La 'Operación Púnica' que ha permitido desmantelar una supuesta trama de corrupción en la que participaba Francisco Granados, antiguo 'número 2' de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, afecta de modo especial a una multinacional: Cofely GDF Suez, una empresa con matriz francesa dedicada a la eficiencia energética. De hecho, cuatro de sus directivos han sido detenidos, entre ellos su director general en España, el ciudadano galo Maurice Didier. Junto a él, también han sido arrestados Constantino Álvarez, jefe comercial; Pedro García Pérez, del mismo departamento, y José Antonio Hernández Pérez, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Vozpópuli. La sede la compañía, en la que trabaja Miguel Ángel Villanueva, exvicealcalde en el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella, ha sido registrada y la Guardia Civil ha intervenido abundamente documentación en papel y en soporte informático.
La empresa presume en la página web de haber firmado numerosos contratos en los últimos meses en la Comunidad de Madrid por un total de 181 millones de euros
Según las primeras investigaciones, los dos presuntos 'conseguidores' de la trama, los también empresarios David Majarliza, amigo de la infancia de Granados, y Alejandro de Pedro Llorca, director general de la empresa Estrategia de Identidad y Comunicación Online (EICO), habían conseguido presuntamente que los seis alcaldes detenidos en la macrorredada de este lunes y el actual presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, contrataran a la multinacional para poner en marcha proyectos de eficiencia energética en sus municipios e instituciones. A cambio, supuestamente cobraban una comisión que iba del 2 al 3% del importe final de los millonarios contrato.
181 millones en contratos públicos
La propia página web de la multinacional refleja algunos de estos contratos ahora bajo sospecha. Así, destaca como uno de sus últimos logros el firmado con José María Fraile, también detenido y alcalde socialista de Parla, un municipio del sur de Madrid de 124.000 habitantes (en la imagen de abajo, el momento de la firma entre el regidor y el también arrestado director general de la empresa, Maurice Didier). El mismo consistía en la adjudicación por 15 años y un importe cercano a los 55 millones para suministrar gasóleo, gas natural y electricidad con la promesa de conseguir unos ahorros energéticos al municipio cercanos al 40% en el alumbrado público y de más del 6% en el consumo eléctrico de los edificios municipales. El mismo iba a afectar a un total de 92 edificios, 154 centros de mando y 10.348 farolas, así como a 51 cruces regidos por semáforos. "Este es el tercer contrato de estas características que Cofely ha firmado con la Comunidad de Madrid en los últimos meses", presumía la multinacional.
De hecho, según los datos recabados por los investigadores, en los últimos dos años, el periodo investigado por Anticorrupción, Cofely España ha obtenido contratos públicos por una cifra superior a los 181 millones de euros sólo en esta región. Así, el pasado julio, el consistorio de Móstoles adjudicó a esta empresa uno de más de 73 millones para suministro y el mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos del municipio. Unos meses antes, en febrero, fue el Ayuntamiento de Valdemoro quien le otorgó un contrato de más de 60 millones por idénticos servicios energéticos que incluían el mantenimiento de los inmuebles municipales y del alumbrado público. Otro consistorio investigado en el marco de esta operación, el de Collado Villalba, adjudicó en junio de 2014 uno de casi 43 millones a esta empresa por servicios similares. De hecho, los expedientes de dichas adjudicaciones y los contratos firmados posteriormente han sido reclamados por los agentes de la UCO en todos los ayuntamientos que han registrado a lo largo de la jornada.
