La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mantenido este martes su petición de más de tres millones de euros de forma conjunta y solidaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros 34 excargos de la Generalitat de Cataluña por su presunta responsabilidad contable por el potencial desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Govern.
El fiscal Manuel Martín-Granizo se ha pronunciado así en un escrito de conclusiones, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su postura. El representante del Ministerio Público insiste en que "el menoscabo es real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio". Asimismo, defiende que "fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio, sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta".
Así las cosas, la Fiscalía considera pertinente mantener su reclamación de 3,1 millones de euros: 883.695 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503 euros por los gastos de acción exterior. El Ministerio Público reclama dicho importe de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros.
Puigdemont dio pie a un gran "número de actuaciones irregulares"
En su escrito, Martín-Granizo sostiene que las actividades incluidas en la demanda "no se encuentran en el ámbito competencial de la comunidad autónoma" y evidencian "un gran número de actuaciones irregulares". Según precisa, ya sea porque no tienen "encaje en el seno de las competencias autonómicas de acción exterior por su directa vinculación con la expansión y difusión internacional del proceso de transición y del derecho a la autodeterminación", o bien por "la falta de justificación de determinados gastos analizados".
Para el fiscal, en el caso de los gastos de la acción exterior, la responsabilidad contable de Puigdemont "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña" que permite la ley.
En lo relativo a los gastos del 1-O, el fiscal entiende que "aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta". Además de Puigdemont, constan otros 34 nombres, entre ellos el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raúl Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están también encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; o el exdirector del Diplocat Albert Royo.
Ahora que el Tribunal de Cuentas ha recibido la respuesta del Ministerio Público, queda a la espera de que se pronuncie la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana para luego dar traslado a las defensas para que se pronuncien. Cabe recordar que la consejera pidió informe a la Fiscalía después de que el pasado enero rechazara suspender el procedimiento por la tramitación de la proposición de ley de amnistía que pretende perdonar más de una década del 'procés', como pedía el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de encausados de ERC.
