"Hasta 20 grupos paramilitares de la extrema derecha" han operado en Cataluña durante los dos últimos años, según un informe de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, dependiente de la Consejería de Vicepresidencia de la Generalitat.
El responsable de este departamento y ex dirigente de la CUP, Adam Majó, ha acusado directamente a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de tener una "evidente connivencia y complicidad ideológicas" con estos grupos "paramilitares". En la rueda de prensa de este viernes para presentar el informe, Majó ha afirmado que los jueces tienen la mano blanda contra este tipo de agresiones.
Según este estudio, en Cataluña han operado hasta una veintena de grupos de "ultraderecha" que atentan contra la libertad de expresión en el territorio catalán. Estos grupos serían responsables de hasta 328 "agresiones" en los dos últimos años, es decir, entre 2017 y 2018. En su afán victimista, la Oficina exige a los ciudadanos que denuncien "cualquier ataque contra los derechos civiles y políticos" en los juzgados y lo pongan en conocimiento de este organismo.
Estos grupos paramilitares estarían perfectamente coordinados en Cataluña con el objetivo "de atentar contra la libertad ideológica y de expresión de los ciudadanos, que habrían cometido 328 agresiones en los últimos dos años en Cataluña".
Pero Majó no se ha hecho eco de las "retenciones ilegales" de quienes han limpiado el espacio público de lazos amarillos. Y no puede alegar desconocimiento, ya que él mismo retuiteó estos mismos hechos.
El Director de l'Oficina de Drets Civils i polítics @adammajo , compartint tweets on celebren haver retingut il·legalment durant dues hores a un grup de persones. pic.twitter.com/rHIMDM5ZqP
— Boicot... (@waj1Fum) January 3, 2019
Romper placas conmemorativas del referéndum ilegal o quitar esteladas es "paramilitar"
La oficina, creada el pasado 1 de octubre de 2018 -un año después del referéndum ilegal-, asegura que actúa con independencia de la adscripción ideológica y tendencia política. Pero no denuncia ni un solo caso de ataques de la ultraizquierda independentista, como los escraches sufridos por el juez Pablo Llarena, o ataques a medios de comunicación constitucionalistas.
El informe se centra únicamente en estos supuestos grupos de "paramilitares", que actúan en municipios con mayoría independentista, "con la voluntad de intimidar a la población y realizar ocasionalmente robos de material reivindicativo en la vía pública", como "esteladas, pancartas en favor de los presos políticos, entre otros". También engloba en estos grupos "paramilitares" los ataques a monumentos o placas conmemorativas" o "de apoyo a la independencia, y en sus de entidades y casas particulares".
Esta oficina, dependiente de la Consejería de Vicepresidencia de la Generalitat, mete a ciudadanos anónimos, hartos de la ocupación del espacio público por parte del separatismo, en el mismo saco que grupos "paramilitares".
La mayoría de "agresiones", en Barcelona
También son paramilitares quienes retiran los lazos amarillos que inundan las calles de numerosos pueblos catalanes, pese a ser espacio público ilegalmente ocupado.
Según la oficina, pese a que se asegura que la mayoría de ataques se ha producido en zonas independentistas, el grueso de estas "agresiones" se ha registrado en Barcelona, donde Ciudadanos fue el más votado, con 267 casos, seguido muy lejos por Girona, con 40, Tarragona, con 6; y Lleida, con solo 6 casos.
De las 30 quejas recibidas directamente a este departamento, el 10 se han producido por "incidentes cometidos por grupos de ultraderecha"; otras 10 por reclamaciones sobre derechos de participación política y solo cinco por "vulneraciones contra el derecho al honor" y protestas por las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad, respectivamente.
Denuncia que se impide el inexistente "Derecho a la Autodeterminación"
Según las conclusiones de este informe, uno de cada ocho ciudadanos no puede ejercer el derecho a la
participación política debido a su pasado migratorio, ya que no tiene la documentación legal; al tiempo que ha cargado contra la "ley mordaza", que "sigue constituyendo una amenaza y una limitación injustificada del derecho de protesta"; mientras que ha asegurado que se continúa impidiendo "el ejercicio del Derecho a la Autodeterminación recogido en el pacto Internacional por derechos civiles y políticos", pese a que solo está permitido para las colonias y no para una parte del territorio de un país, y alerta que aumentan exponencialmente las actuaciones violentas de la ultraderecha y que, a partir del mes de octubre del 2017, se ha incrementado la persecución judicial contra la disidencia política.
