Si hay una consecuencia para España y el caso de Cataluña que ha dejado el referéndum separatista celebrado en Escocia, ésa es la aparición en el horizonte patrio de una eventual mimetización de la "devolutio". Los secesionistas escoceses han despertado de su sueño con un 'no' incontestable a la independencia (55,3% de los votos frente a un 44,7%), pero han arañado el compromiso del premier británico, David Cameron, de ver ampliado su nivel de autogobierno, con esa devolución de poderes, o reintegro de competencias autonómicas, como dicen los analistas referidos al caso español. Y lo han conseguido no sólo para su territorio, sino también para Gales, Irlanda del Norte y las regiones de Inglaterra, abriendo una especie de proceso semiconstituyente.
Salvando las distancias con el problema catalán (los 'indepes' del dimitido Alex Salmond aspiraban en un referéndum legal a menores cuotas de autodeterminación que el Ejecutivo de Artur Mas), la consulta de Escocia trae consigo una descentralización histórica en el mapa territorial de Reino Unido que tendrá difícil extrapolación al tablero español si el Gobierno de la Nación no afronta una reforma de la Constitución.
En España, al analizar el nuevo escenario que se abre en las Islas Británicas (la "English Question" que acaba de acuñar el propio Cameron), los principales partidos de la oposición coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una revisión del modelo territorial que salió de la Transición. Pero, ¿será posible llegar a esta meta partiendo del momento actual?
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha avanzado que reunirá a los barones de su partido días antes del 9 de noviembre, fecha elegida por Mas para la consulta separatista, y que a partir de aquí formalizará su propuesta de reforma de la Constitución. Así, los socialistas darán impulso a la tercera vía, principal ganadora del proceso escocés, con el propósito de obligar al Ejecutivo de Rajoy a mover ficha más allá de su ofrecimiento permanente al diálogo.
Los socialistas impulsarán la tercera vía, principal ganadora del proceso escocés, para obligar al Ejecutivo del PP a mover ficha más allá de su ofrecimiento permanente al diálogo
Sin embargo, en el corto plazo de Moncloa no figura el abordar un nuevo redactado de la Carta Magna en ese sentido. Fuentes populares consultadas por Vozpópuli ven complicado que el Gobierno incorpore a su agenda una reforma de tal calado en el último tramo de este mandato. Sostienen así que las citas electorales del próximo año, como mínimo tres si hay adelanto de los comicios catalanes (además de municipales y generales), "impiden abrir este melón" antes de 2016. Las mismas fuentes afirman que "estamos ante una cuestión más propicia para una segunda legislatura", precisan.
Independientemente de que se celebre la consulta secesionista del 9-N, cualquier modificación legal en la relación Estado-Generalitat vendrá a golpe de elecciones y aquí los partidos, tanto los que están en el poder como en la oposición, saben lo que se juegan.
En caso de que Mas convoque anticipadas (las plebiscitarias también estarían fuera de la legalidad) y a poco más de un año para que se celebren las próximas generales, Rajoy no va a dejar espacio para estudiar concesiones a Cataluña. Mientras, por su parte, el Gobierno de Artur Mas tampoco van a recoger velas en sus desafío separatista. Y menos aún, ERC, socio de CiU en la Generalitat, con el viento a favor para arrasar en ambas citas si los nacionalistas protagonizan un fiasco en la consecución de su plan soberanista.
La "singularidad" de Cataluña, a debate
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se mostraba ayer convencido de que la tercera vía que ha irrumpido en Escocia se abrirá camino antes o después en Cataluña. De este modo, hacía un llamamiento a nacionalistas e independentistas a volver al consenso que fructificó en el Estatut de 2006, luego anulado en parte por el Tribunal Constitucional (TC). "Un acuerdo es lo que más une", defendió Zapatero en La Sexta, donde abogó por admitir una "mayor singularidad" de Cataluña, sin que ello vaya en detrimento de los derechos del resto del territorio español.
Como ejemplo de los "gestos de reconocimiento" a la "identidad catalana" que hizo su gabinete, ZP desveló que tanto la ubicación del término "nación" en el Estatut (al final fue en el preámbulo, sin fuerza jurídica) como la figura de la Agencia Tributaria propia o compartida (resultó una "agencia única consorcionada") fueron los aspectos que más obstaculizaron el acuerdo alcanzado con Mas (CiU) en el Palacio de la Moncloa la noche del 21 de enero de 2006.
El entonces jefe del Gobierno desbloqueaba así una situación enquistada, pero lo hacía también en clave electoral. El mandato del socialista Pasqual Maragall ya había cruzado el ecuador de la legislatura y el adelanto de las autonómicas para noviembre del mismo año llegaba tras esa negociación del Estatut, pactada entre PSOE y CiU a espaldas de ERC.
Hacia un pacto de Estado como primer paso
Zapatero señaló ayer que todavía hay margen para recuperar a los nacionalistas si se rescatan elementos del Estatut anulados por el TC y se garantizan las "competencias exclusivas" de Cataluña. Para ello, apuntó que primero es necesario un pacto entre PP y PSOE, como el escenificado en Reino Unido por conservadores, laboralistas y liberal-demócratas. Y a partir de ahí, sería momento de encarar el caso catalán y la reforma de la Constitución.
Sin embargo, como un castillo de naipes, el argumentario de Zapatero se vino abajo cuando al ser preguntado este viernes por qué no sometió a referéndum la reforma del artículo 135 de la Constitución (sirvió para limitar el déficit estructural), contestó que era algo complejo por la "proximidad" de las generales. Las elecciones, esas que dan el poder a unos y lo quitan a otros, pesan demasiado, mucho más que cualquier otra consulta a la ciudadanía.
