Ada Colau colgó un día después de ser nombrada alcaldesa de Barcelona el lazo amarillo en el balcón principal del Ayuntamiento de Barcelona. Impulso Ciudadano agotó toda vía administrativa para tratar de retirar este símbolo de la institución para salvaguardar la "neutralidad política", recogida en la Constitución Española. Tras agotarse el plazo, ha presentado un recurso este martes ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona con la petición de retirar el lazo amarillo.
La reelegida alcaldesa de Barcelona ha hecho caso omiso a los requerimientos realizados por Impulso Ciudadano desde el pasado 20 de junio, dando el plazo de diez días desde entonces para retirarlo. El límite de tiempo expiró el pasado 5 de julio, pero agotando así la vía administrativa.
"El Ayuntamiento se ha situado al margen de la Ley, con las consecuencias que ello conlleva", ha denunciado la entidad constitucionalista, por lo que pide a todos los grupos, especialmente a Barcelona En Comú y PSC, que forman el gobierno municipal, "reflexionar sobre la improcedencia de esos comportamientos díscolos y acuerden retirar los símbolos favorables a la excarcelación de los presos independentistas". A su juicio, este tipo de "actitudes partidistas" generan "más tensión en una sociedad ya de por sí muy crispada".
"Quienes merecen la atención y el respeto de las instituciones son aquellos que defendieron la Constitución y no los que orquestaron un golpe institucional"
En estos juzgados se han pedido medidas cautelares, como retirar de forma inmediata el lazo amarillo del balcón de la fachada principal del Consistorio. En el escrito, la asociación considera que este tipo de propaganda "altera las reglas de la neutralidad política y atenta gravemente contra el pluralismo político y la libertad ideológica de los ciudadanos en su conjunto".
En este sentido, considera que Colau "no debe jugar en el delicado terreno de los símbolos y, desde luego, pedimos que cese su colaboración con las entidades o personas que atentaron contra el ordenamiento constitucional y se burlaron del principio de legalidad".
"Quienes merecen la atención y el respeto de las instituciones son aquellos que defendieron la Constitución y no los que orquestaron un golpe institucional, siendo ahora incapaces de asumir la realidad social y política en la que viven", ha considerado la entidad.
Torra, amenazado con un delito de desobediencia
Por otro lado, la misma asociación presentó un recurso por los mismos motivos contra Quim Torra, presidente de la Generalitat, ante el TJSC, que se ha admitido a trámite. En el mismo texto se pide al tribunal la retirada de la pancarta con el lema "Llibertat dels presos polítics i exiliats". Este recurso se presentó el pasado 28 de junio, un mes después de las elecciones municipales y europeas.
En este sentido, el Alto Tribunal da diez días de plazo a Torra para presentar alegaciones sobre la medida cautelar, que no es otra que la retirada inmediata del símbolo separatista.
Para Impulso Ciudadano, se trata de comportamientos insumisos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, al tiempo que pide el respeto de las instituciones a la legalidad democrática y que no caigan en peligrosas provocaciones que pueden dar lugar, incluso, a condenas en el ámbito penal por desobediencia.
