La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado cuatro denuncias de distintas asociaciones probilingüismo que presentaron contra el presidente del Govern, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por supuestamente incumplir la sentencia que obliga a que el 25% de horas lectivas sean en castellano. En un decreto de este lunes consultado por Europa Press, el fiscal aúna las cuatro denuncias por los mismos hechos y las archiva porque no considera que haya ningún delito que investigar.
Los denunciantes atribuían a Cambray los presuntos delitos de coacciones, prevaricación y discriminación en la prestación de un servicio público, y otra también atribuía a Aragonès supuesta desobediencia al TSJC.En concreto, una denuncia de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) hacía referencia a los padres de una alumna de la escuela Turó de Drac, en Canet de Mar (Barcelona), que pidieron a la Conselleria aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano de manera cautelar.
La misma denuncia cuenta que la escuela convocó a los padres de todo el alumnado a una reunión para explicar estas medidas, tras lo que algunos crearon un perfil de Twitter en el que mostraban su disconformidad con la medida judicial, y la AEB cree que eso era "parte de una estrategia" de la Generalitat para evitar aplicar la sentencia.
También según la denuncia de la AEB, la decisión del tribunal tuvo "una reacción hostil" de la Generalitat y atribuye a los tuits de ese perfil que crearon padres y madres de alumnos el presunto delito de amenazas a testigos de un procedimiento judicial, lo que la Fiscalía descarta.
Otra denuncia ya archivada, presentada por Hablamos Español, menciona la carta que Cambray envió a los directores de escuelas cuando la sentencia del TSJC pasó a ser firme, y quería imputar al conseller por prevaricación por el contenido de esa carta.
La sentencia sobre el castellano no se ha aplicado en ningún colegio
La tercera denuncia archivada, de Manos Limpias, usaba la misma carta para atribuir tanto a Cambray como a Aragonès los presuntos delitos de desobediencia, coacciones y amenazas, mientras que la última denuncia alegaba "ningún colegio" de Cataluña ha aplicado la sentencia del TSJC, de lo que infería un presunto delito de desobediencia que atribuía a la Generalitat.
