Los republicanos tienen claro que para que CiU desarrolle el programa electoral con el que ha concurrido a las urnas debe contar con un fuerte respaldo político en el nuevo Parlamento que se constituya a finales de diciembre. ERC está dispuesta a brindárselo y ya ha comenzado a poner condiciones sobre la mesa. Según fuentes seguras, una de ellas es la creación en Cataluña de un impuesto a las entidades financieras que gravaría con un 0,5% los depósitos domiciliados en esta comunidad. El primer paso lo dio Extremadura en 2002, posteriormente Andalucía en 2010 y después Castilla-La Mancha en 2011. Ahora, el Tribunal Constitucional acaba de avalar el paso que dio hace diez años la administración que presidía el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, circunstancia que ha envalentonado también al Gobierno asturiano para seguir el mismo ejemplo.
Con el impuesto que grava con un 0,5% los depósitos bancarios, Extremadura ingresará ahora 240 millones de euros y Cataluña puede seguir su ejemplo
El argumento que ha trasladado a CiU la formación republicana que preside Oriol Junqueras es muy sencillo: de los recortes que se avecinan para que Cataluña cumpla el año que viene el objetivo de déficit del 0,7% del PIB deben quedar fuera la sanidad y la educación. Para encarar otros ajustes no habrá otra que subir impuestos y la Banca no puede permanecer al margen del esfuerzo. El Tribunal Constitucional mantiene para respaldar este impuesto que se trata de un gravamen directo vinculado a la capacidad económica “puesta de manifiesto por las entidades de crédito por la captación de fondos”. De esta forma, desbarata el recurso tramitado en su día por el Gobierno de José María Aznar contra esta medida, como es previsible que también lo haga en breve contra los que interpuso el PP en Andalucía y Castilla-La Mancha. Los populares buscaban que el Constitucional concluyera que un impuesto así vulnera el principio de territorialidad a la hora del reparto de las competencias tributarias y grava un hecho imponible sujeto al IVA.
Está claro que el PP no se ha salido con la suya, pero el Gobierno ha advertido que consultará a las instituciones europeas ya que la introducción de este tipo de impuestos escapa, en su opinión, al ámbito español y es solo materia comunitaria.
Los republicanos tensarán la cuerda hasta el final, por lo que la formación del nuevo Gobierno catalán puede retrasarse hasta enero
Esquerra Republicana ha aprovechado la ocasión y se ha subido al carro en un momento en el que la Banca puede empezar a salir del túnel y cuando ya pesa poco su argumento de que un castigo de esta naturaleza puede generar una fuga de depósitos a otras comunidades. El ex presidente extremeño Rodríguez Ibarra, que tiene poco o nada de republicano, ha comentado estos días que “el impuesto a la Banca es más eficaz que robar carritos en los supermercados”, avalando no solo la decisión que tomó hace una década, en una coyuntura económica sin parangón con la actual, sino también que el dinero atrasado, que ha ido siendo depositado por las entidades financieras en forma de avales, sirva para abonar la paga extra a los funcionarios, como ha defendido su sucesor en el cargo, el popular José Antonio Monago. Con estos avales, Extremadura ingresará ahora 240 millones de euros, el volumen de la recaudación impositiva correspondiente a una década.
Las exigencias que los republicanos están poniendo sobre el tablero de CiU explican que una parte de los empresarios y financieros que operan en Cataluña eleven estos días sus oraciones a favor de un pacto de CiU con los socialistas, un escenario poco probable a la vista del empeño que Artur Mas y Oriol Junqueras han puesto para que la negociación llegue a buen puerto. ERC apurará las negociaciones hasta el final, lo que retrasará probablemente la formación del nuevo Gobierno catalán hasta enero.
