El Gobierno quiere tener información sensible de los turistas que transiten España, tanto la generada por los propios viajeros nacionales como la de aquellos procedentes del extranjero. Desde el Ministerio del Interior, con Fernando Grande-Marlaska al frente, aseguran tomar esta medida para luchar contra el terrorismo, si bien es una decisión que está provocando un gran revuelo en el sector turístico, y también en el de las empresas dedicadas al alquiler de vehículos.
El Real Decreto que recoge la medida, sobre la que había una moratoria de tres años, entrará en vigor el próximo 1 de octubre. Las empresas afectadas han puesto el grito en el cielo. Se trata de una información que en muchos casos no van a tener y que debe ser introducida en una plataforma desarrollada específicamente por el Gobierno a tal efecto cada vez que un turista reserve alojamiento o alquile un vehículo.
Los sujetos obligados deben consignar los datos en la plataforma de la Generalitat en el caso de que el establecimiento esté en territorio catalán, siendo éste el punto de conexión de referencia, con independencia de que el establecimiento pertenezca a un grupo empresarial con sede fuera de Cataluña
El Ministerio sabrá de esta manera cuándo tiene vacaciones el turista, por dónde se está moviendo y tendrá identificado el vehículo en que lo haga. También poseerá información más sensible, tal y como aseguran desde FETAVE (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas). Su presidente, César Gutiérrez Calvo, explicaba a este diario hace solo unos días que "se obligará a las agencias y empresas de alquiler de vehículos sin conductor a facilitar datos como el número de bastidor del coche, la numeración de la tarjeta de crédito, forma de pago o el número de habitación del hotel en el que se alojará quien contrate el viaje. Se trata de algo que puede vulnerar las leyes de Protección de Datos", y matiza que "es muy complicado para la operativa de negocio perder tanto tiempo en la introducción de esa información".
Los sujetos obligados a facilitar los datos habrán cumplido con la ley al hacerlo en la plataforma de la Generalitat, que será la responsable de transferir los datos al sistema integrado estatal común
La Generalitat recogerá los datos por su cuenta
La Generalitat de Cataluña ha informado, sin embargo, a los establecimientos afectados por el Real Decreto, que tendrán que volcar la información en su propia plataforma. Una aplicación que ya existe pero que será modificada para este nuevo marco de registro de información, y de la que se nutre su policía autonómica -Mossos d'Esquadra-.
Lo ha anunciaba a través de un comunicado en el que la Generalitat desgranaba que "el contenido de los datos que deben registrarse son los que prevé la normativa estatal (Real Decreto 933/2001, de 26 de octubre) y el instrumento ejecutivo por recogerlas es y seguirá siendo la propia plataforma informática de la Generalitat".
Además, explica que "respecto a la tipología de los datos, se está llevando a cabo las actualizaciones de los datos campos de registro de su plataforma para que se adapten al marco normativo vigente (...) Los sujetos obligados únicamente deben consignar los datos en la plataforma de la
Generalitat en el caso de que el establecimiento esté ubicado en territorio catalán, siendo éste el punto de conexión de referencia, con independencia de que el establecimiento pertenezca a un grupo empresarial con sede social fuera de Cataluña".
Por último, concluye que "los sujetos obligados una vez registren los datos, según el punto de conexión indicado (los establecimientos ubicados en Cataluña en la plataforma de la Generalidad), se considera que han cumplido con sus obligaciones legales, sin necesidad de tener que completar ni repetir ningún registro en ninguna otra plataforma informática". La Generalitat será la
responsable de transferir los datos al sistema integrado estatal común".
