Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no están conformes con el actual estado de cosas, ha dicho Rajoy en el Congreso: iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. El presidente está dispuesto a dialogar sobre ello, aunque todos los que en los últimos meses han hablado con él, incluido Alfredo Pérez Rubalcaba, saben que no considera oportuno el momento para abrir este melón. A medida que se acerque la fecha del 9 de noviembre, fijada como referencia por Artur Mas para la celebración del referéndum soberanista, la presión sobre el Gobierno para que mueva ficha irá en aumento. Las palancas del apremio están cada vez más diversificadas pero últimamente se concentran en el Rey, Miguel Roca, padre de la Constitución y abogado de la Infanta Cristina, y el expresidente Felipe González. El líder del PSOE ha hablado en profundidad con los tres del problema catalán y de estas conversaciones ha extraído la síntesis en la que basa su propuesta de reforma constitucional.
Rajoy sigue sin ver el momento oportuno para abrir la reforma constitucional debido a la falta de consenso entre las fuerzas políticas sobre su contenido
Don Juan Carlos ya avisó en su último mensaje navideño de que había que “actualizar los acuerdos de convivencia”, incorporados a la Constitución. Para que no quedaran dudas, el Rey añadió que ésta debe ser la herramienta útil de partida, un logro histórico cuyo reconocimiento “no es incompatible con la necesidad de una gran tarea de regeneración y modernización para mejorar la calidad de nuestra democracia”.
Algunos líderes políticos tomaron nota del mensaje real y Rubalcaba fue el primero en proponer la creación de un grupo de trabajo en el Congreso para activar la reforma constitucional. En lo que no hay acuerdo de principio es en su contenido ni tampoco en los tiempos. Hay dirigentes de Convergencia cercanos a Artur Mas que ven posibilidades de frenar la independencia si la generosidad de la reforma albergara todos estos extremos: una cláusula para limitar la solidaridad de Cataluña con el resto de España dentro de la financiación autonómica, otra que garantizara las competencias exclusivas de Cataluña en campos tan sensibles como el de la lengua, las infraestructuras y la gestión tributaria, la inclusión de una disposición adicional que reconociera para esta comunidad una singularidad similar a la del País Vasco y Navarra y la autorización para convocar consultas propias, aunque sean meramente informativas.
Convergencia opina que en la reforma tendría que limitarse la solidaridad de Cataluña con el resto del Estado, reconocer su singularidad y permitir las consultas
Rajoy y el PP saben que el horno no está para bollos porque, al margen de los condicionantes del ciclo electoral, ninguno de sus barones regionales admitiría que se premiara justamente a alguien que propone romper las reglas del juego. Además, las invitaciones del PSOE a esta reforma constitucional están llenas de reproches. El expresidente Felipe González, uno de sus más entusiastas, suele recordar que la sentencia del Constitucional contra el Estatuto conocida hace cuatro años, tuvo su origen en el recurso del PP, pese a que este mismo partido incluyó los artículos impugnados en la reforma estatutaria de la comunidad valenciana. González suele desempolvar también el baúl de los recuerdos para exponer que el partido de Rajoy dio cobijo a quienes se opusieron en su día a la Constitución y ahora no quieren reformarla.
El expresidente ve necesaria esta reforma para incluir la aceptación de la singularidad de Cataluña, sus hechos diferenciales y las competencias exclusivas que de ellos se deriven junto al reconocimiento de una nueva redistribución del poder territorial y el respeto a las identidades nacionales.
González suele recordarle al PP que el origen de la sentencia del Constitucional contra el Estatuto catalán procede de su propio recurso
Este es un plato indigesto para el Gobierno y para fuerzas políticas como la que dirige Rosa Díez, pero perfectamente comestible para algunos padres de la Constitución, entre ellos el abogado Miguel Roca, expiloto de la llamada minoría catalana que representó al nacionalismo en el Congreso al inicio de la Transición. Roca ha preferido moverse en los últimos meses en Madrid en el territorio de la ambigüedad: “La Constitución es solo una música, un conjunto de valores…La sentencia del Constitucional sobre la reforma del Estatuto fue un grave error…La transparencia está muy bien, pero los últimos 15 minutos tienen que ser secretos…La configuración del Senado está mal hecha, en 1978 estábamos improvisando porque no teníamos todavía autonomías…”. En uno de los últimos debates en los que ha intervenido en Madrid, se sentó al lado de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, otro padre de la Constitución, que defiende esta curiosa teoría: “Solo los malos juristas tienen respeto a la literalidad de la ley. Los buenos saben manejar la ley como los buenos mecánicos saben manejar las tuercas”. Herrero discrepa de Roca y opina que no hace falta cambiar la Constitución para sofocar el incendio catalán, solo reinterpretarla.
El Rey se sumó en su último mensaje navideño al cambio constitucional al proponer actualizar "los acuerdos de convivencia"
El Gobierno afronta las dificultades para explorar una solución para Cataluña en medio de un largo ciclo electoral y con un caldo de cultivo en esta comunidad en el que la calle, al margen de las instituciones y de los propios partidos, ha tomado el relevo en el liderazgo del proceso soberanista. El representante de una importante institución resume así lo que está en juego: “La mutación constitucional que proponen algunos solo es posible si hay un respaldo parlamentario tan amplio, al menos, como el que hubo en 1978. Dar pasos en esta dirección sabiendo que en estos momentos no existe este consenso y actuar a remolque del soberanismo, sería una grave irresponsabilidad”.
En la Generalitat y en los sectores más independentistas de CiU se considera que la aparente pasividad de Rajoy se diluirá cuando desde Bruselas se le presione para que ceda ante Cataluña, posiblemente después de las elecciones plebiscitarias que Mas sopesa convocar el 9 de noviembre, según él mismo acaba de revelar a Le Figaro.
