Francisco Granados no se quedó con los brazos cruzados cuando supo que la Justicia suiza lo investigaba. Entre la abundante documentación que las autoridades de Berna remitieron a la Fiscalía Anticorrupción española en enero de 2014 y que permitieron iniciar la investigación del 'caso Púnica', figura una relación con la identidad de once personas físicas y jurídicas investigadas por la Justicia helvética que tomaron algún tipo de iniciativa ante los tribunales de Ginebra para impedir que aquellas pesquisas siguieran adelante. Uno de ellos fue, precisamente, el ex secretario general de PP madrileño, quien contrató los servicios a un prestigioso bufete de este país, LHA, para intentar desligarse de las operaciones de blanqueo que habían propiciado la apertura de la causa. El principal abogado de dicho despacho, Maurice Harari, remitió tres cartas entre octubre y noviembre de 2013 a la Fiscalía de Ginebra para, en primer lugar, personarse en la causa y, más adelante, "transmitir sus observaciones" sobre la relación de su cliente con los hechos que se investigaban. No sirvieron de nada. Dos meses después, llegaba a España toda la información que había recabado Suiza y que terminaron desembocando en la detención, entre otros, del político en octubre de 2014.
En octubre de 2013, meses antes de que Suiza informara a España de la investigación, Granados encargó a un abogado ginebrino ejercer como su representante legal en la causa
Dicha documentación revela que la investigación de la Justicia helvética sobre Granados y su socio, el constructor David Marjaliza, se remonta al 6 de diciembre de 2012. Ese día, la Fiscalía de Suiza decidió iniciar una investigación, bautizada como 'Operación Parcelle' (parcela, en francés) tras detectar sus servicios de lucha contra el lavado de dinero movimientos sospechosos en varias cuentas abiertas en el BNP Paribas de Ginebra en las que figuraba como beneficiario Marjaliza, según a documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario. En la misma se detalla que las pesquisas de las autoridades del país centroeuropeo permitieron comprobar que éste era un "promotor inmobiliario en España, representante, único accionista y administrador colectivo de 67 empresas", que, además, estaba relacionado con el "hombre político español" Francisco Granados. Del que fuera secretario general del PP madrileño, los documentos judiciales helvéticos destacaban que ya había sido objeto de una "investigación por corrupción, recepción de sobornos, evasión de impuestos y de espionaje político", en referencia, esto último, al escándalo de los seguimientos a sus rivales dentro del partido. Además, la Fiscalía suiza llamaba la atención sobre "una operación inmobiliaria dudosa llevado a cabo desde 2003" en alusión a las sospechas que provocó en España la adquisición por parte de Granados y su mujer de un chalé en Marbella precisamente junto a su entonces amigo David Marjaliza. Las autoridades del país centroeuropeo ya consideraban entonces que "las transacciones financieras [detectadas] parecen poner de relieve los vínculos" entre el político y su amigo el constructor.
Todo ello llevó a las autoridades helvética a proceder ese mismo 6 de diciembre de 2012 al "secuestro penal" de los depósitos en el BNP a nombre de ambos y de la empresa costarricense Sheraton Trading SA, de la que era beneficiario último el propio Marjaliza. Una medida que se extendió en junio de 2013 a otra cuenta, en este caso la abierta en el UBS de Ginebra con otra mercantil centroamericana como titular, Droz & Co, también propiedad del constructor. Entre ambas fechas, las pesquisas de la Justicia suiza habían detectado ya la existencia de un importante "flujo financiero" en las cuentas en Ginebra de Granados y Marjaliza compuesto de más de un centenar de transferencias realizadas desde 2003 que apuntaban a un supuesto delito de blanqueo de capitales. Del bloqueo de sus cuentas, el constructor fue informado por las propias entidades bancarias. También lo fueron los titulares de los depósitos que intercambiaron fondos en las operaciones de 'blanqueo por compensación' investigadas. Once de ellos, entre los que había personas físicas y jurídicas, intentaron personarse en las pesquisas para, en primer lugar, tener acceso al sumario que se instruía en el país centroeuropeo y, de paso, bloquear una entonces hipotética colaboración internacional futura.
Hasta poco antes de su detención
El primero de ellos fue David Marjaliza, quien a través del abogado Michel Bosshard, del bufete ginebrino OHER & Associés, envió el 10 de abril de 2013 un escrito para reclamar explicaciones por el bloqueo de sus cuentas. El constructor iniciaba así una batalla legal en su nombre, en el de su mujer, Adela Cubas, y en el de sus empresas pantallas costarricenses, Sheraton Trading y Droz & Co, en la que llegó a contratar a un segundo abogado, en este caso a Pierre de Preux, del despacho Canonica. Durante meses intentó tener acceso a las diligencias y que se eliminara el bloqueo de sus depósitos, pero sus pretensiones fueron rehazadas por la Fiscalía, entre otros motivos porque el ahora confeso cabecilla de la Púnica se negó a mostrar contratos que justificasen los abultados ingresos que reflejaban las cuentas. El constructor llegó a pedir una indemnización a las autoridades de Berna por la inmovilización de sus fondos. También sin éxito. Su batalla legal se prolongó, de hecho, hasta el 9 de octubre de 2014, sólo dos semanas antes de su detención.
Marjaliza fue el primero en intentar parar la investigación de las autoridades de Berna. Siguió pleiteando hasta pocos días antes de su detención el 27 de octubre de 2014
Su socio, Francisco Granados, dejó pasar bastantes meses para intentar personarse en la causa. De hecho, la primera actuación que se conoce es del 11 de octubre de 2013, en un momento en el que aún era senador del PP por Madrid. Ese día, su abogado, Maurice Harari, envió una carta a la Fiscalía helvética para comunicar que era el representante legal del político español ante la Justicia de este país. El órgano judicial suizo tardó en responderle una semana. El 18 de ese mismo mes les enviaba un escrito en el que le informaba que las investigaciones entonces en marcha "no se dirigen contra su mandante". Pese a ello, el defensor de Granados insistió y tres días después remitía una nueva misiva para saber si se le estaba investigando en algún otro procedimiento. De nuevo, la Fiscalía le respondía poco días después para indicarle que su cliente tenía el mismo "estatus" que otros salpicados por el supuesto blanqueo de fondos que se investigaba y de los que se estaba requiriendo a diversas entidades financieras "información relativa a los movimientos de fondos". Finalmente, el 28 de noviembre, Harari remitió la última carta por fax para transmitir "sus observaciones". En la documentación remitida por Suiza no consta ninguna maniobra más por su parte. Faltaban pocos meses para que se iniciase la investigación en España y para que se filtrara a la prensa que tenía cuentas, lo que provocó que abandonase su escaño.
Junto a Marjaliza y Granados, otros implicados también intentaron influir en el desarrollo de la causa en el país centroeuropeo antes de su traslado a España. Así, figura la empresa panameña Rockfisch Finance Corp, del ciudadano español de origen británico Michael Trevor Langdon, señalado como el presunto 'blanqueador' de la trama, y la sociedad suiza Riflex SA, señalada por la investigación como la encargada de trasladar 2,5 millones de euros en métalico desde Madrid a las cuentas suizas del constructor español. De hecho, las autoridades de Berna tomaron declaración a los responsables de ambas compañías en el trascurso de sus pesquisas. También intentaron personarse dos fundaciones domiciliadas en Vaduz, la capital del Principado de Liechtenstein, cuyas cuentas en Suiza habían servido para intercambiar fondos con las de Granados y su socio. Se trataba de Cotazur, que pertenecía al empresario ya fallecido Jesús Roa Baltar, y Algaba, del ex alcalde socialista de Alcalá de Henares Florencio Campos. Ambas cambiaron de bufetes durante los meses que mantuvieron abierto este frente judicial y, de hecho, terminaron compartiendo abogado. Otros que maniobraron en los tribunales fueron los empresarios José Conti Coll y Ricardo Díez de Pichardo, además de Probus Compagnie SA, la empresa ginebrina que gestionaba las 'fortunas' de varios de los VIP imputados ahora por el blanqueo.
