La Justicia vuelve a poner en entredicho el relato de los CDR durante el 'procés'. Después de que la Audiencia Nacional consultase a los tribunales europeos si a los CDR acusados de terrorismo se les podía aplicar la ley de amnistía, una jueza de Sabadell, en Barcelona, ha archivado temporalmente la causa en la que se investiga a 11 guardias civiles por posibles delitos de detención ilegal, amenazas y torturas a un activista secesionista tras su detención durante la 'Operación Judas'. La magistrada ha tomado la decisión "al no apreciarse indicios racionales ni suficientes de los delitos investigados" y, en consecuencia, no ha citado a los agentes a declarar por "innecesario".
Y es que, tras la detención en septiembre de 2019 de nueve personas por presuntos delitos de terrorismo, rebelión, y tenencia de explosivos, uno de ellos denunció que no le asistió un abogado, que durante el trayecto en coche hasta Tres Cantos (Madrid) dos agentes encapuchados le mantuvieron con el tronco inclinado e impidiéndole que se durmiera y que, al llegar la comisaria, "consideró la posibilidad de que le suministrasen alguna sustancia de tipo narcótico".
No obstante, la jueza argumenta que el demandante no ha ofrecido "datos sobre cómo habrían ocurrido las presuntas amenazas, coacciones y el trato degradante". Y recuerda que los padres, presentes en la detención, no relataron ningún hecho delictivo en sus declaraciones. Por último, señala que en el lugar sí había una abogada de la Administración de Justicia. Su dictamen no ha convencido a la acusación particular, Alerta Solidaria, que lo ha enmarcado dentro de la "inacción judicial del Estado español en relación al maltrato en comisarías" y contra el que presentará un recurso.
