El juez que investiga el espionaje a los móviles del expresidente del Parlament y actual conseller Roger Torrent y del concejal de ERC Ernest Maragall ha acordado archivar la causa provisionalmente, mientras está a la espera de las diligencias de investigación encargadas.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el abogado de Torrent y Maragall ha recurrido el sobreseimiento provisional de la causa, que se abrió a raíz de la querella que ambos políticos de ERC presentaron en 2020, tras tener constancia de que sus móviles habían sido espiados mediante el programa malicioso Pegasus.
El titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona remitió en 2020 comisiones rogatorias a Israel e Irlanda para seguir el rastro del espionaje y a principios de este mes, cuando había estallado el escándalo por los ataques con Pegasus a más de 60 independentistas, reactivó la investigación y pidió a Maragall y Torrent que aportaran sus móviles con el fin de analizarlos con una prueba pericial.
Sin embargo, ninguno de ellos ha entregado al juzgado los teléfonos supuestamente atacados con Pegasus, puesto que era los terminales que utilizaban durante su etapa en el Parlament y ya no disponen de ellos.
Mientras sigue el goteo de querellas en los juzgados de Barcelona por el espionaje masivo con Pegasus -algunas de las cuales han ido a parar a manos de instrucción 32-, el magistrado ha acordado el sobreseimiento de la causa a la espera de recabar nuevas pruebas que permitan determinar responsabilidades por el espionaje.
En su recurso, el abogado de los querellantes, Andreu Van Den Eynde, pide al juez que mantenga abierta la instrucción y le reprocha que haya mantenido la investigación "materialmente paralizada" durante más de un año, sin decretar el sobreseimiento, sino acordando prórrogas de la instrucción.
Para el letrado, en vez de archivar provisionalmente el caso, el juez debería "imprimir agilidad a la investigación a través de los medios previstos legalmente", acordando en su caso las prórrogas que sean necesarias.
El abogado, además, recuerda al juez que desde el 4 de febrero de 2021 consta en la causa la respuesta de la comisión rogatoria enviada a Irlanda, en la que se indica que los datos informáticos solicitados -los registros de WhatsApp que acrediten el ataque de los móviles con Pegasus- están en Estados Unidos.
"Espionaje político masivo"
Sin embargo, mantiene Van Den Eynde, el juez no ha tomado "ninguna decisión sobre si instar a la reclamación" de esos datos de Whatsapp.
En su escrito, el abogado argumenta también que la causa no está solo pendiente de las comisiones rogatorias, sino que hay "nuevos factores de interés" para la investigación, en concreto "muchas más evidencias de un espionaje político masivo" a raíz del informe del laboratorio CitizenLab.
Para el abogado, es de "sentido común" que el sistema penal no puede mantener abiertas diferentes investigaciones por los mismos hechos y dirigidas contra los mismos organismos o personas, por lo que se muestra favorable a que se acumulen las distintas querellas por el espionaje en un mismo procedimiento.
Hasta el momento, el juez no ha asumido la querella de Òmnium Cultural por el espionaje, que por reparto recayó en el juzgado de instrucción número 21, y está pendiente de decidir si lo hace con la que presentaron miembros de la CUP, aunque la Fiscalía ya ha avanzado que se opone a su acumulación.
