La Generalitat de Cataluña aún no ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la querella que ha anunciado este miércoles en el Consejo Ejecutivo. La decisión se ha tomado por "unanimidad", según ha afirmado la consejera de Presidencia, Meritxell Budó.
La Generalitat ve un "delito de incitación al odio y a la violencia" por la quema de un muñeco de trapo que representaba a Carles Puigdemont. Delitos que se engloban en el artículo 510 del Código Penal. Puestos en contacto con la Consejería de Govern, no han ofrecido más detalles sobre cuándo se interpondrá finalmente la querella y quién aparecerá como víctima en la misma.
Desde el pasado 21 de abril, día en el que se celebró la quema de Judas en Coripe (Sevilla), la Generalitat ha anunciado la querella, aunque aún no se ha presentado escrito alguno.
"Nos sorprende que ni Fiscalía ni la Policía española hayan actuado de oficio como sí hicieron con casos como el de Valtonyc, Pablo Hasél, el de Willy Toledo", ha afirmado Budó, quien cree que hay una doble vara de medir. "Nos extraña esta doble manera de tratar ciertas actuaciones", ha considerado la consejera, que ha puesto otros ejemplos en los que sí ha actuado la Fiscalía como "los titiriteros de Madrid, Toni Albà, Jordi Pesarrodona, Héctor López Bofill, Ignacio Sabaté, Albert Donaire o el mecánico de Reus".
Coripe, señalado
Según Budó, antes de la quema y el fusilamiento simulado contra el Judas, representado por Puigdemont, "cargaron las escopetas de munición de salvas en un coche de la policía local" y ha señalado directamente al Ayuntamiento por colaborar "activamente en una actuación claramente discriminatoria, obviando igualmente las mínimas obligaciones legalmente exigibles al tratarse de un espectáculo público, delante de menores y con utilización de armas de fuego".
Para la Generalitat, esta tradición tiene "la voluntad de fomentar odio y violencia hacia determinados colectivos o personas", mientras también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no tomar cartas en el asunto.
No sería, en caso de que finalmente se interponga la querella, la primera vez que Coripe se enfrenta a una querella similar por esta fiesta, catalogada como de Interés Turístico Nacional. El pasado año, Ana Julia Quezada, la presunta asesina de Gabriel Cruz, fue también 'fusilada', y el alcalde, Antonio Pérez, tuvo que declarar por un delito de odio. La causa fue finalmente archivada por la Justicia.
Un caso similar con un concejal del PP
En Cataluña, el exconcejal del PP Jaime Gelada ha explicado a Vozpópuli el archivo de su 'fusilamiento' en Cardedeu. Tras querellarse contra los Trabucaires de este municipio barcelonés, la Justicia entendía que no había delito alguno, ni por incitación a la violencia ni tampoco por incitación al odio.
Este grupo, fundado por ERC, CUP y Òmnium en 2012, visitó la casa del entonces concejal 'popular' a las 7 de la mañana de un día de agosto de 2014 para dispararle hasta en tres ocasiones simulando un fusilamiento. La Generalitat no actuó de oficio ni tampoco la Fiscalía, como ha ocurrido en otros actos, como la quema de fotos del Rey en numerosos municipios catalanes o en Vic, donde se ha utilizado una gran imagen del monarca como diana para dardos en el espacio público.
