La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha acordado este lunes mantener abierta la solicitud de ayuda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) para velar por el castellano, aplicar el principio de legalidad y el estado de Derecho en el sistema educativo catalán.

Tras un encendido debate entre los eurodiputados españoles, la comisión presidida por la 'popular' Dolors Montserrat ha aprobado instar al Gobierno de España a garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes reconocidos en la sentencia del TSJC de 16/12/2020 que pide cumplir con un mínimo del 25% de clases en castellano, tal y como pedía la AEB. Además, la PETI emplazará al Ejecutivo de Pedro Sánchez a adoptar las medidas y recursos necesarios para hacer cumplir con el fallo a las autoridades catalanas.

La petición de la asociación que preside Ana Losada incluía una propuesta para que la Eurocámara acordase desplazar una misión de europarlamentarios para al inicio del curso escolar 2022-23 que pudiese comprobar in situ que la sentencia sobre el castellano se aplica correctamente en todos los centros educativos y que los alumnos catalanes son escolarizados con el catalán y el castellano como lenguas vehiculares. Asimismo, el equipo de la AEB pedía a la comisión proponer la creación de un comité de expertos que se desplace a Cataluña a efectos de evaluar el nivel de cumplimiento de las resoluciones judiciales en relación con el sistema educativo catalán. Ambas iniciativas serán evaluadas por los coordinadores de PETI, quienes serán los encargados de votar si salen o no adelante.

La Comisión Europea, por su parte, defiende que no tiene competencias en materia educativa"

Es la tercera vez que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate sobre el asunto del castellano. Y es la tercera vez que la Comisión Europea, por su parte, defiende que no tiene competencias en materia educativa. "Es una cuestión interna que ha de dirimirse en el marco constitucional español, es competencia del estado miembro", ha reiterado Rajka Lozo.

No obstante, Lozo recordó los artículos 117 y 118 de la Constitución española. El primero indica que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

El segundo a que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".

Escolarización en castellano

Losada, presidenta de la AEB, ha trasladado a los presentes que la Generalitat quiere hacer imposible la ejecución de una sentencia que pondría fin a 30 años de vulneración de los derechos lingüísticos de los alumnos catalanes, que tienen derecho a ser escolarizados también en castellano.

"Lamentablemente, hasta ahora, el Gobierno de España ha mantenido un sospechoso silencio. El Artículo 2 de los Tratados de la Unión Europea, declara que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres", ha advertido.

La representante de la AEB ha relatado el acoso recibido por la familia de Canet de Mar que pidió un 25% de clases en castellano para su hija de cinco años, así como las distintas declaraciones realizadas por las autoridades catalanas sobre su intención de incumplir con la sentencia del TSJC. "Venimos a Europa porque no confiamos en las instituciones españolas. El problema sigue después de 30 años. Pedimos una ayuda a Europa que no encontramos en las autoridades catalanas", ha insistido.

Apoyos y rechazos

La petición para proteger el castellano ha recibido el apoyo del Partido Popular Europeo, Renew (el grupo en el que se integra Ciudadanos) y ECR (el eurogrupo de Vox), pero ha recibido el rechazo de los socialistas, nacionalistas y los verdes. Desde las filas del PSOE han asegurado que se trata de una petición "preventiva" y de "una violación de derechos preventiva". "Aún no ha finalizado el tiempo de ejecución de la sentencia", ha defendido el socialista Javier López.

"Ha trasladado varios comentarios de políticos catalanes, pero no los hechos sobre este mismo tema. Ha habido más de 50 sentencias y las autoridades catalanas siempre han aplicado estas sentencias. Se han aplicado sigilosamente, pero se han aplicado", sostiene López. Un argumento que ha sido rebatido por parte de la presienta de la AEB y de los eurodiputados Jordi Cañas, Maite Pagazaurtundúa y Rosa Estaràs.

Es la tercera vez que discutimos sobre esta cuestión desde 2018. Esta comisión ha recibido 5.400 peticiones y hemos debatido sobre menos del 10%", cuestiona el socialista Javi López

López ha hecho hincapié en que la Comisión Europea "nos recuerda por tercera vez que estamos ante una decisión que no compete a las autoridades europeas". "Es la tercera vez que discutimos sobre esta cuestión desde 2018. Esta comisión ha recibido 5.400 peticiones y hemos debatido sobre menos del 10%. Es la tercera vez que debatimos sobre esto: seamos cuidadosos, no vaya a ser que alguien pudiera pensar que se hace un uso político", ha criticado.

Cristina Maestre Martín d Almagro, también del PSOE, ha pedido cerrar la petición sobre la vulneración de los derechos de los castellanoparlantes de la AEB. "Pido que hagamos valer el peso que tiene esta comisión de Peticiones. Se fuerza a martillazos la alusión al Gobierno de España en algo donde tampoco tiene competencias. No hay caso y hay que cerrarlo", ha declarado.

Críticas a la Comisión Europea

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha asegurado que se trata de una cuestión de "derechos fundamentales y de menores". "Los derechos se defienden una y otra vez hasta que se consiguen y se respetan. Los derechos en una democracia donde impera el estado de derecho son de los ciudadanos. El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia de obligado cumplimiento y una administración ha anunciado públicamente que no va a cumplir con ella... Y la Comisión Europea hablando del sexo de los ángeles", ha criticado Cañas.

Su compañera de filas, Maite Pagazaurtundúa, ha espetado a los eurodiputados del PSOE que "existe un histórico de incumplimientos de sentencias del TC en esta materia". "Quiero recordárselo. Ya no es una cuestión meramente lingüística [...] La Comisión Europea es guardiana de los Tratados de la UE y sus instituciones han de hablar a los gobiernos. Es una cuestión de estado de derecho y el Gobierno se hace el distraído", ha sentenciado.

Hermann Tertsch, de Vox, ha señalado que "resulta inaudito que la Comisión Europea diga que no tiene competencias en Educación cuando machaca a Hungría y Polonia". "Basta de políticos separatistas mutilando la educación de nuestros hijos. ¿Cómo va a haber libertad cuando se manda apedrear una casa?", ha planteado en una intervención en remoto.

Comín defiende la inmersión en catalán

El ex consejero del Gobierno catalán Toni Comín también ha estado presente durante la sesión para defender el modelo de inmersión lingüística en catalán. Comín defiende "el catalán como lengua vehicular en la escuela". "Sin esta garantía, el bilingüismo simétrico que existe ahora se deslizará a un bilingüismo asimétrico a favor del castellano", considera. El ex consejero ha aprovechado su intervención para hablar en catalán pese a que la presidenta de la comisión, Dolors Montserrat, le ha recordado que la lengua catalana no figura entre las oficiales de la UE y que su discurso no estaba siendo traducido.

Diana Riba i Giner, de Los Verdes, ha coincidido con los socialistas en que aún no se ha agotado el plazo para acatar la sentencia judicial del TSJC. "El Parlamento Europeo no puede convertirse en un escenario de conjeturas y suposiciones", ha dicho. Además, ha acusado al PP y a la asociación peticionaria de "crear un problema donde no existe". "Creen que pueden conseguir un voto más a costa de nuestra convivencia". Para Riba i Giner, la petición responde a una "cruzada histórica del nacionalismo español por la uniformidad del estado".

La eurodiputada del PP Rosa Estarás ha recriminado a Comín que "para hacer daño a una lengua hay que hacer lo que ustedes hacen: imponerla, vincularla al independentismo e ideologizarla". "Cuando hacen esto, la que mas sufre es la lengua", considera Estarás. "Hay una sentencia del Tribunal Supremo que pide que ninguna de las dos lenguas esté por debajo del 25% . ¿Cuántos centros cumplen eso? Cinco de 184. La AEB viene a esta comisión a pedir ayuda porque no es escuchada ni por el Gobierno de Cataluña ni por el de España", ha zanjado.