El anuncio del consejero de Economía, Jaume Giró, de que no hay ninguna entidad financiera que se ofrezca a avalar los 5,4 millones de euros que exige como fianza el Tribunal de Cuentas a los 34 encausados por los gastos exteriores en el procés ha obligado a los partidos independentistas a buscar una alternativa. Este miércoles 21 de julio termina el plazo dado por el órgano fiscalizador para ingresar el dinero, y según explican fuentes gubernamentales a Vozpópuli, ERC estudia usar sus propios recursos como partido para sufragar una parte de estas fianzas. El resto, lo deberían poner la Caja de Solidaridad, Junts per Catalunya así como "aportaciones" de los militantes y parte de los bienes de los encausados.
La propuesta de la cúpula 'republicana' es que el partido, como persona jurídica independiente de la administración pública, pueda avalar a sus propios militantes. En especial, si lo que se les pide es por el ejercicio de sus funciones políticas. En este caso, creen que a diferencia de si avalara la Generalitat, no se se corre el riesgo de incurrir en ningún tipo de malversación. "Los partidos están sujetos a las leyes de la administración pública y de financiación de los partidos políticos, pero tienen cierta autonomía para avalar militantes", explica una fuente consultada.
Como informó este medio, la colecta organizada por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana ha logrado reunir más de 950.000 euros tras el llamamiento público a llenar, otra vez, su hucha. Sin embargo, el presidente de la entidad, Pep Cruanyes, todavía no ha especificado si están dispuestos a poner todo este dinero para ayudar a los ex dirigentes independentistas investigados por el Tribunal de Cuentas o quieren reservar una parte de dichos fondos para el resto de "perseguidos" por los tribunales.
Las negociaciones están siendo herméticas y hay discrepancias estratégicas no solo entre el Govern y las entidades civiles, sino también entre socios en el Govern. Junts per Catalunya había insistido en que debía ser la Generalitat, como institución, quien se atreviera a "defender" a los encausados y, de este modo, mantener un nuevo pulso con las instituciones del Estado. No obstante, el conseller Giró también ha dado marcha atrás con la posibilidad de usar el Institut Català de Finances (ICF) como ente que vehicule los avales. La justificación que ha dado Giró era no poner "en peligro" a los trabajadores públicos del ente.
Por su parte, la CUP ha asegurado que apoyará el decreto que el Govern quiere llevar al Parlament sobre la creación de un fondo de 10 millones de euros para contravalar del Tribunal de Cuentas, "diga lo que diga el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE)". "Estaremos al lado del Govern para facilitar el apoyo en la forma que sea al conjunto de los represaliados por el Tribunal de Cuentas", afirmó la diputada Laia Estrada.
PSC, Cs y PP pidieron un dictamen al el Consejo de Garantías Estatutarias sobre la legalidad de dicho fondo. Hasta que no llegue el dictamen de respuesta, que en ningún caso es vinculante, el decreto no se puede convalidar en el Parlament. ERC y Junts ya dejaron claro que aspiran contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara, y que sea convalidado por una "mayoría amplia" y por eso negocian con En Comú Podem para que lo apoye e instan al PSC a no oponerse.
El señuelo de un banco extranjero
Pero el tiempo apremia y primero hay que solucionar el tema de las fianzas. El titular de Economía también informó que buscan un banco extranjero que pueda estar dispuesto a avalar las fianzas millonarias, pero parece poco probable que esta opción prospere. Si en anteriores ocasiones la Caja de Solidaridad llegó a sufragar más de 15 millones de euros en multas y fianzas, ahora acusan cansancio.
Tampoco contribuye a reunir el resto de dinero la división en el seno del independentismo. De hecho, la ANC no se avino a reactivar la Caja de Solidaridad hasta que el Govern no impulsó este nuevo Fondo de Complementario de Riesgos dotado con estos 10 millones de euros.
Desde hace tiempo la ANC pide al Govern seguir adelante con el plan rupturista y asumir las consecuencias derivadas de este compromiso, como sería el pago de fianzas desde la propia institución. Además, la concesión de los indultos a los líderes independentistas también se interpretó por la ANC como un error que dejaba a la intemperie a los independentistas de base con causas judiciales abiertas. En este sentido, es razonable pensar que no quieran usar todo el dinero recaudado para la única causa del Tribunal de Cuentas.
"Aportaciones"
El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, volvió insistir este martes que el Govern podrá disponer de un aval por parte de una banco extranjero "en unas semanas" y responsabilizaba a "la presión mediática y de los organismos del Estado" de que las entidades financieras no accedieran de momento a conceder un aval de 5,4 millones, pese a disponer de la garantía financiera de la Generalitat.
En un carta a la militancia sostenía que "una vez más la presión del Estado español ha echado atrás a las entidades financieras. No se dispondrá de esta operación de aval hasta dentro de unas semanas, y será posible gracias a la profesionalidad que instituciones bancarias de fuera del país muestran, alejadas de la presión política que impone España".
Para Sànchez, el objetivo es evitar que el Tribunal de Cuentas embargue a los encausados, y por ello ha pedido que, en las próximas 48 horas, los militantes de Junts hagan aportaciones económicas. Tampoco se descarta que los encausados aporten una parte de su patrimonio para acabar de cubrir las millonarias fianzas.
