Rajoy ha comparecido ante los medios tres días después de celebrada la consulta catalana y lo ha hecho para justificar la actuación del Gobierno. “Hemos defendido la legalidad, hemos actuado de forma proporcionada y hemos evitado mayores tensiones”, ha dicho el presidente, convencido de que los promotores del referéndum buscaban que el Ejecutivo respondiera a la provocación con más provocación, facilitando fotos, como por ejemplo la de los policías retirando las urnas, que hubieran dado la vuelta al mundo.
El presidente admite que la repercusión internacional del 9-N era uno de los aspectos que más preocupaban al Gobierno
El presidente ha dado a entender que seguirá afrontando el problema con la misma actitud. Tanto es así, que en su agenda no figura la posibilidad de suspender la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el mismo que concede competencias al Gobierno para tomar esta medida extraordinaria en el supuesto de que una comunidad incumpla las obligaciones que le impone el propio ordenamiento constitucional. En ese caso, el Gobierno podría requerirla para que cumpla y si este requerimiento no es atendido, puede pedir autorización al Parlamento para imponer este cumplimiento. Esta autorización incluye la atribución al Ejecutivo de la facultad de dictar instrucciones de obligado cumplimiento a las autoridades de la comunidad autónoma.
Pero nada de esto está, de momento, en la cabeza de Rajoy. Preguntado por esta posibilidad, ha respondido: “El Gobierno optó por la prudencia el pasado domingo y por una respuesta sensata y equilibrada. Hemos defendido la legalidad, hemos recurrido en dos ocasiones al Constitucional y nos ha dado la razón, las decisiones que se tomen deben guardar proporcionalidad y mesura. Probablemente, algunos de los promotores de la consulta buscaban otras fotos pero, al final, tuvieron el eco que tuvieron”. La repercusión internacional del 9-N era uno de los aspectos que más preocupaban al Gobierno, persuadido de que la forma de evitarla era no echando gasolina al fuego, es decir, en palabras de Rajoy “no añadiendo tensiones”.
El presidente ha tendido la mano al diálogo al presidente de la Generalitat, pero le ha vuelto a advertir de que nunca podrá servir para cuestionar la soberanía del pueblo español ni tampoco para negociar decisiones a las que han dado la espalda, el pasado domingo, dos tercios de la sociedad catalana, precisamente los que no acudieron a votar o los que lo hicieron de forma contraria a los deseos de los organizadores del referéndum.
Rajoy ha señalado a Artur Mas el camino que tiene para proponer una reforma constitucional en la que se incluya “el derecho de autodeterminación”. Primero tendrá que pasar por una aprobación en el Parlamento catalán y, con posterioridad, en el Congreso de los Diputados. “Él sabe que no tiene apoyos para recorrer este camino”, ha sentenciado.
También ha emplazado al PSOE a precisar la reforma de la Constitución que propone y el modelo de Estado federal que propugna. El presidente sigue sin ver el momento para encarar esta aventura, pues considera que sería un error afrontarla por presiones del soberanismo catalán y con unas fuerzas políticas que encontrarían serias dificultades para encontrar puntos en común.
Rajoy se distancia de las acciones que tome la Fiscalía contra Mas y varios miembros de su Gabinete
Por último, Rajoy ha interpretado lo ocurrido el 9-N como un “fracaso del proyecto independentista”. Ha quedado claro, en su opinión, que hay más catalanes que apuestan por seguir perteneciendo a España que por lo contrario.
Ahora hay expectación por ver el alcance de la querella que prepara la Fiscalía contra Artur Mas y los integrantes de su Gobierno que participaron de forma activa en la organización de la consulta, asunto sobre el que el presidente ha establecido intencionadamente una clara distancia. “No he dado instrucciones a la Fiscalía sobre lo que debe hacer, respeto sus decisiones, al igual que las de los jueces”, ha comentado al ser preguntado si lo que busca el Ejecutivo, en última instancia, es la inhabilitación de Artur Mas y el entierro de su carrera política.