"La interposición de sociedades -a modo de capas de cebolla- que simularían la existencia de prestaciones de servicio, disimulando transacciones aparentemente del todo irregulares, conseguirían que los capitales destinados al Palau de la Música acabaran financiando las actividades de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), además de enriquecer a particulares".
Así de contundente se muestra el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que la Policía entregó al juez del 'caso Palau' y al que ha tenido acceso el diario 'ABC'.
Los documentos intervenidos demuestran que Ferrovial-Agromán descontaba un 4% a las adjudicaciones millonarias que recibía para destinarlo al Palau de la Música. Después, ese dinero se repartía entre CDC -que recibía un 2,5%- y el presidente del Palau, Félix Millet, -que recibía una comisión del 1,5%-. Como era de esperar, este asunto no tiene cabida en la campaña electoral de Artur Mas.
El informe policial describe el modus operandis de esta trama durante años. "Existe un desvío de fondos cuantiosos cuya génesis está en la constructora Ferrovial-Agromán que, de una forma ilógica, financiaría con ingentes peculios la actividad del Palau de la Música, sobre la base de que estos envíos se refinanciarían a una serie de concesiones administrativas favorables a la misma".
Esta investigación sirvió para imponer una fianza de 3.297.079 euros al partido de Artur Mas y Jordi Pujol, que debió poner como aval su sede de Barcelona en caso de haber responsabilidad penal.
Una década de corrupción
A pesar de que la investigación judicial se centra en un periodo de seis años, los documentos hallados en 2009 demuestran que los casos de corrupción comenzaron a finales de los años 90, como atestigua una carta enviada por Millet en 1999 al entonces tesorero de Convergencia, Carles Torrent:
<<El motivo de estas líneas es solicitar tu ayuda para que se adjudique alguna obra a Agromán, dado que estamos muy atrasados y empiezo a tener problemas. Te adjunto el proyecto de obra para la construcción de la estación depuradora de aguas residuales de L'Escala (Girona) donde han quedado muy bien situados. Te agradecería que hicieras lo imposible por tratar de solventar este tema">>, concluía la misiva.
La cantidad real a la que asciende el desvío de fondos sigue siendo la gran incógnita del caso, máxime cuando se calcula que más de ocho millones siguen en paradero desconocido. Hacienda lo cifró en 2010 en más de 19 millones de euros pero Deloitte, la auditora designada por la nueva dirección de la institución, cifró el fraude en 35,1 millones de euros: 17,5 millones desviados a la Fundación Palau, 13 millones al Orfeón Catalán y 4,6 millones al Consorcio.
