El conseller de Economía, Jaume Giró, ha admitido este martes que no han encontrado ninguna entidad financiera que haya aceptado avalar el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017, y ha anunciado que finalmente no recurrirá a que lo haga el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), tal y como estaba previsto.
"Persistiremos en las diferentes vías abiertas", ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que el Tribunal de Cuentas rechazara ampliar el plazo fijado para este miércoles para abonar dichas fianzas, que alcanzan los 5,4 millones de euros. El titular de Economía ha reconocido que los bancos con quien mantenía conversaciones quisieron ver el decreto ley una vez publicado y, finalmente, "han decidido no colaborar".
A principios de julio, la Generalitat aprobó la creación de un Fondo Complementario de Riesgos gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), dotado con 10 millones de euros, que debía dar garantías a las entidades financieras para cubrir dichas fianzas y, en caso de que éstas se negaran a avalar, planteó hacerlo directamente a través del ICF; algo que ahora ha descartado para no poner "en peligro" a ningún trabajador público.
Como informó este medio, en paralelo al anuncio del nuevo fondo se volvió a hacer un llamamiento a la llamada Caja de Solidaridad, gestionada por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana, para que los ciudadanos volvieran a llenarla después de estar casi vacía por la desmovilización que sufre el movimiento independentistas. A un día que finalice el periodo para presentar la fianza antes de que empiecen los embargues de bienes a los encausados, la Caja ha logrado recaudar más de 950.000 euros.
Banco extranjero
Giró también ha explicado que tras el portazo de los bancos nacionales, buscan una entidad extranjera que esté dispuesta a avalar los 5,4 millones de fianza. Cabe recordar, que el órgano fiscalizador rechazó ampliar el periodo para depositar las fianzas. Asimismo, una de las encausadas, la ex interventora general de la Generalitat Mireia Vidal pidió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que suspendiera dichas finanzas, pero la justicia europea tumbó su recurso.
El 'conseller' ha dejado entender que las entidades nacionales tienen "miedo" de asumir el elevado riesgo de avalar a los ex dirigentes independentistas. No obstante, al ser preguntado si tiene conocimiento de la existencia de "presiones" del Estado a los bancos para no colaborar en el pago de la fianza ha asegurado que no le constan.
