La contratación externa de TV3 está en el punto de mira. El hecho de que la cadena pública catalana utilizara un millón de euros del fondo estatal Covid-19 para sufragar la deuda generada por la emisora con la compra a Mediapro del documental El Judici, de Jaume Roures, por 440.000 euros, así como de otros contenidos, no solo irritó a los propios trabajadores de TV3 sino que ha suscitado las quejas de la oposición parlamentaria.
El próximo miércoles Ciudadanos presentará en el Parlament una moción para intentar reformar la normativa de la emisora autonómica para establecer unos criterios más transparentes a la hora de contratar a productoras externas. "Se trata de hacer un poco más decentes las contrataciones de TV3", explica Anna Grau, diputada de Cs y promotora de la moción.
El hecho de que Imagina, filial de Mediapro, esté implicada en una trama de corrupción en Estados Unidos por presuntas mordidas para hacerse con los derechos de los partidos de fútbol ha puesto bajo la lupa la normativa de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) en relación a la contratación externa. El 'número dos' de Roures, Taxto Benet, reconoció la culpabilidad y negoció una reducción de la pena a cambio de colaborar con la justicia de Estados Unidos.
Este acuerdo les obligó a implementar medidas de anticorrupción no solo a Imagina sino a la empresa matriz, Mediapro. Y por un periodo de tres años (que no finaliza hasta el próximo 10 de julio) no pueden hacer declaraciones públicas que desmientan este acuerdo. Según Grau, esta admisión de la culpabilidad y el hecho de que no se haya agotado este periodo de tres años "debería ser suficiente para que una empresa pública como TV3 no contratará Mediapro".
Por esta razón, su propuesta tiene como finalidad "rendir cuentas" en las contrataciones de la cadena y "evitar las puertas giratorias". Según ha podido saber Vozpópuli, Cs está manteniendo conversaciones con el PSC para que respalden la moción y, de este modo, obligar a los partidos del Govern, ERC y JxCat, a reformar la normativa sobre contrataciones.
El partido de Salvador Illa pidó durante la campaña para las elecciones del 14 de febrero "la refundación de TV3", aunque posteriormente, como informó este medio, pactaron con ERC y JxCat entrar en el consejo de gobierno de la CCMA.
Normativa de TV3
Los controles que tiene ahora la cadena para las licitaciones se basan en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. En caso de las contrataciones no sometidas a dicha ley, el punto 10, Garantías en el proceso de contratación, de la normativa publicada en la web de la CCMA sobre selección de proyectos especifica en cuáles circunstancias se podrá contratar (capacidad, solvencia técnica, productor independiente, no vinculación con la CCMA y que no se incumpla ninguna de las obligación de la ley de contratos del sector público).
De acuerdo con los promotores de la moción, estas normas son demasiado laxas y no dan la suficiente seguridad para evitar practicas como la de pagar 440.000 euros por un documental a Mediapro.
Auditoría externa
La moción de Cs pedirá que se contrate una auditoria externa para estudiar la contratación que ha hecho la CCMA con entidades y personas investigadas por presunta comisión de delitos de corrupción a los efectos de determinar el volumen de prejuicio patrimonial causado al presupuesto de la CCMA.
Otro de los puntos pedirá "dar cumplimento a los previsto en el artículo 64 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público" adoptando medidas para "luchar contra el fraude, favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con la finalidad de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores".
Fondos Covid-19
La formación naranja también instará a devolver al presupuesto de la Generalitat los fondos Covid-19 que se han utilizado para contratar productoras externas a TV3. Asimismo, solicitará la comparecencia de miembros del Ejecutivo catalán ante la Comisión de Control de la Actuación de la CCMA en una sesión específica para rendir cuentas "sobra las condiciones y circunstancias por las cuales la CCMA contrató productos audiovisuales por importes millonarios a una determinada productora".
De acuerdo con Cs, era de "conocimiento público" que directivos de Mediapro "habían ejercido influencias sobre determinados miembros del Govern". Se trata de evitar "monopolios encubiertos" y "redes de intereses clientelares". Por esta razón, también piden establecer un espacio de dos años durante el cual los ex directivos de la CCMA no puedan legalmente trabajar en ninguna de las empresas con que hayan tenido relación por motivo de su cargo.
Por último, piden que la renovación del consejo de gobierno de la CCMA se lleve a término mediante "concurso público y transparente" después de la elaboración de un "listado de profesionales independientes y de acreditada competencia y trayectoria en el sector".
