Ya lo apuntó la propia Esperanza Aguirre en su rueda de prensa improvisada de este jueves a las puertas de Génova 13. El registro que los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acababan de realizar por orden del juez Eloy Velasco no era el primero que se realizaba en los últimos meses en la sede del partido en el transcurso de las investigaciones de la 'Operación Púnica'. Los agentes ya habían acudido en otras dos ocasiones al mismo edificio que ya ordenara el juez Pablo Ruz registrar en 2013 por el 'caso de los papeles de Bárcenas'. En una de esas 'visitas' hasta ahora desconocida, requirieron varios contratos del propio PP regional. En la segunda, realizaron un volcado de los servidores informáticos para intervenir los correos electrónicos de Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, y otros dos destacados miembros del partido imputados también en la causa, según confirman a Vozpópuli fuentes cercanas a la investigación.
El pasado 17 de julio, el juez Velasco envió a la Guardia Civil a volcar de los servidores del PP los correos electrónicos de Granados y sus dos sucesores
Esta última se produjo, en concreto, el pasado mes de julio, según se recoge en la parte del sumario de la que recientemente se ha levantado el secreto. En este caso fue una petición de la propia Guardia Civil quien movió al magistrado a autorizar el desplazamiento de los agentes al céntrico edificio para requerir la documentación. En concreto, el contenido de las cuentas de correo electrónico "corporativas" de Granados y sus dos sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro: José Miguel Moreno Torres, quien durante la pasada Legislatura fue parlamentario en la Asamblea de Madrid, y Juan Carlos Boza Lechuga. Ambos están también imputados ('investigados' según la nueva terminología impuesta por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Contratos del PP de Madrid
Los investigadores hicieron dicha solicitud al juez el 14 de julio mediante un oficio. El magistrado dictó al día siguiente el auto por el que autoriza la diligencia, además de un mandamiento al PP para que facilitase la labor de los agentes. Dos días más tarde se realizó sin que transcendiera a la prensa hasta ahora. La segunda ocasión en la que los agentes acudieron a Génova 13 fue para requerir al partido varios contratos firmados por el PP de Madrid. Las fuentes consultadas no han concretado cuándo se produjo finalmente dicha visita. No obstante, otras fuentes aseguran que también tienen que ver con la búsqueda de indicios de la supuesta financiación irregular de la formación regional que dirige Esperanza Aguirre.
En la segunda visita, la UCO requirió al PP de Madrid varios de sus contratos en busca de indicios de financiación irregular
De hecho, el registro de este jueves, en el que los agentes requisaron documentación del despacho que ocupaba Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid hasta su imputación por las 'tarjetas black', buscaba, precisamente, eso: indicios sobre una supuesta 'caja B' del partido en Madrid que se nutría con las 'mordidas' que daban empresarios a cambio de supuestas adjudicaciones. La agenda con anotaciones manuscritas intervenida a Francisco Granados, y cuyo contenido ayudó a desentrañar el constructor David Marjaliza, así lo sugieren. Por ello, los registros se extendieron también al domicilio del miembro del partido y a la vivienda y dos despachos de Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y miembro del consejo de OHL. El magistrado sospecha que este último supuestamente hizo 'donaciones' irregulares a través del cabecilla de la trama Púnica.
ENCUESTAS Y FIESTAS PATRONALES
Los investigadores están convencidos que las supuestas entregas de dinero de empresarios a cambio de adjudicaciones no eran la única vía de financiación irregular del PP de Madrid en los tiempos en los que Granados fue su secretario general. De hecho, las investigaciones del 'caso Púnica' han encontrado indicios de, al menos, otras dos. Una de ellas era mediante el pago de encuestas electorales por parte de grandes empresas constructoras a las que luego se les adjudicaban contratos públicos en los municipios controlados por la trama. Entre los documentos que se han incorporado a la causa figuran media docena de empresas, entre ellas, FCC y Urbaser, además de Cofely GDF-Suez, que presuntamente camuflaban los sondeos de intención de voto bajo la apariencia de estudios socioeconómicos con la presunta complicidad de la consultora TNS, encargada siempre de ejecutar las encuestas.
La otra vía era supuestamente la adjudicación de los conciertos para las fiestas patronales a la empresa Waiter Music, cuyo propietario, José Luis Huerta, también está imputado en la causa. A cambio de ello, esta compañía se encargaba de montar los actos de campaña de partido presuntamente a coste '0'. Un informe de la Guardia Civil presente en el sumario ya apunta a que "en algunos casos incluso hay evidencia documental de que el coste de dichos eventos habría sido incluido de forma fraudulenta cargando los importes en facturas vinculadas a contratos públicos de fiestas locales". Esta empresa fue también la que montó una fiesta de cumpleaños a todo lujo a Francisco Granados de manera supuestamente gratuita.
