La Asamblea Nacional Catalana es una de las piezas clave del independentismo en Cataluña. Está presente en todos los actos y reivindicaciones, así como convocante de las grandes marchas y movilizaciones separatistas desde 2012, año de su fundación.
Su único objetivo es romper con España, pero no recibe subvenciones públicas, momento en el que tendría que hacer su 'streaptease' integral en el plano económico. La ANC funciona como una entidad al margen de los designios del Gobierno de turno de la Generalitat, pero no esconde sus predilecciones por uno u otro partido a la hora de posicionarse. Con el Gobierno de Quim Torra hay una conexión muy especial, más cuando ha reivindicado el derecho de Carles Puigdemont para ser investido presidente.
Este poderoso tentáculo separatista ha tenido como presidentes a Carme Forcadell y Jordi Sánchez, ambos en prisión por sus respectivos papeles en el 1-O y sus prolegómenos. "Una vez entran en política, ambos dejaron de pertenecer a la ANC", y por tanto se eligió a Elisenda Paluzie para proseguir con la tarea de conseguir la independencia, afirman desde la ANC.
La plataforma aglutina a personas y entidades que han cedido voluntariamente sus datos, una forma de distinción en Cataluña, mostrando a los 'buenos' como independentistas y provocando un boicot encubierto a quienes no aparecen en los listados. Desde la ANC aseguran que "nunca han señalado a nadie", tan solo muestra un listado de empresas o personas "comprometidas" con su causa, siempre con "consentimiento".
Recabo de datos personales
El verdadero poder de la ANC es una gigantesca bases de datos, obtenidos todos ellos de forma voluntaria. Sin embargo, tuvo que abonar una multa de 90.000 euros a la Agencia Española de Protección de Datos y otra de 240.000 euros por la Gigaenquesta realizada en 2014, justo antes del 9-N, para preguntar a los ciudadanos como querían que fuera una Cataluña independiente.
El motivo fue la falta de seguridad en la protección de estas bases de datos, que contaba entonces con más de tres millones de viviendas particulares registradas, una de diferenciar a los 'buenos catalanes' del resto de catalanes. También, por ejemplo, sería una de las formas de conocer cómo piensan los vecinos y adoptar decisiones a la hora de instalarse en los municipios. En concreto, el músculo de la ANC aparece en al menos 500 pueblos y ciudades de Cataluña, cerca de la mitad del total. Está presente en las 41 comarcas, así como en el Sur de Francia y en distintos países del Exterior.
Para inscribirse voluntariamente, se ceden datos personales como nombre, apellidos, DNI o pasaporte, fecha de nacimiento, mail, teléfono y código postal, con su dirección completa, incluyendo municipio y país. El usuario paga, además, entre 5 y 11 euros al mes, dependiendo de la modalidad escogida, así como la periodicidad del pago. Además, puede dejar también el número de cuenta corriente. Datos muy sensibles. "Los datos sólo serán accesibles por departamentos de la ANC que lo requieran para llevar a cabo las funciones propias de su puesto de trabajo", afirman, mientras deniegan cualquier cesión de los mismos a terceros.
Una gran parte de esta base procede de las inscripciones realizadas en las carpas informativas apostadas en numerosas esquinas durante fiestas, como la de San Jordi o populares, como las de Sabadell este pasado fin de semana. También se nutre con registros como el Consell de la República, una inscripción que cuesta 10 euros por cabeza. El montante sirve para "poder pagar una validación biométrica", según explicaba Joan Canadell, ahora presidente de la Cámara de Barcelona.
El proyecto "no es una cosa barata". "Eso es para pagar todo lo que se está haciendo y, sobre todo, la validación biométrica, que es una cosa que no es barata", señalaba. Con esta financiación se pretende tener las herramientas necesarias para producir a gran escala el DNI catalán y tiene ya 71.576 registrados. En las carpas de la ANC se permite esta inscripción y llega a ser la principal llamada a los curiosos y anónimos que se acercan a ellos, tal y como ha constatado este medio este fin de semana.
Listado de empresas
Para mantener la separación entre empresas que hacen el juego a los separatistas del resto, la ANC ha emprendido la campaña 'consumo estratégico', una forma de introducir a las empresas en su gran base de datos. Son las entidades quienes se dan de alta de forma voluntaria, aportando datos sensibles, como el CIF, domicilio social, persona de contacto, teléfono, correo electrónico, entre otros. La ANC afirma en este registro que los datos solo se facilitarán a terceros únicamente por "imperativo legal".
La finalidad es "el tratamiento de los datos personales de la persona de contacto de la empresa que se inscribe, en el programa Consumo Estratégico y posterior información sobre el desarrollo del programa", asegura la plataforma.
Sin subvenciones, cuentas opacas
Los altos cargos de esta plataforma no están remunerados, advierten, y aseguran que no reciben ningún tipo de ayuda pública. No facilita sus cuentas en su web, donde sí dan alguna pincelada sobre el destino del dinero sacado de la venta de camisetas y del pack independentista de la Diada, con un valor de 15 euros.
No dan cifras ni de ingresos ni de beneficios. Los números que más se repiten en sus mensajes son los de la cuenta corriente perteneciente a la Caja de Solidaridad, supuestamente utilizada para abonar los gastos de defensa de los políticos presos. Los únicos datos confidenciales conocidos pertenecen a 2018.
Las cuentas arrojan unas pérdidas de 5,4 millones de euros y una caída del 70% en aportaciones de socios. Los números rojos se debieron a la transferencia de la Caja de la Solidaridad para abonar a letrados y fianzas, y que la entidad había computado previamente como ingresos.
