Los últimos avances en la investigación en el 'caso Púnica' vuelven a cruzar esta causa con el sumario de la trama 'Gürtel'..., pero también a salpicar al consejero madrileño Jaime González Taboada, 'número 3' del gobierno de Cristina Cifuentes. La Guardia Civil analiza con detalle los expedientes de adjudicación para la construcción en Valdemoro, epicentro de la red de corrupción presuntamente liderada por Francisco Granados, de una biblioteca y un centro lúdico que costaron al erario 9,5 millones de euros. Su materialización recayó en Begar Construcciones y Contratas SL, del empresario Luis Ulibarri, imputado en Gürtel por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. La financiación corrió a cuenta del Plan Regional de Inversiones y Servicios (Prisma) de la Comunidad de Madrid, un programa de obras públicas que dependía del entonces director general de Cooperación con la Administración Local, González Taboada.
Los dos equipamientos de Valdemoro fueron financiados gracias al Plan Prisma de la Comunidad de Madrid que gestionaba el hoy consejero de Medio Ambiente
Se trata, en concreto, del Centro Lúdico El Restón y de la Biblioteca Municipal Ana María Matute. El primero, inaugurado en abril de 2005, costó 5,3 millones de euros y fue presentado en su día como "un renovado impulso" a la vida cultural de esta localidad del sur de Madrid de 70.000 habitantes. Una sala de estudio y lectura, una biblioteca para niños y otra para adultos, un punto de información juvenil, un servicio de acceso público a internet con 17 puestos informáticos, un café teatro, dos salas de ensayo insonorizadas para grupos de música, tres salas para uso de asociaciones y colectivos de Valdemoro, un despacho para el Policía local, una cafetería y diferentes dependencias municipales era el equipamiento a cuyo corte de cinta acudió la entonces presidenta Esperanza Aguirre. Ocho años después, y para reducir gastos, se planteó convertirlo en sede de los juzgados de la localidad.
La entonces máxima mandataria de la Comunidad de Madrid también se encargó de la inauguración del segundo equipamiento bajo sospecha. Fue el 2 de enero de 2008. Aquel día Aguirre cortaba la cinta de una biblioteca de "apariencia minimalista", como destacaban las notas oficiales, que había costado 4,2 millones de euros de fondos públicos. El entonces equipo de gobierno 'popular' del municipio encabezado por José Miguel Moreno Torres, sucesor de Granados en la alcaldía y también imputado en la causa, alabó en las notas oficiales la capacidad del equipamiento para albergar hasta 70.000 volúmenes y la existencia de más de 300 puestos de lectura repartidos por sus más de 2.000 metros cuadrados de superficie.
González Taboada y Begar SL
La mano que cortó la cinta y la localidad donde se asientan la biblioteca y el centro lúdico no son, sin embargo, las únicas coincidencias entre ambas infraestructuras ahora bajo sospecha. De hecho, ambas fueron financiadas por el Plan Prisma de la Comunidad de Madrid, un proyecto de inversiones en los municipios madrileños bajo la lupa de los investigadores desde que David Marjaliza, cabecilla confeso de la trama, decidiera tirar de la manta. Según fuentes cercanas a la investigación, él fue quien señaló, entre otros, a González Taboada como uno de los cargos públicos con supuestos vínculos con la red de corrupción. Una relación que presuntamente tiene que ver, precisamente, con el papel que el político tenía sobre los fondos de dicho plan ya que, como director general de Cooperación con la Administración local de los Ejecutivos de Aguirre e Ignacio González, el ahora consejero de Medio Ambiente tenía capacidad para decidir a qué obras se dedicaba dicha partida millonaria. En aquella época, el propio Granados aseguraba llevarse "fenomenal con Jaime", según consta en intervenciones telefónicas del sumario de Púnica.
La biblioteca y el centro lúdico fueron construidos por Begar SL, salpicada por la trama Gürtel y adjudicataria aquellos años de otras obras de la Comunidad de Madrid por 33 millones
El pasado 16 de septiembre, el juez Eloy Velasco decidió 'trocear' la investigación del 'caso Púnica' en doce piezas separadas para agilizar el proceso. Una de ellas, la octava, recibió el nombre de "Granados y colaboradores" en el auto con el que el magistrado comunicaba su decisión. Según fuentes cercanas a la investigación, es en ella donde se ha incluido todo lo relacionado con González Taboada, a quien su condición de aforado como miembro del Ejecutivo autonómico y miembro de la Asamblea de Madrid impide imputarle e investigarle directamente. Siempre según fuentes cercanas a las pesquisas, es es esta parte del sumario donde se ha incluido el análisis sobre las obras financiadas con el Plan Prisma y, por tanto, también la construcción de la biblioteca y el centro lúdico de Valdemoro.
La otra coincidencia entre ambos equipamientos es la empresa que recibió el encargo para llevarla a cabo. Tanto la Bilbioteca como el Centro Lúdico fueron encargados a Begar Construcciones y Contratas SL, una mercantil que en la segunda etapa del sumario del 'caso Gürtel, la que todavía instruye el juez José De la Mata, aparece mencionada en multitud de ocasiones. Esta sociedad es propiedad del empresario castellano leonés Luis Ulibarri, imputado en dicha causa por sus supuestas relaciones con la trama que encabezaba Francisco Correa. Por las obras que ahora investiga el juez Velasco, la constructora recibió 9,5 millones de euros, pero no fueron, ni mucho menos, las únicas que facturó a la Comunidad de Madrid en el periodo 2004-2008. En esos cinco años, resultó adjudicataria de otras obras por un valor cercano a los 33 millones de euros.
VALDEMORO, PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE GÜRTEL Y pÚNICA
El pasado 8 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, dictaba un auto dentro del sumario de la Gürtel en el que pedía información sobre una de las empresas de David Marjaliza, presunto cabecilla de la red destapada en la Operación Púnica. En concreto, el magistrado reclamaba a un Juzgado de Instrucción de la localidad madrileña de Parla todas las diligencias que hace cinco años inició contra Vancouver Gestión SL por la posible comisión de diversos delitos contra la Hacienda Pública. Esta mercantil es una de las piezas claves del entramado del socio de Francisco Granados y objeto de pesquisas por parte de su colega en la Audiencia Nacional Eloy Velasco. No era la primera vez que ambas causas 'se cruzaban'. De hecho, el 'caso Púnica' incluye un pelotazo dado por esta misma mercantil en Valdemoro que en su día ya estuvo bajo la lupa del antecesor de De la Mata, el juez Pablo Ruz.
Se trataba de una operación urbanística de 15 millones de euros en Las Zanjas Norte, uno de los ensanches de Valdemoro. En mayo de 2013, el magistrado pidió información sobre aquel sospechoso pelotazo que había sido denunciada por la oposición socialista en el consistorio tres años antes pero que parecía haber quedado en el olvido. El juez Ruz solicitaba a la empresa Vancouver Gestión SL que le remitiera toda la documentación relativa a la compraventa de la parcela así como sus operaciones con la constructora castellano leonesa Teconsa, también salpicada por Gürtel. Las sospechas se centraban en la apresurada modificación que el Gobierno municipal del PP hizo del plan urbanístico y que permitió a Marjaliza multiplicar por tres sus beneficios.
Sin embargo, aquella línea de investigación reactivada por Ruz pareció quedar de nuevo en el olvido hasta que su colega Eloy Velasco inició la 'Operación Púnica' y reclamó el pasado 28 octubre, un día después de las detenciones, toda la documentación sobre dicho pelotazo a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, un organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente donde los ayuntamientos de la región deben depositar copia de sus planes urbanísticos. Los agentes reclamaron, en concreto, el expediente R9-N de fecha del 30 de noviembre de 2006 que fijaba dicho desarrollo porque sospechan que fue uno de los 'pelotazos' urbanísticos que permitieron tanto al constructor como a su amigo político conseguir parte del dinero que luego acabó en las cuentas en Suiza descubiertas.
