Recientemente, circuló con profusión en redes un vídeo de un activista secesionista que aseguraba haber padecido en los últimos días varias "agresiones lingüísticas". En concreto, relataba que una funcionaria de Hacienda en Gerona y un dependiente de un recinto ferial le habían atendido en español, lo que consideraba inadmisible y anunciaba que, en caso de que el Govern no tomase las medidas necesarias, llevaría el caso a "instancias europeas e internacionales". Este episodio, si bien extremo, ilustra la conflictiva relación con el bilingüismo que se ha extendido entre parte de los catalanes catalonohablantes tras décadas de políticas que tratan de excluir el castellano de la vida pública.

Recordemos que el Pacto Nacional por la lengua —suscrito entre los partidos nacionalistas y de la izquierda y que está previsto que se materialice este 2025— se marca como objetivo reforzar lo que denomina como "seguridad lingüística" de la población catalanohablante. Lo que se traduce en que ésta pueda vivir en Cataluña usando únicamente el catalán. Y entre las medidas más controvertidas que se han adoptado desde entonces para fortalecer ese blindaje, destaca una controvertida campaña llamada '21 días. De entrada, en catalán'. Lanzada en 2022 en diversas poblaciones gerundenses, la iniciativa reclama a los ciudadanos no expresarse en castellano durante tres semanas completas. Este periodo coincide con el tiempo que, según los psicólogos, una persona tarda en desembarazarse de un hábito no deseado.

La campaña fue puesta en marcha por el Consorcio por la Normalización Lingüística —un ente público creado por la Generalitat y dependiente de ésta— durante el mandato de Pere Aragonès. Pero el Ejecutivo de Salvador Illa, lejos de cancelarla, la ha intensificado. Así, tal y como indicó el 'conseller' de Política Lingüística Francesc Xavier Vila en un balance de su gestión efectuado el 31 de diciembre pasado, la Generalitat está potenciando "campañas como las de los 21 días" colaborando "cada vez con más ayuntamientos". En particular, las ciudades que la han puesto en práctica desde que gobierna el PSC han sido Terrassa y Rubí. 

Evitar el español, reto en 2025

En la primera, el consistorio (Tots y Junts), de la mano del Consorci, anima a sus habitantes a aceptar el reto y colgar un vídeo en redes sociales —con la etiqueta '#repte21dies'— explicando por qué es importante no recurrir al español ante interlocutores hispanohablantes. Entre los que ya se han sumado a la iniciativa se encuentran la cantante Carla Miralda o el actor Pere Arquillué. Este último justificó su adhesión a la iniciativa alegando que el catalán "va por mal camino", sobre todo cuanto mayor es la cercanía con el área metropolitana de Barcelona —compuesta por catalanes con orígenes en el resto de España y mayoritariamente castellanohablantes—. Por su parte, el presentador y cómico secesionista Toni Soler publicó en X que abstendría de usar el español a partir del pasado 1 de enero como "propósito de Año nuevo". 

Pero el papel del PSC no se reduce al despliegue de la campaña a través del Consorci. El pasado 17 de diciembre, por ejemplo, el grupo municipal de Junts en Vilafranca del Penedès, presentó una moción a favor de que la localidad se sumase al plan de los 21 días sin español. La propuesta, presentada por Pere Martí —coordinador del Consell local de La República, el gobierno paralelo creado por Puigdemont en 2018—, fue aprobada en el pleno por unanimidad. Esto es, incluyendoselo los votos del PSC, que gobierna en solitario la ciudad desde 2023 y que había sido criticado por la oposición por su presunta falta de compromiso ante la cuestión lingüística. En cualquier caso, su alcalde, Francisco Romero Gamarra —a diferencia del 'conseller' de Illa— ha evitado por el momento defender públicamente la medida.

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