Impulso Ciudadano ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Generalitat, presidido por Quim Torra, mientras requiere al Ayuntamiento de Barcelona, regido por Ada Colau, por la colocación de los lazos amarillos y pancartas en los balcones de estas sedes institucionales.
La Generalitat volvió a poner la pancarta una vez terminado el periodo electoral. En la pancarta, escrita en catalán e inglés, se pide la "libertad de los presos políticos y exiliados". Un mes más tarde, el Ayuntamiento de Barcelona hizo lo propio situando un lazo amarillo en el balcón de la fachada principal del edificio oficial.
Tras hacer caso omiso de la petición de esta entidad constitucionalista, que pedía a Quim Torra la retirada de la propaganda en el plazo de diez días a contar desde el pasado 5 de junio, el caso llega ahora al TJSC con la petición de cautelares, como la retirada de la pancarta. A su juicio, la eliminación de estos símbolos independentistas "no perjudicará a los intereses generales y por la evidente apariencia de buen derecho que tiene la postura de Impulso Ciudadano, a la vista de los pronunciamientos reiterados de los tribunales a favor de la neutralidad política de las instituciones". Colau tiene hasta el 5 de julio para responder al requerimiento de esta entidad antes de entrar el asunto en vía judicial.
Según la plataforma, la pancarta y el lazo amarillo "vulneran el principio de neutralidad ideológica de los entes públicos, que han de servir con objetividad a los intereses generales y velar por el pluralismo político".
También atenta contra el "derecho a la libertad de pensamiento", que exige de los poderes públicos un comportamiento de imparcialidad, incompatible con presentar unos determinados planteamientos ideológicos como oficiales.
Abundante jurisprudencia
La entidad constitucionalista considera que existe "la desviación de poder en la actuación del Gobierno autonómico, dado que carece de potestad y competencia para difundir propaganda orientada a reivindicar la libertad para los presos que están siendo juzgados como consecuencia de su participación en el golpe institucional de septiembre y octubre de 2017", y recuerda el obligado cumplimiento de las sentencias judiciales y el deber de prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
El recurso pone de manifiesto la jurisprudencia del TSJC, como cuando ordenó al Consistorio de Sant Cugat a retirar la bandera estelada de una plaza pública. La neutralidad institucional "debe mantenerse en todo momento", rezaba la sentencia. También esgrime sentencias recientes del Supremo por este motivo.
Torra se ha negado a retirar símbolos independentistas, pese a las resoluciones de marzo, y está imputado por ello por un presunto delito de desobediencia.
