al tercer implicado, Francisco Granados, se le imputa exclusivamente aprovecharse de dicha revelación, castigado en el artículo 418 del Código Penal con una pena de uno a seis años de cárcel. No hay más acusaciones. Ni de corrupción ni de ningún tipo. "Nunca se ha celebrado un juicio en la Audiencia Nacional con un delito de revelación de secreto como única acusación", destacan fuentes jurídicas.
Otro 'chivatazo' célebre, el del Bar Faisán, sí fue juzgado en la Audiencia Nacional, aunque entonces a los dos policías inculpados se les acusó también de un delito de colaboración con banda armada que sí era competencia exclusiva de este órgano judicial
De hecho, todas las fuentes consultadas reconocen que los dos delitos de los que se acusará en esta primera vista de la Púnica a los tres procesados no son competencia de la Audiencia Nacional, aunque algunas consideran que, pese a ello, en este caso la vista sí se debe celebrar en este órgano judicial. "Hay conexidad entre estos delitos y los de corrupción que conforman el núcleo central del sumario", argumenta a este diario uno de los abogados de las acusaciones. Este letrado insiste en que "hay mucha jurisprudencia en este sentido", aunque también admite que los precedentes en casos similares "no acompañan". Uno de ellos se refiere a otro 'chivatazo', el del Bar Faisán, que también provocó en su día un debate sobre cuál era el órgano judicial para instruirlo y juzgarlo. Finalmente, la Audiencia Nacional concluyó que debía ser ella ya que se acusó a los dos policías de un segundo delito, el de colaboración con banda armada, que sí era de su competencia. Sin embargo, al final los agentes fueron condenados únicamente por la revelación de secreto. Si la acusación hubiera sido únicamente ésta, el caso hubiera sido trasladado a un juzgado de Irún, la localidad guipuzcoana donde se encontraba el célebre bar en el que se produjo aquel 'chivatazo' en mayo de 2006.
Otras fuentes jurídicas consultadas recuerdan un caso más reciente que, en su opinión, también respalda 'sacar' de la Audiencia Nacional esta pieza de Púnica. Se trata de la investigación por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas, que se inició dentro del sumario de los papeles del ex tesorero y ha acabado en un juzgado ordinario. Fue el juez instructor, Pablo Ruz, quien lo derivó a sus colegas de Plaza de Castilla al considerar, precisamente, que los delitos que se investigaban -uno de encubrimiento y otro de destrucción de material informático- no eran competencia del órgano judicial al que pertenecía. En este caso, una de las acusaciones consultadas rechaza que el 'chivatazo' de la Púnica se puede comparar con este caso. "Es cierto que hay similitudes entre ambos, pero no es lo mismo. Aquí hay una relación mucho más estrecha entre los hechos investigados y el origen de la operación", insiste este abogado.
"Un delito incidental"
Carlos Zabala, el nuevo abogado de Granados, tiene una opinión totalmente contraria. De hecho, él ya planteó el pasado 14 de junio la posibilidad de sacar esta primera pieza del sumario de la Audiencia Nacional en un escrito en el que también dudaba de la imparcialidad del juez Eloy Velasco y de la Unidad Central Operativa (UCO) para seguir investigándola. En aquel escrito, adelantado entonces por Vozpópuli, la defensa del político señala que el 'chivatazo' "no guarda relación con los hechos objeto de la querella" que dio origen a la apertura del sumario en junio de 2014 y que inicialmente se centra en un delito de blanqueo de capitales tras el hallazgo en Suiza de las cuentas del político y su socio, David Marjaliza.
El nuevo abogado de Granados ya pidió en junio 'sacar' esta pieza del sumario de Púnica de la Audiencia Nacional al considerar que no tenía "conexidad" con el resto de la causa ya que se trataba de "un delito incidental"
Además, Granados y su abogado defienden que la supuesta filtración de información fue "un delito incidental" y que, de hecho, el único de los tres investigados en esta primera pieza del sumario que figura en alguna de las otras trece piezas en las que se ha dividido la causa es el propio ex secretario general del PP de Madrid. Por eso, consideran que no existe la necesaria "conexidad" entre dichos hechos y el resto de los delitos investigados, lo que les lleva a concluir que el juez Velasco debería haberse inhibido en esta causa. En este punto, recalcan además que "tampoco los hechos pueden ser competencia de la Audiencia Nacional" según la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que esta parte del sumario debería haberse instruido en otro juzgado. ¿En cuál?. Granados considera que en los de Valdemoro, la localidad en la que él fue alcalde e inició su carrera política. Esta última propuesta es rechazada de plano por una de las acusaciones consultadas.
El recurso de Granados aún no ha sido respondido por el juez Velasco, lo que ha provocado la reacción de su abogado. El pasado jueves, éste presentaba ante el magistrado un segundo escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que reclama que se anule la decisión de transformar en procedimiento abreviado la pieza del sumario hasta que de respuesta precisamente a la cuestión de competencia, además de pronunciarse sobre la práctica de seis nuevas pruebas que ha solicitado. También la Fiscalía Anticorrupción ha planteado realizar más diligencias antes de seguir adelante con el trámite judicial para celebrar el juicio. En su caso, elaborar un informe policial para identificar si una de las voces que se oyen en las catorce grabaciones que se han convertido en la piedra angular de esta pieza del sumario de Púnica se corresponde realmente con la de uno de los agentes procesados. La Audiencia Nacional ya se ha pronunciado para dar la razón a la Fiscalía. La duda ahora es saber qué postura mantendrá cuando el abogado de Granados plantee de nuevo la cuestión de competencia.
