Tras su investidura, Illa anunció su intención de forma un gobierno "transversal" que reuniese la pluralidad ideológica de Cataluña. Su intención fue valorada por una parte de la opinión pública como un soplo de aire fresco tras los monolíticos Ejecutivos secesionistas que le precedieron y que condujeron a Cataluña al borde del colapso. Sin embargo, otros sectores del constitucionalismo catalán mostraron su decepción al comprobar que la composición del Ejecutivo se nutrió de altos cargos procedentes de la izquierda y la derecha nacionalista, pero sin contar con ninguna figura del constitucionalismo conservador —el PP catalán— o liberal-progresista —el prácticamente extinto Ciudadanos—.
En concreto, y al margen del medio centenar de cargos de ERC que Illa ha mantenido en el 'sottogoverno' a cambio de su apoyo a la investidura, el 'president' ha lanzado una OPA en varias fases al nacionalismo pragmático que representaba la antigua Convergència fichando a diversos altos cargos de aquel mundo —que sucumbió durante el 'procés' y que el disruptivo Puigdemont no está interesado en resucitar—. En una primera fase, el líder socialista incorporó a sus filas como 'conseller' de Justicia a Ramon Espalader, que fue consejero de Interior con Artur Mas pero se desligó del secesionismo durante el protorreferéndum del 9-N. También, integró a Ramon Espalader en calidad de conseller de Empresa, que antes fue consejero de Interior en el Ejecutivo de Quim Torra.
Luego, a finales de octubre, el Consejo Ejecutivo anunció la repesca de otros políticos del redil convergente como el último presidente del desaparecido PDeCAT David Bonvehí —investido nuevo Jefe de Economía Social y Cooperativismo— o el exalcalde de Junts en Campdevanol Oriol Lázaro —nombrado director de la Cataluña Exterior—. Y si bien la captación del primero no levantó polémica por su perfil moderado —talante que le llevó a embarcarse en el PDeCAT para distanciarse de la deriva puigdemontista— la incorporación del segundo puso en entredicho el relato de moderación de Illa. No en balde, hace apenas siete meses, durante la campaña del 12M, Lázaro se desplazaba diariamente a la localidad francesa de Argelers para presenciar los mítines que allí ofrecía el candidato prófugo Puigdemont.
Un exdiputado centrista
Y, ahora, con el año recién empezado, y tras un discurso navideño en el que Illa vindicó la "diversidad" catalana, el 'president' ha dado un nuevo paso en su fagotización del espacio de CiU agregando al organigrama del Govern a un exdiputado de Junts, Lluis Font. Ligado al ámbito educativo, Font fue secretario de Políticas Educativas con Artur Mas entre 2011 y 2012 y 'president' del Consell Escolar con Puigdemont entre 2016 y 2017. A partir de aquel año crítico, Font se distanció del líder de Junts para abrazar el PDeCAT del mentado Bonvehí, lo que certificaría su pedigrí centrista. Y que le servirá para integrarse sin problema en el Ejecutivo 'neopujolista' de Illa como director del Consorcio para la Formación Continua de Cataluña.
Esta incorporación, por otra parte, se produce en un momento en el que Puigdemont está siendo cuestionado de forma creciente entre los suyos. Y es que, aún pendiente de beneficiarse de una amnistía varada en los juzgados, lo que alarga su ostracismo en Bélgica, y habiendo renunciado a ejercer de líder de la Oposición en el Parlament, su figura corre el riesgo de desdibujarse. Y su protagonismo no puede sobrevivir solo a fuerza de golpes de efecto, como su aparición en Barcelona el pasado verano o sus reiterados ultimátums a Sánchez.
Así lo piensa un sector de sus correligionarios, agrupados en plataformas como Som-Hi. Y cuya postura podría resumirla este tuit publicado el lunes por su antiguo hombre de confianza y hoy retirado Josep Costa: "Puigdemont sabe perfectamente que no puede liderar a la remontada independentista. Es comprensible que no se retire mientras pueda volver, pero eso no cambia nada: su tiempo ha pasado ya".
