Si algún día la incisiva Mafalda decidiese rebautizar a su tortuga Burocracia, a buen seguro que en la Audiencia Nacional le falicitarían un nuevo nombre digno de tan parsimonioso animal: macroproceso. ¿Que qué es eso? Simplemente, cualquier sumario capaz de acumular mes tras mes, año tras año, tal número de tomos por culpa del elevado número de imputados y la complejidad de los delitos que investiga que amontonados en el túnel de la instrucción judicial harían imposible ver la luz de su conclusión. Son investigaciones que obligan a los jueces que las dirigen a dedicar gran parte de su jornada laboral sin saber cuándo ni cómo acabaran, y, ni siquiera, si serán ellos quienes las concluyan. Muchos de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional tienen uno. Algunos, como el que preside el magistrado Fernando Andreu, tiene al menos dos. ¿Demasiado trabajo para él?
Lo cierto es que este juez, que desde hace unos meses parece atraer como los imanes al hierro los sumarios más mediáticos, no es un novato en esto de instruir casos complicados. En sus años al frente de un juzgado de San Sebastián dio los primeros pasos del caso Lasa y Zabala, e, incluso, le metió mano al célebre informe del fiscal Navajas, aquel que apuntaba a la supuesta existencia de corruptelas policiales al amparo de la lucha contra el terrorismo. Incluso, desde que aterrizó en la Audiencia Nacional hace algo más de diez años para sustituir al polémico Carlos Dívar, sabe lo que es bregar con casos complejos como varios de los seguidos contra las mafias rusas y el de los piratas somalíes que asaltaron el pesquero Playa de Bakio, sin olvidar causas de jurisdicción universal como una denuncia por un bombardeo israelí en Gaza en 2002 o el proceso contra 40 dirigentes ruandeses por delitos de lesa humanidad.
Con este entrenamiento, el juez Andreu se enfrenta ahora al reto que supone tener dos macroprocesos de aspecto eterno que han aterrizado en su mesa con pocos meses de diferencia. El primero es el abierto tras la denuncia por supuestas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia, uno de esos sumarios que asusta por sus cifras y por la consiguiente lentitud con la que se tramitará. No hay que olvidar que es un caso que arranca con más de treinta imputados y que cuenta además con multitud de acusaciones particulares y populares personadas, además de la Fiscalía. Eso significa que cerca de sesenta abogados en representación de todos ellos intentarán justificar sus emolumentos --algunos muy elevados-- presentando recursos, alegaciones y lo que se tercie con un objetivo muy claro: alargar el proceso diez años o más para que al final, si alguien se sienta en el banquillo, la sociedad española recuerde vagamente por qué está allí.
Y, por lo que se lleva de instruído, parece que lo están consiguiendo. Aún no ha podido tomar la primera declaración a todos los imputados (terminará el 20 de diciembre con Rodrigo Rato) y el sumario tiene ya más de veinte tomos además de otros cien de documentación diversa. Y eso que aún no han empezado a emitirse los informes periciales, esas opiniones de expertos tan importantes en las causas que se siguen por delitos económicos, que siempre van aparejadas de contrainformes, requeteinformes y más-allá-informes encargados por las diferentes partes para contradecir aquellos pedidos por el juez cuyas conclusiones no convengan a los intereses de sus clientes. Lo dicho. Hay sumario Bankia para rato. Les aconsejo que se sienten.
Algo similar puede ocurrir con el otro gran sumario que ha caído en sus manos: la Operación Emperador, esa investigación que ha conseguido desmantelar la mayor red de blanqueo de dinero ligada a la mafia china nunca descubierta en España. Todo un éxito policial y judicial que, sin embargo, también apunta a culebrón en los tribunales. Por el momento ya hay un centenar de imputados y la documentaciòn intervenida en los registros se mide, literalmente, en camiones. Y, por si fuera poco, el caso amenaza con extenderse. Como contamos hoy en este mismo diario, Andreu va a abrir en breve una pieza separada, algo así como un hijo de la causa, para procesar en ella a los aproximadamente 50 empresarios españoles que utilizaba la trama para mantener lejos de las garras de Hacienda su dinero. Con ellos, ya serían 150 los inculpados. Un nuevo Everest judicial en el que de nuevo el papeleo se va a contar por quintales... y todo ello en manos de un sólo juez.
El primer efecto de la amplitud de la causa se vio hace unos días, cuando tres compañeros de Andreu, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, decidieron excarcelar a una veintena de los detenidos tras interpretar de un modo peculiar el límite de las 72 horas máximas de detención. Durante días, el juez ha debido responder y argumentar por separado las decenas de recursos presentados por los abogados de los detenidos a sus autos de prisión. Trabajo extra para un juez que, además de estos dos macroprocesos, tiene que instruir un buen puñado de otros casos, no tan mediáticos, pero que también tienen su carga de abogados, interrogatorios, recursos, pruebas periciales y decisiones que tomar. ¿Alguien tiene alguna duda quién ganaría en una carrera entre la tortuga Burocracia y un macroproceso?.
