La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo ha formalizado su demanda contra el Ayuntamiento de Barcelona tras recibir el expediente administrativo que el Juzgado requirió al consistorio barcelonés tras la interposición de recurso contencioso-administrativo. Así lo ha comunicado la entidad, que denuncia que entre otros aspectos abiertamente discriminatorios contenidos en dicho acuerdo municipal, contrarios a la Constitución española, el Ayuntamiento de Barcelona rompió relaciones institucionales con Israel y dispuso introducir cláusulas contractuales contra empresas que no acepten el posicionamiento sobre el conflicto árabe – israelí.

La demanda se refiere al acuerdo del plenario que adoptó en noviembre del año pasado en base al conflicto que estalló un mes antes en Gaza tras el ataque de Hamás a Israel y que se mantiene vivo actualmente en la Franja. La respuesta al ataque sorpresivo del grupo armado palestino donde 1.200 personas perdieron la vida y 200 israelíes fueron secuestrados despertó una dura respuesta por parte de Israel. Respondieron al ataque bombardeando la Franja de Gaza, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, declarara la guerra.

A esto se le sumó un bloqueo total sobre Gaza o la orden de evacuar el norte de la Franja. Se impuso un asedio completo sobre Gaza y la crisis humanitaria se ha perpetuado hasta el presente. Desde hace 70 años el territorio ha sufrido guerras con ambos bandos enfrentados donde actualmente persiste una compleja coyuntura política con Irán como potencia de apoyo a Palestina y EEUU a Israel.

En este contexto y en el arranque del conflicto, el Ayuntamiento de Barcelona afirmó en el acuerdo plenario que existía una ocupación ilegal de los territorios palestinos y acordó incluir cláusulas "en el régimen de contratación pública para garantizar que ningún operador que pertenezca o realice operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas que vayan en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanas y el Derecho Internacional Humanitario de Gaza", además de interrumpir relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel. La medida fue propuesta por Barcelona en Comú, el partido de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y fue apoyada por el PSC y Esquerra Republicana. 

ACOM ha advertido que ya denunció "el discriminatorio decreto de alcaldía del anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona contra Israel, camuflado por Colau como una ruptura del hermanamiento con Tel Aviv. Aquella resolución, tras la presión social y la apertura de causas judiciales a iniciativa de ACOM, fue revertida por el actual ejecutivo barcelonés. A todas luces, como se comprueba ahora, una mera farsa para escapar del escrutinio de los Tribunales. Pero igual que prosigue la hostilidad de la izquierda y el separatismo contra el Estado judío, continuará sin resuello nuestra permanente batalla frente a los intolerantes: Las manifestaciones y financiación judeófobas y antiisraelíes —valga la redundancia— , no pueden ser normalizadas", resaltan.

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